Este artículo es el tercero de una serie que se publicará a lo largo de este mes sobre los delitos económicos cometidos por la dictadura. Los anteriores se publicaron el 11 y el 14 de diciembre. Tienen como base una investigación que aporta información inédita sobre los métodos de financiamiento y los principales botines de la represión.
Con sus principales líderes detenidos, militarmente derrotados en 1972 y con el golpe de Estado recientemente instalado, los tupamaros estaban en una situación demasiado compleja. Desde Argentina y con un número muy diezmado, el MLN-T se reagrupó en 1973 y empezó a operar en búsqueda de retomar su actividad guerrillera. Una de las variables más importantes para retomar la lucha armada era la económica. Con el objetivo de volver a la organización autosustentable, uno de los cabecillas del MLN, Lucas Mansilla, se concentró en la búsqueda de negocios rentables en los que invertir.
Para realizar esta tarea, dos piezas clave fueron el abogado José Luis Baumgartner y el fallecido empresario Artigas Uruguay Almandoz. Una parte de la historia de los negocios que hizo el dúo con la plata del MLN-T se encuentra en el expediente del juicio militar que le hicieron a Baumgartner cuando fue detenido, en la sentencia número 144 del Supremo Tribunal Militar del 26 de agosto de 1980. De acuerdo a esta fuente, en principio el encargado de esta tarea fue Almandoz, un empresario de la época que estuvo involucrado en numerosos negocios de rifas en equipos de fútbol de América Latina, entre los que se encontraban Nacional –de hecho, Almandoz es recordado como el ideólogo de la rifa que formó al equipo que se coronó Campeón de América en 1971–, Universidad de Chile y Universidad Católica en Chile, Millonarios y Santa Fe en Colombia.
En 1973, Mansilla y Almandoz tenían un negocio de rifas “en favor de River Plate y de la Cruz Roja Venezolana”, según una publicación de la revista El Soldado, afín al régimen militar. Este dato coincide con el expediente del juicio de Baumgartner, donde aparece que Almandoz y Mansilla tenían un negocio de rifas, pero no se aclara en qué equipos. A finales de ese año, la operación tomó otra dimensión. De acuerdo al expediente mencionado, por medio de una invitación de Almandoz, se sumó a la ecuación José Luis Baumgartner. En diálogo con la diaria, Baumgartner aportó una versión diferente: “Almandoz no era tupamaro, sólo tenía un interés económico en la organización. Él se había conectado en Chile con Mansilla y yo había arreglado con Mansilla que mi actuación estaba al margen de cualquier comentario. No lo cumplió y lo comentó con Almandoz y otra gente”. La versión del abogado y la del expediente difieren en que uno dice que Baumgartner se acercó al negocio por intermedio de Almandoz y el otro que se contactó directamente con Mansilla, sin la intermediación de Almandoz.
La historia relatada en el expediente judicial continúa en un hotel argentino, donde utilizando su seudónimo (doctor Marcelo Blanco), Mansilla le ofreció a Baumgartner hacer negocios con la plata de la organización y funcionar como su testaferro. Le comentó sobre el negocio de rifas que estaban llevando a cabo con Almandoz, pero a Baumgartner no le convenció y propuso una inversión diferente: comprar campos en Uruguay. A Mansilla le gustó la idea y Baumgartner puso manos a la obra.
Asesorado por su cuñado, Rafael Tellerias, en pocos meses el abogado concretó la compra de tres campos: primero, el tambo Liebling, ubicado en el ramal que une a la ruta Interbalnearia con la ruta 8, por el precio de N$ 170.000, con una existencia de ganado de N$ 109.000. El segundo fue un terreno en Empalme Olmos, que adquirió por N$ 110.000. Y el tercero, un campo que se encuentra en La Montañesa, por el costo de N$ 121.000. Ninguno de los tres campos se compró en un pago: se señaron y se acordaron distintas cuotas. El objetivo de la compra de estos terrenos era que se dedicaran a la industria lechera.
