La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, respondió el cuestionario enviado por el Juzgado de Crimen Organizado, en la causa que investiga irregularidades en ANCAP entre 2010 y 2015. Las preguntas fueron formuladas por la defensa del ex vicepresidente Raúl Sendic, que buscaba reivindicar la actuación del ex jerarca en la cancelación de la deuda con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Arbeleche, que fue directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas entre 2011 y 2014, fue consultada sobre la operación que permitió realizar el primer pago adelantado de la deuda en diciembre de 2012.

Según el documento al que accedió la diaria, la ministra dijo que la negociación de la deuda fue llevada en forma bilateral por PDVSA y ANCAP y que la unidad en la que ella estaba al frente trabajó en “el diseño e instrumentación del préstamo que realizara el Poder Ejecutivo a ANCAP” para poder cancelar la deuda con la petrolera venezolana.

Sobre ese punto, detalló que se pidió un préstamo al Ejecutivo de 517 millones de dólares, lo que le permitió cancelar la deuda, que ascendía a 711 millones. Para ello se aprobó un proyecto de ley (18.965) que autorizó al Poder Ejecutivo a celebrar un contrato de préstamo con ANCAP y en el que estaban previstos los mecanismos de garantía para asegurar el cobro por parte del Ejecutivo. “Posteriormente, cuando yo ya no me encontraba en el MEF, el gobierno resolvió condonar esa deuda como forma de capitalizar a ANCAP”, aclaró.

Para la ministra, la operación de cancelación de deuda con PDVSA “era conveniente para ANCAP porque la empresa cancelaba anticipadamente una deuda con descuento”, además de tomar deuda con el Ejecutivo “a una tasa menor” que la que le ofrecía la venezolana.

En cuanto a la transparencia de la información, Arbeleche dijo que la unidad contó con una planilla de Excel en la que se presentaban “en forma simplificada” los flujos de la empresa, lo que permitía calcular la forma en que ANCAP pagaría su deuda con el gobierno central.

Por esta causa, en mayo de 2018, el líder de la Lista 711 fue procesado por abuso de funciones y peculado, lo que fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones en diciembre de ese año. El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, había pedido también el procesamiento de los directores Germán Riet, José Coya, Juan Gómez y Juan Justo Amaro, pero esos pedidos fueron desestimados por la jueza Beatriz Larrieu, el Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia.