Mientras las autoridades analizan y evalúan las medidas que representantes de la sociedad civil presentaron el 9 de setiembre en el marco de la primera reunión de la mesa de trabajo que se conformó para reforzar la respuesta a la violencia de género, otros actores empiezan a sumarse a la discusión. Es el caso de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AFMU), que en un comunicado firmado por su Comisión de Género difundido la semana pasada expresó su “voluntad de integrar la mesa de trabajo” y “participar en los intercambios que allí se generen por entenderlos necesarios y urgentes para la mejora del sistema de justicia, donde Fiscalía está a cargo de la investigación y el litigio de las causas criminales”.
“Entendemos que quien tiene el know-how de esta problemática y es una de las piezas fundamentales es la Fiscalía, que además tiene como una doble calidad al llevar adelante la política criminal del Estado y, a la vez, a través de la Unidad de Víctimas, la protección de las víctimas”, señaló a la diaria Claudia González, fiscal adscripta de la Fiscalía de segundo turno de Delitos Sexuales. “Creemos que hay otros actores, por supuesto, que también tienen que estar, pero nosotros no podíamos faltar”, agregó la magistrada.
La mesa de trabajo fue convocada por el gobierno tras los infanticidios vicarios de Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, a manos de su padre, Andrés Morosini, en respuesta a uno de los reclamos que hizo la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) durante una movilización feminista que tuvo lugar ese mismo día frente a la Torre Ejecutiva.
En el primer encuentro participaron por parte del gobierno el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero; la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, y la responsable de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio del Interior (MI), July Zabaleta, mientras que Natalia Fernández y Raquel Hernández, de la RUCVDS, así como las activistas Soledad González y Valeria Caggiano acudieron en nombre de la sociedad civil.
Sobre si han entablado contacto con el Poder Ejecutivo tras la difusión del comunicado, Fulvia Favretto, integrante de la Comisión de Género de la AFMU y fiscal adscripta de la Fiscalía de quinto turno de Delitos Sexuales, fue enfática: “Nadie se ha comunicado con nosotras”. Afirmó que sí han mantenido diálogo con representantes de la sociedad civil, quienes les informaron que “no se han vuelto a comunicar con ellas desde Presidencia”.
En esa línea, resaltó la importancia de “seguir insistiendo para que esto no quede solamente en una manifestación de deseo”. “Ya que este espacio se generó, entendemos que se tienen que agregar las distintas voces legitimadas. Una es la de las y los trabajadores fiscales organizados”, enfatizó, y agregó: “Somos una palabra necesaria”.
Consultadas acerca de qué propuestas o aportes trasladarían a esta mesa en caso de ser invitadas a participar, las magistradas consideraron que pueden “relevar cuáles son los desafíos y los obstáculos” que tienen “en la práctica diaria”. “Lo que podemos aportar es lo que vemos diariamente y dónde habría que ajustar. En la mejor protección de las víctimas, en cómo se plantean las conexiones interdisciplinarias –como es el caso de la Alerta Amber, por ejemplo, que en este caso [de violencia vicaria] no llegó a funcionar–, en buscar otras herramientas que puede haber en nuestro país o en tratar de adaptar lo que pueda haber en otros países”, apuntó González, a modo de ejemplos. Sea como sea, insistió en la necesidad de que haya un “diálogo fluido permanente” entre todas las instituciones involucradas en el abordaje de la violencia de género.
Más que sobrecarga
Las fiscales aseguraron que, hoy en día, uno de los principales desafíos que atraviesan en las fiscalías de violencia de género y delitos sexuales es la falta de funcionarias y funcionarios para responder a la alta demanda. En el marco del debate del proyecto de ley de presupuesto que está teniendo lugar en el Parlamento, remarcaron la importancia de que se asignen los recursos necesarios para revertir esa sobrecarga de trabajo.
“No hablamos del presupuesto económico de sueldos, hablamos de mano de obra: decir que estamos sobrecargados ni siquiera llega a significar lo que estamos viviendo”, lamentó González. La magistrada dijo que actualmente, sólo en la fiscalía en la que trabaja, hay 1.476 causas y son sólo tres funcionarias. “¿Qué respuesta le puedo dar a una víctima si yo no tengo tiempo para leer su caso? Si yo tengo 1.476 causas y no las puedo leer, ¿cómo puedo saber a cuál darle más importancia? [...] La falta de fiscales, la recarga de trabajo y la recarga horaria son las principales trabas”, cuestionó, y aclaró que a esto se suma “cuántas horas puedes estar leyendo casos de ese porte sin que te afecte”.
Favretto, por su parte, dijo que otro problema es que se siguen “replicando los equipos de trabajo” que tenían para el proceso penal inquisitivo, que es el que se tuvo hasta noviembre de 2017, cuando el nuevo Código del Proceso Penal instaló el modelo acusatorio. Esto deriva en que “cada equipo fiscal, no importa la materia que trabaje o que sea multimateria del interior, está integrado por tres fiscales, uno titular y dos adscriptos o adjuntos”, explicó. “Que sigamos replicando ese modelo de trabajo, cuando nuestro trabajo cambió sustancialmente, es irreal”, cuestionó.
La fiscal dijo que en este “cambio de paradigma” se “aclararon los roles de todos los actores del sistema de justicia”, pero al mismo tiempo a los fiscales se los “sobrecargó” y no se les dio “ninguna inyección de gente”.