Para comprar estos campos Almandoz y Baumgartner utilizaron dos sociedades anónimas, Linser SA y Texor SA. El tambo Liebling era propiedad de Texor SA, según el Registro de Propiedad Inmueble de Pando (Nº de entrada 5.249) y según un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) referente al padrón, realizado para esta investigación. Sin embargo, la documentación que otorgó la Dirección General de Registro (DGR) sobre los otros dos padrones omite los datos de sus compraventas. El expediente del juicio militar a Baumgartner mostró que los derechos de Linser SA se repartían 40% en propiedad de Almandoz, 30% de Baumgartner, 20% de Zabala y el otro 10 % de Blanco. Estos dos últimos eran socios de Baumgartner y, según las declaraciones del abogado al juzgado militar, desconocían en qué estaban invirtiendo su dinero. Según el documento, Baumgartner dijo a Zabala y a Blanco que había recibido 400.000 dólares de un textilero chileno para hacer negocios en un campo.
En su libro De criminales sueltos y otras minucias, el propio Baumgartner relató, sin entrar mucho en detalles, su papel como encargado de crear una base económica para el MLN-T. Recordó que bajo su gestión, “el MLN era dueño de campos, ganado lechero y un banco en Panamá; estaba muy próximo a adquirir la maquinaria de la editorial Acción, un apartamento enfrente a la Plaza Fabini y el Zodíaco; negociaba la compra de Los Ranchos [...]; contractualmente dominaría la pesca en Uruguay (cuotas en barcos y plantas procesadoras de todos los permisionarios); tenía acordado ir a medias en la captura de centolla, en Ushuaia, y en trámite, pesca en el Caribe y frigorífico en España. Sociedades por doquier”.
Al ser consultado por el apartamento en la plaza Fabini, la compra de la estancia Los Ranchos y la maquinaria de Acción, Baumgartner dijo que esos negocios no se concretaron. El apartamento iba a cumplir el rol de “comando general de la pesca”, debido a que la intención era meterse en ese negocio –esto va de la mano del intento de compra del barco Zodíaco, que tampoco se concretó–. La estancia Los Ranchos es un importante campo ubicado en incón de las Gallinas, en Fray Bentos, que los tupamaros querían adquirir debido a su ubicación estratégica: se encontraba a escasos kilómetros de Argentina. Según el expediente del juicio militar, el negocio por este campo lo hizo Baumgartner de forma individual, debido a que le comentó a Mansilla que Almandoz tomaba de más y que le gustaba hablar.
El proyecto de inversiones encontró su final el 13 de mayo de 1974, fecha en que Baumgartner fue detenido y encarcelado hasta abril de 1981. Fue el fin de la participación de Baumgartner, pero no de la actividad de sus negocios. En cuanto a Almandoz, Baumgartner dijo a la diaria que no fue preso debido a que lo envió a hacer un negocio con una rifa en Lisboa: “Me inventé el negocio para sacármelo de arriba y ahí se salvó de ir en cana”. A pesar de que el abogado fue detenido exactamente un año antes de la promulgación del Decreto-ley 14.373, distintas dependencias militares se quedaron con todas las posesiones que adquirió en nombre del MLN-T, aunque la Ley Orgánica Militar no contemplaba estas situaciones.
La caída en manos del Ejército
Los tres campos tuvieron destinos dispares debido a que, según el expediente de la detención de Baumgartner, el abogado los compró en varios pagos que no pudo concretar por encontrarse en prisión. Eso trajo una serie de problemas legales con los anteriores dueños, que al no recibir las sumas acordadas por las propiedades que vendieron, le reclamaron al Estado. Consultado en la actualidad por esta situación, Baumgartner dijo no recordar haber participado en esos negocios; únicamente recordó haber estado involucrado en la compra del campo que se ubica en La Montañesa.
El campo de Empalme Olmos, padrón 6.519, Baumgartner se lo compró a Mario Nandin García, Ezequiel Díaz Barros y Ana María Pérez, de acuerdo al resultado del primer pedido de informes al MDN y el Registro de Traslaciones de Dominio de Pando (Nº de entrada 3.839, Nº 2.121, Folio 2.544, Libro 93). Como ya se dijo, Baumgartner cayó preso en mayo de 1974 y nunca terminó de pagar el terreno, que fue confiscado por los militares.
