El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, propuso en la última sesión de la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario conformar un grupo de trabajo para elaborar un proyecto con miras a lograr que las personas que cometen delitos leves por adicciones sean derivadas a un centro de rehabilitación y no a la cárcel.

La comisión dio su visto bueno y ahora se abre una etapa de diálogo institucional con distintos actores involucrados, como la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), jueces de Ejecución y representantes de la Junta Nacional de Drogas. Según adelantó Petit a Radio Uruguay, la idea es comenzar con las reuniones la semana que viene y que el grupo presente una propuesta en tres meses.

En la sesión, que tuvo lugar el 30 de julio, Petit planteó que la justicia terapéutica es posible en Uruguay y está pendiente. “Todos sabemos que la adicción, el consumo problemático de sustancias, es un flagelo. Todos conocemos casos cercanos de familiares, amigos, vecinos, conocidos o de gente que nos pide auxilio, de personas que han caído en la pasta base por una ruptura familiar, por problemáticas que no han podido superar, o por varios motivos, y que empiezan con esa larga cadena de vender las cosas de la casa, de robar las cosas de la casa, pequeñas transgresiones, cárcel, liberación, cárcel, más años”, explicó.

“Muchas veces, el proceso empieza porque la internación en una cárcel debió ser una internación en un centro de adicciones”, advirtió. Es por eso, dijo Petit, que sería una buena medida tener un dispositivo que permita que las personas que han cometido un delito y son condenadas, cuando entren al sistema, puedan postular para ir a un centro de adicciones en vez de a una cárcel.

Según evaluó Petit, hay varios organismos que tendrían que estar implicados en la decisión: En primer lugar, ASSE, pero con la contraparte del Ministerio del Interior y en acuerdo con el Poder Judicial, para “que ese juez pueda valorar la situación y decidir que la persona, en vez de ir al Comcar, vaya a tal o cual centro, a tal o cual clínica, o a tal o cual ala de hospital, que exista o se pueda crear”.

Petit dijo que sería deseable que el grupo se reuniera cada 15 días para terminar de elaborar una propuesta. “Obviamente, esto puede requerir ley, pero entiendo que no es necesario. Me parece que debería ser una articulación de voluntades de distintos agentes públicos que podrían encontrar en la comisión un espacio en el cual sintonizar acciones en conjunto para un punto que es una demanda grande en nuestra sociedad”. A su juicio, se necesitan “más respuestas” para un tema que “es un flagelo” en toda la sociedad y se ve en la “incidencia que tiene en la privación de libertad”. Según dijo Petit, existen algunos estudios del INR del año pasado que sostienen que 80% de las personas que entraban en el Centro de Diagnóstico del área metropolitana tenían vinculación con el consumo problemático de sustancias. “Por lo tanto, si no abordamos fuertemente ese tema, vamos a estar omitiendo el ataque a las causas de las cuestiones”, opinó.

El diputado frenteamplista Enzo Malán, que integra la comisión bicameral, dijo a la diaria que está de acuerdo con la iniciativa, porque hay que pensar otras alternativas a la privación de libertad: “No podemos seguir metiendo gente en la cárcel”. “Todo lo que se promulgó con la ley de urgente consideración va a derivar en hacinamiento en las cárceles, que hoy se llama sobrepoblación”, señaló. Además de este proyecto en concreto, la comisión bicameral definió trabajar en tres “grandes grupos”: uno enfocado en las penas alternativas, otro en el trabajo y la educación, y el tercero estará orientado a pensar temas vinculados a la salud.