El presidente electo de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), Willian Rosa, conversó con la diaria sobre el sentido de la justicia en la práctica cotidiana de la Fiscalía, las desigualdades existentes entre los imputados, el margen de discrecionalidad que puede tener un fiscal, la dinámica patológica de trabajo y el rol del gremio en la mejora de las condiciones de trabajo de los fiscales.

Willian Rosa nació el 17 de noviembre de 1987 en Paso Libindo, una localidad a unos 100 kilómetros de Tacuarembó y 100 kilómetros de Melo. Al decir de Rosa, “en el medio de la nada”. Tiene tres hermanos por parte de madre y siete por parte de padre. Pasó su infancia acompañando a su padre, peón rural, entre estancias y establecimientos rurales y en una escuela que no superaba los 15 alumnos. Hasta 1996 no había visto un partido de fútbol en la tele. Después de hacer el liceo en la ciudad de Tacuarembó se fue a Montevideo para estudiar Derecho, se recibió a los 24 y a los 25 ingresó en la Fiscalía, donde trabajó con el equipo del fiscal Rodrigo Morosoli en Tacuarembó (2013-2015), en la fiscalía de Libertad (2015-2016), en Las Piedras (2016-2017) y desde 2018 es fiscal adscripto en Montevideo, en la fiscalía de Flagrancia de 3er Turno a cargo de Silvia Pérez.

El miércoles 22 de diciembre resultó electo presidente de la AMFU para el período 2021-2022 con el apoyo de 148 fiscales de los 275 que participaron de la jornada electoral. Para Rosa estar al frente del gremio implica “poner las manos y el cuerpo” sin medir las consecuencias personales.

¿Por qué decidió estudiar abogacía?

Crecí en un contexto muy pobre, donde hay un montón de injusticias y pensé que siendo abogado podía luchar por la justicia. Se me metió esa idea en la cabeza teniendo diez años e hice todo el liceo pensando en eso, no tenía otra cosa en mente más que ser abogado. No había visto un abogado ni por televisión. Ahora está más actualizado, pero cuando yo era chico había un desfasaje con la llegada de la tecnología. El primer partido de fútbol que vi por televisión fue de la Copa de Confederaciones de 1996, en Las Toscas de Caraguatá, que es como el centro de toda esa zona; me acuerdo de que estaban pasando el partido en un bar. En las estancias donde íbamos con mi padre el patrón tenía televisión, agarraba la televisión brasileña, porque es Tacuarembó pero más hacia el lado de Rivera. Estar en ese lugar, a 100 kilómetros de una ciudad, te condiciona la forma en la que te crías y en la que vivís todo.

¿Cómo ve ahora esa posibilidad de hacer justicia a través de la abogacía?

Un 9 de mayo, que es el Día del Abogado en Uruguay, estaba en la Fiscalía pensando en eso, y llegan a la audiencia tres mujeres que había citado por una usurpación. Cuando las veo con los hijos en la falda y les fui a tomar la declaración me desarmé. Venía preparado para decirles que hay una persona con derecho de propiedad y que se metieron de forma inapropiada. Cuando les digo eso me dicen “tiene razón, doctor”. La reflexión que me queda es esa, la de tener razón, la de actuar ajustado a derecho, pero que no sea justo. Eran tres mujeres con sus hijos que se estaban quedando en la calle. Esas cosas muchas veces te dan un cimbronazo y te interpelan todo el tiempo sobre qué es lo que estamos haciendo. Yo estoy trabajando con la doctora Silvia Pérez, que es mi jefa en Montevideo, y ella siempre me dice que a veces uno se pone piedeletrista, pero tiene que tener, desde su rol, un enfoque que tenga un resultado justo, procurar la justicia desde el lugar que uno tiene. Por más que tenga que ceñirse a lo que dice la ley, uno tiene una discrecionalidad, y dentro de esa discrecionalidad tiene que buscar que exista justicia, pensar en las víctimas, que el castigo que reciba una persona por el delito sea proporcional al daño que cometió. Esos enfoques siempre tienen que estar, recurrir a lo que pensaba antes, cuando tenía un ideal, y ajustarlo dentro de lo posible a su actualidad.

La ley también tiene su legitimidad, si lo vemos como lo que la sociedad consensuó.

Pienso que la inmensa mayoría de las leyes son totalmente ajustadas, después hay otras leyes que son dadas porque determinados representantes elegidos por la sociedad consideraron que eso es lo más oportuno y ese consenso es lo que se vuelca. Nosotros, como operadores jurídicos, tenemos que cumplir ese mandato. Lo que tiene la ley es que establece parámetros que no son un silogismo perfecto, que dado A y B tenés que concluir C. Las premisas tienen determinada permeabilidad y a veces uno, poniéndole un toque de equidad o de justicia, va a lograr cumplir con la ley y ser más justo en el dictamen.

¿Recuerda algún otro caso en que haya tenido ese sentimiento?

Hay muchos casos en los que se criminaliza la pobreza. A veces uno se pone mal porque tenés una banda que comete rapiñas y son tipos expertos y no los podés agarrar, y tenés todos los días adictos a la pasta base que roban un cajón o algo en un supermercado y los tenés filmados, tenés todas las pruebas, y son personas adictas. A veces tenés que terminar dictaminando que esa persona sea formalizada, y pensás que tenés que formalizarla, cuando sería importante para la lucha contra la delincuencia agarrar a una banda que hace rapiñas, que amenaza gente, que lastima. A veces el daño que provocan es muchísimo mayor y no podemos contar con los elementos para formalizarlos; tenés las personas ahí, sentís que son las responsables pero no tenés las evidencias y tenés que darles la libertad, eso también te pone mal; cómo ante una persona que tiene menos recursos y posibilidades parece más fácil aplicar la ley, que con otra que tiene más recursos. Si bien eso no te condiciona en tu accionar, porque es la función de uno y nos pagan el sueldo para actuar, por dentro te mueve.

Las condiciones de las cárceles deben influir en ese sentimiento sobre las decisiones que uno toma.

Cuando te toca zona 1, que es la que tiene las cárceles, ves lo que pasa adentro: las violencias, las vulneraciones de todos los derechos de la persona, es muy shockeante. Cuando vos decís “bueno, firmá este abreviado” y la persona se va seis meses a la cárcel, siempre hay que tomarse el momento para pensar. A veces en la vorágine del trabajo, cuando tenés diez detenidos, es como una picadora de carne. Hay que tomarse el tiempo para reflexionar, pensar que uno le está proponiendo a alguien un acuerdo que después termina en que esa persona sea derivada a ese lugar, eso también es muy movilizador. Hay que tratar de lograr la pena justa, no ensañarse con una persona, y tener en cuenta a dónde está siendo derivada y qué consecuencias puede tener eso. Uno está acá para cumplir un rol y lo hace, pero tener presente esas cosas ayudan a hacerlo mejor.

Pensando en los acuerdos abreviados en que ha participado, ¿en alguno sintió que el imputado estaba confesando algo que no había hecho?

No. Hay muchos imputados que utilizan esa herramienta, dicen “yo voy a agarrar esto porque me quiero ir”, y yo en ese momento les digo “usted no acepte nada que no cometió”, y ahí enseguida me dicen “fui yo”. En ese tire y afloje, a veces uno no tiene más elementos y termina desistiendo de la pretensión. Que alguien haya firmado el acuerdo y que no fuera, creo que es una tranquilidad que la inmensa mayoría de los fiscales podemos tener. Después uno sabe cómo es la dinámica y es más fácil saber cuándo una persona te está diciendo la verdad o te está forzando a conseguir más evidencia. Hay fiscales que tienen muchísima trayectoria, como Juan Gómez, y la experiencia te va dando insumos que no son tan jurídicos, sino más bien que vienen de haber trabajado, y uno los va aprendiendo.

Se recibió a los 24, se tomó en serio los estudios.

Cuando uno viene de un contexto muy desfavorable no puede darse el lujo de tomarse un año sabático. Siempre lo pensé como tener una meta. Vine a Montevideo, estuve en el hogar universitario de Tacuarembó, que es una beca, tenía la beca del comedor universitario, que también era una beca de boletos, y la beca del Fondo de Solidaridad. Para mantenerla teníamos que tener determinado rendimiento y eso es una doble motivación: por un lado, está la meta de hacer la carrera y, por el otro, esa condición que uno tiene que si pierde las becas es imposible. Sin esas becas hoy yo no sería abogado, ni fiscal, ni nada por el estilo.

También se dedica a la escritura.

Es un hobby constante y paralelo; lo que escribo lo publico en Instagram, y publiqué un libro a finales de 2017 que se llama La breve vida del hombre nuevo, que es una novela, y tiene unos cuentos. Lo publiqué para darme ese gusto y superó las expectativas que tenía.

En la Comisión Directiva, cuando hay que enviar una nota al fiscal de Corte, me dicen “dale, vos, que sos escritor”, saben que en una hora voy a tener un bosquejo de algo.

¿Cómo juega lo gremial en la carrera personal? Porque uno puede pensar que si se enfrenta a las autoridades de Fiscalía después puede perder oportunidades.

Si uno se pone a reparar en eso no le entra a lo gremial. Yo empecé en 2015 en la Comisión Directiva, como adscripto. Al tiempo se dio la renuncia de Juan Gomez y quedó Gustavo Zubía. A mí me nombraron como secretario, como para tener un poco de equilibrio entre el perfil del doctor Zubía, que era bastante combativo respecto de la figura del fiscal de Corte. Ahí se generó un enfrentamiento natural entre la asociación y la Fiscalía de Corte, que es la jerarquía. Más allá de que uno piensa que no va a ser perjudicado, siempre se da ese momento en que uno piensa en eso, que si va a pedir un traslado capaz que no lo tienen tanto en cuenta como si no tuviera esa confrontación, pero ese pensamiento yo me lo anulo inmediatamente, porque lo gremial hay que hacerlo y tiene que haber personas que defiendan los intereses del colectivo, y esas personas no pueden estar reparando si sí o si no, temblándole el pulso de si actuar o no actuar por las consecuencias que pueda tener. Después que uno asume la responsabilidad, tiene que poner las manos y el cuerpo, y lo que tenga que ser será. Desde el momento en que hice el quiebre las consecuencias no importan, la situación lo amerita.