El Decreto-ley 14.373, como se explicó en la primera nota de esta serie, contemplaba las situaciones en que no se había terminado de efectuar todos los pagos de la compraventa de un bien incautado. Según el artículo 7°: “En los casos de inmuebles en que no se hubiere otorgado escritura de compraventa definitiva, cuando hubiere saldo de precio a favor de un tercero, el Estado podrá tomar a su cargo dicha deuda, si existiera, y conviniere a la Administración, procediéndose a la escrituración forzosa a su favor, sin perjuicio de poder procederse al remate del inmueble por resolución judicial que así lo disponga, el que se realizará conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 3°”.
De acuerdo al primer pedido de informes al MDN, por un “convenio” con los propietarios originales, el inmueble les fue devuelto en 1983. Más allá de la utilización que le dieron al terreno durante los años en que fue propiedad de una dependencia militar, todo parece indicar que luego de concretar la devolución a los dueños originales, los militares se desligaron del padrón. No utilizaron la posibilidad de adquisición total que les daba el artículo 7° del Decreto-ley 14.373.
No pasó lo mismo con el padrón 8.919, ubicado en La Montañesa, sobre la ruta 34. El expediente del juicio de Baumgartner indicó que le compró el terreno a Carlos María Bosch Coupotin. Por Decreto 238/981, el Juzgado Militar de Primera Instancia del quinto turno, el 15 de mayo de 1981, le adjudicó al Comando General del Ejército seis fracciones de campo del padrón, además de los bienes inmuebles y semovientes que la componen, conforme señaló el pedido de informes al MDN.
En febrero de 1981 el inmueble se vendió a Ramón Antonio Castiglioni Silva. Sin embargo, el terreno no lo vendió el MDN, sino que fue Bosch quien figuró como vendedor. Bosch reclamó que se anulara la compraventa porque Baumgartner no terminó de pagarlo, al igual que en el caso anterior. El valor de la transacción entre Castiglioni y Bosch fue de N$ 160.000, de acuerdo a escritura de la DGR (Nº 1.052, Folio 1.222, Libro 87).
Posteriormente, en 1987, Castiglioni le vendió el inmueble al MDN, pero esta vez con un segundo copropietario: Carlos Gustavo Brashich Dujsik. Sin embargo, no aparece registro de que Brashich haya adquirido una parte del inmueble en algún momento. El valor de la compraventa fue de N$ 125.335.928, según datos del Registro de Traslaciones de Pando (Nº de entrada 8.398, Nº 722, Folio 922, Libro 101).
Allí actualmente se encuentra el Grupo de Artillería Antiaérea 1, donde se efectuaron excavaciones en búsqueda de detenidos desaparecidos en 2008, luego de que un croquis anónimo ubicara los restos de cuatro hombres y una mujer en ese lugar. El trabajo fue retomado en 2016 por orden de la jueza letrada de Primera Instancia de primer turno de Pando. Este caso es particular porque pese a que el MDN sí tenía un interés en adquirir el campo –pocos años después de devolverlo al dueño original antes del MLN-T, se lo compró a Castiglioni–, tampoco aplicó el Decreto-ley 14.373 para terminar de pagar la deuda.
Por último, el tambo Liebling, correspondiente a los padrones 6.147, 6.150, 6.151, 11.430, 13.848, 13.849 y 13.850, fue comprado por Texor SA, una de las sociedades anónimas de los tupamaros. Como los terrenos anteriores, fue incautado y utilizado por una dependencia militar, pero se diferencia porque de acuerdo al informe del MDN, en 1988 se dispuso la restitución de los bienes confiscados a Almandoz. Es el único de estos bienes que fue devuelto a uno de los testaferros del MLN-T.
El caso tuvo cierta relevancia en su momento. La República publicó una nota en el año 2000 con los detalles de la sentencia judicial. Señaló que el Poder Ejecutivo había resuelto la restitución a Almandoz de los inmuebles rurales y las mejoras incautadas durante 17 años; “el botín de guerra estaba compuesto de dos campos, 297 vaquillonas Holando, 418 cabezas de ganado –también de selección Holando– y los daños producidos en los inmuebles de su propiedad”.
Pero Almandoz fue más allá. Como el decreto del Poder Ejecutivo no se expidió sobre el lucro cesante, es decir, el dinero que se le privó de ganar al ciudadano titular de ese capital, demandó al Estado para que lo compensara. Puntualmente, Almandoz reclamó “no sólo la venta de leche, sino también todo lo que dejó de percibir por la explotación de los predios, las maquinarias y los semovientes, incluso lo que dejó de percibir por la explotación de una cantera”.
