Tras varios meses de actuaciones judiciales, el propietario del Grupo Larrarte se transformó en el primer condenado por la sucesión de estafas relacionadas a fondos ganaderos. La condena fue posible gracias a un acuerdo abreviado entre Larrarte y la Fiscalía, mediante el cual el primero se comprometió a entregar parte de su patrimonio a cambio de una reducción en la pena. “Mi defendido se comprometió a entregar al Estado uruguayo 200 millones de dólares en bonos ganaderos para compensar en parte el daño que había hecho. Y ojo que no son bonos comunes y corrientes. Estos bonos tienen un rendimiento de 5.000% anual, y es un rendimiento seguro, porque las vacas en Uruguay siempre fueron un negocio seguro. Es solamente tirarlas en el pasto y esperar que engorden. Así que al final el Estado va a terminar haciendo un negocio redondo”, explicó un integrante del equipo de abogados que defendió a Larrarte.
La queja: “Es absurdo que se siga insistiendo con la idea de que el sistema financiero uruguayo necesita más controles”. Político que sigue empecinado en defender la intimidad.