Al estar en Montevideo, en una fiscalía de Flagrancia, uno no tiene tanta exigencia como los compañeros que son titulares o que son fiscales en fiscalías especializadas o fiscalías del interior. Uno tiene que tener en cuenta que si tiene un margen más de poder actuar en lo gremial tiene que agarrar la posta y jugársela. La presidenta, Mirta Morales, tenía un compromiso tremendo con lo gremial pero estaba al frente de la Fiscalía de Homicidios y se complica amalgamar las dos tareas. Por eso está bueno remangarse y tratar de luchar por las condiciones laborales de los fiscales.

¿Qué es lo más urgente a resolver en las condiciones laborales de los fiscales?

Creo que son esas dinámicas de trabajo extenuantes que se dan en los turnos únicos en sedes que son complicadas por la cantidad de casos, por la complejidad o porque son de frontera. El nuevo código impone también investigación, flagrancia, juicios, toda esa dinámica con los fiscales como corriendo siempre detrás de la urgencia. Lo más urgente es el diseño de todo eso, la posibilidad de reacondicionarlo, porque está repercutiendo en la salud, sobre todo en la salud emocional, de los fiscales. Son cosas que tenés que atender en todo momento, por lo que no te permite descansar, ni tener un poco de tiempo para reflexionar sobre la tarea. Hubo defectos de implementación en la organización interna, lo dijimos desde que está el nuevo código. Otro problema son los recursos, pues no se ha dotado a la Fiscalía de infraestructura, sobre todo de recursos humanos y de infraestructura para llevar adelante esta tarea: con la cantidad de fiscales y fiscalías suficientes, con fiscales suplentes, con infraestructura edilicia, con edificios aptos para llevar adelante la tarea de la investigación preliminar. La criminalidad apunta también a que la integridad física de los fiscales esté corriendo peligro, y no se previeron los recursos para que en cada sede haya un circuito de cámaras, un custodio que este todo el tiempo en que esté actuando la fiscalía. Todas esas son previsiones que no se hicieron y que pesan a la hora de llevar adelante la función. Son presiones laborales. Uno ve que los números [de imputaciones] van creciendo, pero esos números crecen a costa del esfuerzo de los fiscales, en esa dinámica patológica de trabajo.

¿Por qué cree que el presupuesto de Fiscalía está congelado desde hace cinco años?

Son decisiones del sistema político que impactan directamente en el trabajo de los fiscales e impactan institucionalmente en la Fiscalía, por eso nosotros hemos ido a reclamar lo que corresponde. Lo que pasa es que si después lo que se ve es que la Fiscalía tiene una eficiencia de números, parece como que todo funciona. Si ves los recursos humanos y las condiciones en las que se logra esa eficiencia de números, ahí te das cuenta de que se necesita una inyección y un rediseño en la forma en la que se está llevando adelante la tarea.

Hay pedidos, como el de la eliminación de los turnos únicos, que ni siquiera llegaron a discutirse.

Eso se viene proponiendo desde que está el nuevo código, lo propusimos en el presupuesto y ni siquiera fue analizado, lo mismo con los cargos letrados suplentes. Hay dinámicas dentro de la organización que después terminan como el caso de la Fiscalía de Artigas, donde hay una fiscal adscripta a cargo de un turno, cuando tendría que haber tres fiscales. Esa persona está llevando adelante toda la actividad de la Fiscalía, estando de turno, con los casos en curso y las investigaciones. ¿Cuándo se va a solucionar? ¿Dónde está el trámite de las venias para hacer las gestiones? Y ahí uno piensa: “Apuren porque esto porque no es saludable”. Lo mismo cuando en un turno único falta un titular o un fiscal adscripto, eso repercute enormemente, porque los funcionarios que quedan no pueden tomarse licencia, ni tener días libres, ni descanso 30 días al mes.

¿Qué evaluación hace del proceso electoral?

Yo puedo ser presidente porque hubo un cambio de estatutos que igualó a todos los fiscales dentro del gremio, que era una reivindicación que veníamos haciendo. Dentro del gremio los fiscales tenían determinadas castas, lo que era incompatible con la dinámica gremial, y se reformó el estatuto para que todos los asociados puedan ser electores y elegibles. Eso fue fundamental porque por más que yo tuviera la trayectoria que tuviera, si no era fiscal de Montevideo no podía estar al frente del sindicato. Raúl Iglesias (quién lideró la segunda lista más votada) en el momento que se postuló no era fiscal de Montevideo, era fiscal departamental. Que se haya podido hacer el voto electrónico le dio accesibilidad para que cualquier fiscal desde cualquier lugar del país pudiera votar. Eso democratizó, y la participación es una muestra de eso. De 299 habilitados votaron 275 personas, casi 90%. Las dos listas que estamos en la Comisión tenemos un fin común, queremos mejorar las condiciones de todos los compañeros, y para eso el trabajo tiene que ser mancomunado.