Los legisladores de Cabildo Abierto Eduardo Lust y Guillermo Domenech entregaron al director general de Presidencia, Hebert Paguas, una carta dirigida al presidente en la que solicitan la renuncia del fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Domenech dijo en rueda de prensa que la investigación administrativa que la Fiscalía promovió el sábado contra la fiscal de Carmelo Natalia Charquero “es la gota que ha rebasado el vaso”, y llamó a tomar medidas para evitar lo que considera “una intromisión” de Díaz. El senador agregó que el pasado político de Díaz “podría despertarnos suspicacias”. “Es público y notorio y corre el rumor que ha sido militante del Partido Comunista”, agregó.

El fiscal de Corte busca esclarecer el vínculo político entre el ex intendente de Colonia Carlos Moreira y la fiscal de Carmelo que archivó la causa por los audios virales en los que Moreira ofrecía pasantías a cambio de sexo. En una publicación del periodista Carlos Peláez se comprueba que Charquero fue parte del equipo de asesores de seguridad de la campaña electoral de Luis Lacalle Pou en 2014 y militó en la lista 404 del Partido Nacional en Paysandú.

Por su parte, Lust detalló que en la nota se pide al Poder Ejecutivo que actúe con la misma celeridad con que lo hizo con el ex presidente de Antel, Guillermo Iglesias, cuando intentó la presupuestación de trabajadores del ente. “Como la Fiscalía es un servicio descentralizado, pedimos que se destituya al fiscal”, agregó Lust.

La decisión del fiscal de Corte generó críticas por parte de varios legisladores de la coalición de gobierno. El diputado colorado Felipe Schipani anunció este lunes que cursará un pedido de informe a la Fiscalía General de la Nación para conocer los elementos “que justifican la instrucción de la investigación administrativa” para “evitar que se trate de una persecución política”.

“Varios fiscales han tenido actividad política”

Más temprano, desde las filas del partido de gobierno, el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), Pablo Iturralde, solicitó una reunión al fiscal de Corte para pedirle explicaciones por la investigación administrativa. “Queremos preguntar, nada más. Tampoco podemos entrar en el mecanismo de intervenir”, afirmó Iturralde, luego de finalizada la reunión del directorio, pero advirtió que no va a “permitir que se generen intervenciones políticas sesgadas contra el PN”.

El dirigente nacionalista consideró que “la política y la Justicia siempre tienen puntos de contacto”, pero hay un problema cuando se politiza la Justicia o se judicializa la política. Iturralde aseguró que no tiene conocimiento sobre la militancia política de Charquero y que no la conoce personalmente, pero señaló que “varios fiscales han tenido actividad política y hay que saber si eso te descalifica”.

Tras la reunión con el fiscal de Corte, Iturralde dijo a Radio Uruguay que lo “importante” es saber si lo “que está en cuestión es la militancia política de una persona hace seis años”. “En ese sentido podríamos decir: ‘investiguemos también que el fiscal que lleva las causas del pasado reciente no tenga una militancia radical en el pasado’”, indicó, aludiendo al fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe. “Podríamos preguntarnos si tal fiscal [en referencia a Carlos Reyes] que archivó un caso sobre [Raúl] Sendic pudo haber tenido alguna vinculación a la ideología. En fin, son temas muy delicados; nos pareció que teníamos que hablarlo con cordura y trasladarle al fiscal nuestra preocupación”. 

Para Iturralde lo grave, en este caso, “no es sólo si tiene militancia pasada; me preocupa que la fiscal se entere mirando las redes un sábado”. Según el presidente del directorio, en la reunión Díaz le transmitió que lo que quiere dilucidar es si la fiscal tiene una “participación [política] actualmente”.