La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores no incorporó al proyecto de Rendición de Cuentas los 12 millones de pesos necesarios para evitar el cierre de los juzgados de paz de Nueva Helvecia, Castillos, Sauce, y Villa Rodríguez.

Si bien el punto aún podría agregarse en la discusión del plenario, fuentes del oficialismo señalaron a la diaria que el tema quedará para más adelante, aunque volvieron a reiterar su compromiso de concretar el otorgamiento de los fondos.

Ahora la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y las gremiales que forman parte del Poder Judicial analizarán la situación, dado que los ministros de la corte advirtieron, durante su comparecencia en la comisión de Hacienda del Senado y en la Comisión de Constitución de Diputados, que el cierre de esos juzgados sólo se suspenderá en la medida en que se aprueben los fondos necesarios para solventarlos.

“Más allá de lo que todos sentimos, a los proveedores no les podemos pagar con sentimientos; los alquileres los tenemos que pagar y no podemos decirles a quienes nos arriendan que esto es tan importante para la localidad que necesitamos un esfuerzo de todos”, había expresado el director general de Servicios Administrativos de la SCJ, Marcelo Pesce, en la última comparecencia de la SCJ al Parlamento por este tema.

El cierre de los juzgados de paz por falta de presupuesto fue definido por la SCJ el 12 de agosto, a través de la acordada 8119, en la que figuraba un listado de 20 juzgados del interior del país. La decisión generó críticas por parte de funcionarios, jueces, defensores de oficio, abogados particulares y legisladores oficialistas y de la oposición, que convocaron a la SCJ para dar explicaciones al Parlamento en la comisión de Legislación y Constitución del Senado y en la de Constitución y Códigos de Diputados.

El 23 de agosto la SCJ emitió una nueva acordada en la que dejó en suspenso la medida. El 30 de agosto, los ministros de la SCJ recibieron a una delegación de legisladores oficialistas y allí les explicaron que se había tratado de un error y que en vez de 20 eran cuatro los juzgados que pretendían cerrar.

“Por responsabilidad exclusiva de quien les habla se incluyeron equivocadamente veinte juzgados de paz, cuando, en realidad, lo resuelto unánimemente fue la progresividad y abarcar solo a cuatro juzgados en una primera etapa [...] lamentablemente, tales errores de los que este presidente se hace cargo exclusivo fueron advertidos luego de la publicación”, admitió el presidente de la SCJ, Tabaré Sosa durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

El rechazo que generó el eventual cierre de los juzgados puso en discusión el rol de los juzgados de paz, la presencia del Estado en el territorio y la distribución de funciones en la órbita del Poder Judicial.

Durante la comparecencia de la SCJ a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, el 1° de setiembre, las autoridades de la SCJ explicaron que la decisión se tomó por los costos operativos de las sedes y que la medida se planteó luego de realizar una reducción global del costo de los alquileres que paga el Poder Judicial e intentar otras alternativas, como el traslado de las sedes a locales del Estado en régimen de comodato, que finalmente no se pudo concretar.

Tras esa instancia, los diputados del oficialismo se comprometieron a conversar con sus correligionarios en el Senado para resolver el problema en la Rendición de Cuentas, más considerando los números planteados por la SCJ. En esa oportunidad, el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust calificó la situación como “un drama inexplicable por unos pocos pesos”. Sin embargo, el dinero no apareció y la Rendición de Cuentas llega al plenario sin los fondos necesarios.

“Todo indica que el cierre de juzgados de paz en el interior, tal como está el diseño de la Rendición de Cuentas que comienza a votarse en el Senado, se va a profundizar y no hay ningún recurso para evitar el cierre”, dijo a la diaria el senador del Frente Amplio Charles Carrera, quien agregó que el tema no estuvo en la discusión de la Comisión, ni es mencionado en el inciso correspondiente.

Además, advirtió que en el inciso del Ministerio de Educación y Cultura se habilita a suscribir convenios con organismos públicos y asociaciones de profesionales para ejercer el rol de oficial de Estado Civil, una tarea que realizan los jueces de paz.

En los últimos cinco años se cerraron 33 juzgados de paz y quedan 116 en todo el país. El presupuesto del Poder Judicial alcanza los 15 millones de dólares y representa un 1,3% del presupuesto y un 0,35% del producto interno bruto.