Luis Pacheco, fiscal de Crimen Organizado: “En el caso de ANCAP, tenía claro que si pedía procesamientos los iba a pedir sin prisión”

El fiscal Luis Pacheco recibió a la diaria en su despacho de la Fiscalía de Crimen Organizado y habló de la cotidianidad del trabajo, el peso de las decisiones que debe tomar, el vínculo con la prensa, la posibilidad de cometer un error y la forma en la que se trató la causa ANCAP.

Pacheco se crio en Carrasco, y la suya es la cuarta generación de una familia de abogados. Comenzó como asesor de fiscal a principios de la década de 1990 en la Fiscalía de Canelones, después fue trasladado a Pando, estuvo un año en Bella Unión, diez años en Melo y seis en Maldonado, hasta que en 2013 se lo envió a Montevideo para ejercer el cargo de fiscal letrado inspector, encargado de supervisar y controlar a los fiscales. En 2017, la renuncia de la fiscal María de los Ángeles Camiño le dejó la Fiscalía de Crimen Organizado, y con ella, causas como la de Pluna, ANCAP, FIFA, Odebrecht y la ruta del dinero K. Ahora ocupa una fiscalía que “tiende a desaparecer” por haber quedado en el viejo código procesal. Cuando termine con las causas que está investigando, la Fiscalía le planteará un nuevo destino.

¿Por qué le interesó el derecho?

Tengo una familia de abogados atrás, que es un poco lo que me dio el amor por el derecho. Mi padre era abogado, mis dos abuelos también. Son cuatro generaciones de Pacheco abogados, lo que me dio cierto criterio jurídico. El gusto por la fiscalía fue un poco casual: en 1992 me enteré de que había un llamado para asesores en la Fiscalía y empecé a averiguar un poco, porque estaba recién recibido y no tenía muy claro qué hacían los fiscales, averigüé y me empezó a gustar el trabajo que hacía el fiscal en ese momento, que es representar a la sociedad. Esa tarea de estudiar los casos, analizar el derecho genéricamente, emitir dictámenes y que después el juez resolviera me pareció interesante.

Los fiscales están sujetos a ser trasladados de sede en cualquier momento. ¿Cómo se lleva con eso?

Nos pasa a los fiscales y también a los jueces, a los militares, y a algunos policías o médicos. Sabemos que es así y que la carrera tradicionalmente se empieza en lugares más alejados de Montevideo; no es que sean menos importantes, pero es la tradición que el juez y el fiscal comiencen por el interior y luego vayan acercándose a Montevideo. El tiempo que uno se queda en cada departamento es muy variable; yo estuve un año y poco en Bella Unión y después estuve casi diez años en Melo. Depende de las vacantes que vaya habiendo en la carrera. Hay tiempos de menor y de mayor movilidad; con la reforma procesal hubo muchas jubilaciones y aumento de cargos. Trabajar en el interior, además de que uno va adquiriendo experiencia en la materia, es también una experiencia de vida muy interesante, es de lo más lindo que me ha pasado. Empecé la carrera soltero y después me trasladé con mi familia; no es lo ideal, sobre todo para los que tenemos hijos chicos, pero es lo que nos ha tocado a muchos.

¿Cómo es el trabajo cotidiano en esta fiscalía?

La Fiscalía de Crimen Organizado, en el momento de la reforma procesal penal (en noviembre de 2017), quedó encargada de los asuntos que estaban en trámite a esa fecha, que eran todas las causas grandes y famosas como Pluna, ANCAP, Fifa, Odebrecht, Lava Jato, la Ruta K. Para las causas nuevas se crearon las fiscalías especializadas, hubo una mayor división por tipo de delito y esas fiscalías son las que intervienen en los asuntos nuevos. Por lo tanto, esta fiscalía tiende a desaparecer. El trabajo cotidiano es el estudio de expedientes que el juzgado remite, porque el que dirige la investigación es el juez; es mucho tiempo de leer expedientes. Uno los estudia, pide determinados medios de prueba. Si ya está hecha la investigación, pide el procesamiento o el archivo. Puede haber recursos del auto de procesamiento o de la sentencia, y ahí también viene el expediente a la fiscalía para que conteste, son todas vistas por escrito, y además hay audiencias. En su momento yo tenía audiencias todos los días, pero ahora tengo dos o tres veces por semana.

¿Le gustaría asumir el rol designado para los fiscales en el nuevo código, con un mayor protagonismo en la investigación de la causa?