Luego de un largo juicio, según la resolución de la Suprema Corte de Justicia “corresponde entonces aceptar que puede el actor pretender que se condene al Ministerio del Interior a pagar una suma –la que se determine– por concepto de venta de leche, descontados los costos de producción, insumos, impuestos y demás gastos propios de la misma”.
Por último, en un documento del Registro Traslaciones de Dominio de Pando (Nº de entrada 5.249) referente al tambo Liebling, aparece una compraventa que se realizó el 5 de junio de 1997: Texor SA (en ese momento administrada por Almandoz, que estaba en posesión del bien) le vendió a Yabrán SA la propiedad por 333.000 dólares. Consultado sobre si tenía conocimiento de que el campo había sido devuelto a Almandoz, Baumgartner respondió que no. Además, aunque en la declaración que hizo en su expediente militar Baumgartner dijo que había formado parte del negocio de la compra del campo, a la diaria le dijo que eso corrió por cuenta de Almandoz: “Es posible que comprara ese campo con plata que le dio Mansilla, porque no tenía plata para comprarlo”. Además, ante la interrogante sobre la posibilidad de que Almandoz no hubiera devuelto el dinero de la propiedad, el abogado contestó: “Sí, claro. Conociéndolo al personaje, no me cabe duda”.
El Infierno Chico
A principios de 1974, el MLN-T compró la casa de Punta Gorda, lugar que durante muy poco tiempo fue la sede principal de la comisión política de la organización. Efectuó la compra por intermedio de una sociedad anónima llamada OLDAR SA, creada el 23 de octubre de 1972 por Esther Reitzes, Israel Lublinerman y Héctor Vignoli Laffitte, de acuerdo al Registro N° 6, Folio 20 del libro de estatutos número 1 de 1974 del Registro de Comercio. Los tres eran integrantes del estudio de abogados Vignoli-Laffite-Lublinerman (VLL), que fue denunciado por una investigación del periódico argentino Página 12 que desenmascaró el papel de importantes estudios jurídicos uruguayos en el asesoramiento y creación de empresas con el objetivo de evadir impuestos en Argentina.
En 2001 Página 12 publicó una investigación sobre las offshore uruguayas en la que distinguía tres formas de operar que tenían los estudios uruguayos. Entre ellas se encuentra el modelo “Lublinerman”, en referencia a Israel Lublinerman, que se dedicaba a crear y vender sociedades anónimas desde 1955. Este era un negocio muy conveniente porque, según el diario argentino, “la comercialización de sociedades anónimas en Uruguay suele no vincular a quien confecciona la sociedad anónima con lo que ocurra con la actividad de la misma una vez que ha cambiado el Directorio de la sociedad anónima vendida”.
El estudio se instaló en Argentina y se dedicó a crear sociedades anónimas para que importantes empresarios de ese país pudieran evadir impuestos. Esto explica la aparición de Vignoli-Laffite-Lublinerman en el acta fundacional de OLDAR SA, que además, según el Registro N° 6, Folio 20 del libro de estatutos número 1 de 1974 del Registro de Comercio, fue registrada el mismo día que TEXOR SA, la empresa que se utilizó para comprar el tambo Liebling.
A esto se le suma que el archivo del Registro de Traslaciones de Dominio correspondiente a las compraventas de la casa de Punta Gorda tiene anexado el expediente militar de la causa de detención y procesamiento de Baumgartner. Es probable que la compra de OLDAR SA al estudio VLL haya sido efectuada por las mismas personas que adquirieron TEXOR SA. En las declaraciones que hizo Baumgartner en su juicio y en su libro no mencionó que él hubiera sido el comprador del inmueble. Consultado por la diaria, dijo que él no tuvo nada que ver ni con la compra de la casa de Punta Gorda ni con los negocios adquiridos con la empresa TEXOR SA. Sin embargo, dijo que Almandoz y su cuñado, Rafael Tellerias, realizaron negocios a sus espaldas.
