El fiscal especializado en Delitos Económicos de 2º Turno, Ricardo Lackner, presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de queja en la causa que analiza el pedido de extradición realizado por la Justicia panameña para la contadora Maya Cikurel, pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.

Lackner presentó el recurso luego de que el Tribunal de Apelaciones de 3° Turno, integrado por el presidente Julio Olivera Negrín y los ministros Pedro Salzar y José María Gómez, le negara la posibilidad de recurrir a la SCJ, ya que considera que no es parte de la causa, según informó este jueves el semanario Búsqueda.

Ahora la SCJ deberá revisar la decisión del Tribunal de Apelaciones, que debe elevar el recurso junto a un informe sobre los motivos por los que se negó la casación. El recurso de queja es un medio para impugnar la decisión de una negación a un recurso de apelación, ya sea ante un Tribunal de Apelaciones o ante la SCJ.

En diálogo con la diaria, el presidente del Tribunal explicó que en el caso de que la SCJ acepte el recurso presentado por Lackner será la Corte la que deba expedirse sobre el fondo del asunto. Si la SCJ coincide con el tribunal en que fiscal no tiene facultades para apelar, el caso será tratado.

Cikurel fue detenida por Interpol en febrero de 2020, cuando intentó pasar por Migraciones del puerto de Colonia hacia Buenos Aires, debido a que sobre ella pesaba una orden de captura internacional desde abril de 2019, emitida por la Justicia panameña, en el marco de la causa que investiga casos de corrupción en obras públicas, por medio de la constructora brasileña Odebrecht.

La jueza de Crimen Organizado de 4º Turno, María Elena Mainard, dispuso prisión domiciliaria para Cikurel mientras se realizaba el trámite de extradición panameño, hasta que en mayo entendió que la medida no era necesaria y sólo mantuvo la retención del pasaporte y la obligación de presentarse ante la Policía una vez por semana.

En junio, Mainard rechazó el pedido de extradición de la Justicia panameña por cuestiones formales, considerando que debió procesarse por medio del Poder Judicial y no del Ministerio Público panameño, tal como marcan las normas del derecho interno y el propio Tratado Bilateral de Extradición entre Uruguay y Panamá.

En esa sentencia, Mainard subrayó que en Uruguay rige el sistema de extradición belga-holandés, que no permite al país que recibe la solicitud de extradición analizar el fondo del asunto, debiendo limitarse exclusivamente al análisis del cumplimiento de los aspectos formales para proceder o no a la extradición.

La decisión fue apelada por el fiscal de la causa, Lackner, quien entiende que el término “autoridades judiciales” incluido en el tratado incluye a la fiscalía, por lo que el trámite fue realizado correctamente.

A principios de noviembre, el Tribunal de Apelaciones de 3º Turno confirmó la decisión de primera instancia y aceptó los argumentos planteados por la defensa de Cikurel, llevada por el ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández, que planteó que quien debía apelar la decisión de Mainard era el Ministerio Público panameño y no la Fiscalía uruguaya, considerando que no es parte en la causa.

Lackner quiso apelar el fallo del Tribunal de Apelaciones, pero la casación le fue negada, justamente porque el Tribunal considera que no es parte en la causa, por lo que definió presentar un recurso de queja.