La investigación a cargo del fiscal me gusta, me parece adecuada y era, en los hechos, un poco lo que estaba pasando antes, porque aun cuando estábamos en un proceso inquisitivo con la dirección del juez, en la práctica el fiscal estaba en las audiencias, pedía diligenciamiento de prueba. Por ejemplo, en la causa de ANCAP no hay ninguna prueba que haya sido pedida u ordenada por la jueza, y estamos hablando de una causa del código viejo, pero en los hechos estábamos en un sistema acusatorio práctico, en que el fiscal ya llevaba adelante la investigación. La diferencia era que le tenía que pedir al juez los medios de prueba. Lo que no me gusta es la estructura procesal; es un modelo que ha venido siendo implantado en toda América y no me convence por muchas cosas. No me parece razonable que en la primera etapa la prisión preventiva se disponga sin diligenciamiento de prueba, se dispone prácticamente sobre la base de las alegaciones orales de las partes; me parece que debería recabarse prueba en esa etapa, porque lo marca la Constitución, entre otras cosas. Otro aspecto que no me parece razonable es que en más de 95% de los casos las penas sean pactadas. Admitiría un régimen de penas abreviadas para casos más chicos. Después, el juicio oral, que es muy pintoresco, como la vedete del nuevo sistema, me parece demasiado cargado desde el punto de vista procesal, con muchas instancias, y además revictimiza a la víctima, porque hay que hacerla comparecer.

¿Qué rol cree que juega la elocuencia a la hora de convencer a un juez?

En el viejo código lo que juega es la elocuencia jurídica, la forma de redactar por escrito, importa mucho saber escribir y saber fundar por escrito. En el nuevo proceso sí juega la elocuencia: la forma de preguntar y hasta la rapidez mental para los alegatos y las repreguntas tienen mucha importancia en el nuevo proceso, que es básicamente oral y todo se juega en audiencias. Tal es así que hay muchos cursos de litigación y cómo enfrentar la audiencia.

¿Cómo se asume el peso de la posibilidad de equivocarse, cuando lo que está en juego es la vida y la libertad de otra persona? Alguien puede terminar preso 20 o 30 años por un error en el trabajo del fiscal.

El juez y el fiscal cargan con esa posibilidad de error, a mí me ha pasado. Tengo 27 años en la fiscalía y puedo decir que me he equivocado. Yo he acusado a personas que en definitiva después fueron absueltas; eso es una equivocación, porque no logré probar la culpabilidad de la persona. El sistema tiene mecanismos para minimizar ese tipo de errores, porque se tienen que equivocar muchas personas: el fiscal de primera instancia, el juez, está la posibilidad de apelar ante el tribunal, que está compuesto por tres ministros con antigüedad y mucha experiencia, y después la instancia ante la Suprema Corte de Justicia. Se tienen que equivocar diez personas para que haya un error. Me ha pasado de hacer acusaciones contra personas que después resultaron ser absueltas; yo puedo seguir entendiendo que tenía mis fundamentos, pero en definitiva, si el juez y un tribunal me dijeron que no, es que yo no tenía razón. Por ejemplo, en la causa de ANCAP yo pedí más procesamientos que los que la jueza otorgó, apelé, fui hasta Casación y mis recursos fueron rechazados. La conclusión es que estaba equivocado.

¿Pero mantiene sus convicciones a pesar de los fallos?

En ese caso yo sigo entendiendo que tenía elementos, pero si un tribunal y la Suprema Corte emitieron fallos en contra de mi pretensión, tengo que aceptar que estaba equivocado.

En el caso de ANCAP, que fue la primera causa que asumió en la fiscalía, ¿cómo incidió el hecho de que el acusado fuera el vicepresidente? ¿Se siente una mayor presión?

Sí, se siente; no sé si le llamaría “presión”, pero la causa trasciende por la posición de los involucrados, de las personas que estaban siendo indagadas. Todos los fiscales y todos los jueces tenemos presión en todas las causas. Esta era importante porque tenía mucha repercusión pública y todos los días la prensa estaba siguiendo su evolución, pero si tenemos un homicidio, una rapiña o una violación hay mucha presión en el operador judicial para resolver bien esa causa, que quizás no trascienda pero es muy importante; estamos enviando a una persona a prisión, y la posibilidad cometer un error siempre está. Hay casos en los que uno tiene pruebas y las cosas están claras; tenemos la confesión de una persona, una afirmación o muchos testimonios. Hay otros en donde las cosas no son tan claras, sobre todo cuando una persona niega ser el autor de un delito grave y las pruebas no son tan concluyentes. En la apreciación de la prueba está el quid de la cuestión, en cómo valoramos lo que tenemos. Este caso era muy trascendente por la repercusión, pero todos los casos son importantes, sobre todo en derecho penal, donde siempre estamos hablando de la libertad de una persona o de una medida cautelar gravosa para esa persona o hasta de su prestigio; hay que ser muy cuidadoso.