Baumgarnter cayó preso el 13 de mayo de 1974 y la casa de Punta Gorda había sido confiscada por los militares el 5 de mayo, ocho días antes. Esto no es coincidencia; en su libro De criminales sueltos y otras minucias el abogado relató cómo había pensado en huir del país cuando se enteró de que el inmueble había sido capturado, pero debido a su sentido de la responsabilidad con el MLN-T, se quedó. A los pocos días, una persona a la que Baumgartner en su libro nombró “Joaquín” (entre comillas, dando a entender que es un nombre falso), les contó a los militares el relacionamiento del abogado con la organización. Esto derivó en la detención de Baumgartner y su encarcelación.
Al igual que todos los otros bienes que manejó el MLN-T, la casona de Punta Gorda pasó a ser propiedad de una sección militar. Según una investigación realizada por el proyecto Cruzar de la Universidad de la República, luego de su confiscación el inmueble se transformó en la primera base clandestina del Servicio de Información e Inteligencia (SID) en Uruguay y era utilizada de forma conjunta con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Rebautizada como “300 Carlos R”, la casa se convirtió en una de las sedes del horror de la dictadura y por ella pasaron múltiples detenidos que fueron torturados.
El expediente militar anexado a la documentación correspondiente al padrón mostró que por Resolución 284/81 del 4 de junio de 1981, dictada por el señor juez militar de Primera Instrucción de quinto turno, se le adjudicó el inmueble al SID. En 1982, a pedido del ministro de Defensa, Justo Alonso Leguisamo, comenzaron los trámites en el Registro General de Traslaciones de Dominio para que la casa pasara a ser propiedad del SID de forma “oficial”. La operación se concretó el 4 de julio de ese mismo año.
Pero también, según el Registro General de Traslaciones de Dominio (Nº de entrada 4.385, Nº 23, Folio 52, Libro 794), en 1983 se registró la compra del inmueble por parte de OLDAR SA a Moris Margounato Hazan (es decir, la compra que el MLN-T realizó en 1974) por N$ 40.000, unos 1.350 dólares de la época. Esto hace pensar que la compraventa de Margounato a OLDAR SA no fue correctamente completada en 1974, por lo tanto los militares terminaron el registro en 1983 para justificar el quedarse con el bien. Eso se diferencia de los campos anteriormente nombrados.
Dos años después de que el MDN registrara el inmueble a su nombre, precisamente el 19 de octubre de 1984, Maridel Grolero le compró el bien al SID, de acuerdo a documentación del Registro de Traslaciones de Dominio de Montevideo (Nº de entrada 25.297, Nº 2.587, Folio 2.936, Libro 808). El ministerio fue representado por el coronel Roberto Etcheverry y la escribana autorizante fue Élida Tocci de Ruiz, funcionaria del MDN. El precio de la transacción fue de N$ 2.666.995,20, unos 35.000 dólares aproximadamente.
Maridel Grolero fue esposa del almirante Eladio Moll, quien, años más tarde de comprar la casa de Punta Gorda, estuvo implicado junto a su hijo Ricardo Moll en el caso de sobornos conocido como “cangrejo rojo”. Padre e hijo grabaron a Julio Luis Sanguinetti, hijo del entonces expresidente Julio María Sanguinetti, pidiendo una coima de un millón de dólares a cambio de no entorpecer el negocio pesquero de la familia Moll. Además, Moll padre fue el primer marino en ser director de Información de Defensa, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, y ocupó el segundo cargo de la Armada –comandante de la flota–.
Las irregularidades de esta transacción no acaban en la compra de un centro de detención clandestino por parte de la esposa de un alto cargo militar de la época. Según documentación del Registro de Traslaciones de Dominio (Nº 2.575, Folio 2.831, Libro 806), pocas horas después y en el mismo lugar donde Grolero compró el inmueble, lo vendió por 71.000 dólares. Un negocio redondo en el que la familia Moll-Grolero duplicó su inversión inicial a expensas del terrorismo de Estado. Pero, por si fuera poco, el inmueble lo compró Judith Haydée García Pintos, hermana del exlegislador y exintegrante de la Juventud Uruguaya de a Pie Daniel García Pintos.
En 2004, La República publicó que Judith García Pintos integró la lista 152222 liderada por su hermano, donde además participaban varios militares de la Armada Nacional y policías vinculados a delitos durante la dictadura y al caso Berríos. Con respecto al inmueble, Judith García Pintos se lo vendió a la familia Sarubbi en 1990 por 215.000 dólares.