Una adolescente de 13 años era obligada mediante explotación sexual a mantener un vínculo con un hombre de 44 años. La madre de la adolescente recibía comida y ropa a cambio de habilitar la explotación. Según la Fiscalía, definían la relación de explotación como “un noviazgo”.
Según informó Fiscalía, la investigación empezó a partir de una denuncia anónima el 4 de noviembre de 2021. Se denunció una presunta situación de abuso sexual a una adolescente por parte de un adulto, vecino de la familia, y se dijo específicamente que la madre de la adolescente estaría en conocimiento.
En un proceso abreviado, la Fiscalía Departamental de Artigas de 1er Turno, a cargo del fiscal Hermes Antúnez, obtuvo la condena de dos personas. El hombre, de iniciales JWFB, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de unión matrimonial o concubinaria forzada o servil a la pena de cinco años de penitenciaría. Por otra parte, la madre de la adolescente fue condenada a dos años de penitenciaría como autora penalmente responsable de reiterados delitos de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad en reiteración real, con reiterados delitos de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.
La Fiscalía aplicó el protocolo de abuso sexual vigente con la adolescente de 13 años. Del informe surge que “mediante relato niega haber sido víctima de presunto abuso sexual”. No obstante, se afirma que “aparecen contradicciones en su discurso y conductas que hacen sospechar una situación de riesgo”. Entre las pruebas, además de las aportadas por el protocolo, se contó con la historia clínica de la víctima, la declaración de testigos y un informe médico forense.
Respecto del imputado, la Fiscalía tuvo en cuenta que “el imputado, abusando de una situación de vulnerabilidad, mantiene una unión de ‘noviazgo’, con una adolescente como condición para que acceda a la vivienda, alimentos, vestimenta u otras necesidades básicas para la subsistencia”. Según expresa, “estas conductas se adecúan a lo que establece el Código Penal al respecto” del delito imputado.
También establecen que “se está ante una presunta situación de violencia sexual hacia una niña, a la contribución a la explotación sexual por parte de su madre, quien desprotege a su hija, sometiéndola al desarrollo de una actividad denigrante, que vulnera el ejercicio de sus derechos, afecta el pleno desarrollo evolutivo de la adolescente y deja en evidencia la ausencia de cuidado y protección; y al mismo tiempo que es objeto de violencia sexual por parte del indagado”.
La adolescente vivía con su madre y sus dos hermanas, de cinco y diez años.