Este miércoles 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas y, en ese marco, el gobierno convocó a la primera sesión del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas (CNTE) del período 2025-2030. La reunión fue liderada por Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), organismo que preside el consejo, de acuerdo con lo que establece la ley integral de trata, aprobada en 2018. Además, participaron el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, entre otros representantes de ministerios, instituciones públicas y organizaciones sociales que integran el CNTE.
A la salida del encuentro, Xavier dijo que al gobierno le parecía “importante” reinstalar el consejo en esta fecha tan significativa para “definir la actualización sobre nuestra forma de trabajo, que supone periódicamente constituirnos como consejo, pero también [crear] grupos de trabajo que son los que llevan más intensamente la labor”. La trata de personas “es un tema que nos preocupa enormemente, que sentimos que el Estado no da la respuesta que los estándares nos exigirían y que por eso todas las organizaciones que lo constituimos le vamos a poner mayor impulso para poder mejorar la performance del Estado en este delito tan grave”, sentenció la jerarca en una rueda de prensa.
Consultada sobre los próximos pasos a tomar en la materia con el CNTE ya instalado, Xavier señaló que es necesario “actualizar un protocolo de actuación” y adelantó que se imprimirán ejemplares de la Guía de acción interinstitucional para situaciones de trata y explotación de personas en Uruguay, aprobada por decreto presidencial el 29 de enero de 2024, para que “todos los funcionarios que están en las diferentes instancias de conexión con este tema puedan tenerla”.
A su vez, aseguró que “también hay que trabajar en reglamentar” algunas disposiciones de la ley de trata. Se refirió en particular al artículo 12, que define que bienes incautados en procesos judiciales por trata y por delitos vinculados a la explotación de personas “tienen como destino prioritario la reparación patrimonial de las víctimas en el caso que dio lugar al decomiso”. “Ese artículo de la ley no está reglamentado y es muy importante porque, sin duda, siempre los recursos son escasos en el Estado”, dijo, y aseguró que, teniendo en cuenta que “siempre hay poderes económicos importantes detrás de estas cosas, que el delito se persiga y se penalice tiene que permitir que se revierta en reparación para las víctimas, ya sea en materia de trata con fines de explotación laboral o en trata con fines de explotación sexual”.
El servicio de trata en veremos
El 1° de noviembre de 2023, la entonces administración de Inmujeres finalizó el convenio que tenía con la organización civil El Paso, que era la que gestionaba el servicio que atiende a mujeres adultas víctimas de trata y que funciona con cuatro sedes, en Montevideo, Paysandú, Paso de los Toros y Melo. Desde ese momento funcionó un servicio de emergencia integrado por tres técnicas de Inmujeres, según detalló el instituto a la diaria el año pasado en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.
Sin embargo, el 22 de abril de 2024 ese servicio de emergencia dejó de atender nuevos ingresos y pasó a hacer seguimiento sólo de situaciones graves o que requirieran una intervención urgente, mientras se iniciaba “un proceso de contratación a una organización de la sociedad civil integrada por especialistas en el tema de la migración y la trata de personas”, según dijeron fuentes de Inmujeres en aquel momento.
Los datos aportados en esa respuesta a la solicitud de información señalaban que entre enero y junio de 2024 el servicio hizo el seguimiento de 53 situaciones y registró sólo dos nuevos ingresos, todos en Montevideo. Eso refleja la pérdida de capacidad en la respuesta del servicio, si se tiene en cuenta que en 2023 se atendieron 101 casos (63 seguimientos y 38 nuevos ingresos) y en 2022, un total de 175 (124 y 51), repartidos en las cuatro sedes.
Recién en enero de este año Inmujeres –todavía a cargo de la exdirectora Mónica Bottero– contrató a la asociación civil Agenda de Derechos para que se haga cargo de la gestión del servicio, de acuerdo con lo que reveló una investigación de openDemocracy y Brecha publicada la semana pasada. El trabajo periodístico deja entrever que se trata de una organización sin experiencia en trata sexual y atención a víctimas de estos delitos. Entrevistada para la investigación, Xavier dijo que su administración decidió mantener el convenio mientras espera el nuevo presupuesto para conformar un equipo propio.
A fines de junio de 2024, el gobierno de Estados Unidos observó a Uruguay por “no cumplir totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”. Entre las razones que enumeraba el Departamento de Estado aparecía la finalización del convenio entre Inmujeres y El Paso, que calificó como una medida que “posiblemente dificulte el acceso a la atención”.
Uruguay es un país de origen, tránsito y destino de la trata con fines de explotación sexual, como ratifican distintas investigaciones y estudios nacionales e internacionales. La mayoría de las víctimas de este delito son niñas, adolescentes y mujeres en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.