En el caso Sendic en un momento a usted se le atribuyeron intencionalidades políticas.

Trabajé muy libremente, tuve críticas tanto en la causa de ANCAP como en otras, uno está expuesto a eso. La dificultad de estos casos con repercusión política es que sabemos que el fallo va a tener repercusiones, hay gente a la que le va a gustar y hay gente a la que no, pero yo hago un paralelismo con las otras causas, uno tiene que tratar de abstraerse de esas repercusiones y aferrarse a lo jurídico. El derecho nos da muchas herramientas y una base en la que fundar nuestros dictámenes. Si el dictamen está fundado, se podrá compartir o no, pero el dictamen está fundado. No hay intencionalidad política en los operadores judiciales, pero si la hubiera hay remedios para minimizar eso: hay un juez, un Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia, entonces, en la resolución final de un caso no podría nunca hablarse de que hay intencionalidad política.

Cuándo llega una causa, ¿se hace un panorama de cuáles son las definiciones que puede tener o se trata de ir trabajando paso a paso?

Cuando se inicia una causa, por el objeto de la denuncia, por lo que uno está investigando, uno a priori ya puede vislumbrar un poco la gravedad del asunto, el tipo de delito, los antecedentes de la persona. Si bien puede pasar que en el curso de la investigación haya elementos que modifiquen esa apreciación inicial, en la mayoría de los casos yo ya me hago una composición de lugar y digo si se confirma lo que estoy investigando en la forma en que está la denuncia, la resolución debería ser tal o cual. En el caso de ANCAP, desde un primer momento tenía claro que si iba a pedir procesamientos los iba a pedir sin prisión, por el tipo de delito, porque estamos hablando de un delito de abuso de funciones.

Muy cuestionado por su vaguedad.

Yo lo defendí mucho en esta causa porque no es una figura tan vaga, es una figura que castiga al que comete actos arbitrarios; hay que definir qué es un acto arbitrario, pero yo entendí que era una figura aplicable.

¿Cómo es el vínculo con la prensa en ese tipo de causas?

En esa época me resultó agotador, porque había días que tenía 40 mensajes en el celular; algunos los podía atender personalmente y otros no. Siempre me gustó cumplir con la prensa, porque entiendo que están cumpliendo con su deber de informar, y me interesaba hablar con la prensa para que la información saliera en forma correcta, porque muchas veces, si la prensa no tiene información veraz de la fuente, la información no sale con tanta precisión. Como no podía atenderlos me dejaban mensajes de Whatsapp, pero había días que era imposible contestar. Me genera un poco de nerviosismo cuando doy una información saber cómo va a salir, si realmente va a salir como yo lo dije, porque puede salir mal. Involuntariamente algún periodista, en el desarrollo de una noticia, puede escribir algo que no era exactamente lo que yo quería decir, no por mala fe. Alguna vez me pasó que lo que salió no era lo que yo había dicho.

¿Siente que peligra su seguridad personal cuando investiga causas como la de Gerardo González Valencia?

No me sentí inseguro, uno tiene que saber y estar alerta a casos en los que puede venir alguna amenaza. La causa de ANCAP no me provocaba eso, no había posibilidad de un riesgo físico, pero hay otros casos, como los de estupefacientes o grupos criminales organizados, en los que uno sabe que está expuesto. Uno está atento; a mí no me ha tocado.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Me gusta el estudio del derecho, me gusta leer y escribir, la función de representar a la sociedad y perseguir el delito. Creo que es algo que a todo el mundo le gustaría, ¿quién está a favor del delito? Nadie, es una violación del orden jurídico, y la persecución de los culpables de esos hechos que generan víctimas es una tarea que me parece interesante como servidor público, y es interesante tener éxito en las investigaciones, lograr las condenas de los responsables.

¿Cuáles son los aspectos más difíciles?

Uno siempre aspiraría a tener otra estructura; todas estas investigaciones en su momento eran muy difíciles de llevar a cabo, no daba abasto, durante dos años no tuve fines de semana, todos los fines de semana me llevaba para mi casa expedientes porque no daba entre semana. La causa de ANCAP la terminé estudiando más a fondo en una feria judicial, que se supone que son las vacaciones, y no soy el único: hay muchos fiscales que dedican las ferias judiciales a ponerse al día en sus despachos.