Este artículo es el cuarto y último de una serie publicada a lo largo de este mes sobre los delitos económicos cometidos por la dictadura. Los anteriores se publicaron el 11, 14 y 18 de diciembre. Tienen como base una investigación que aporta información inédita sobre los métodos de financiamiento y los principales botines de la represión.
Un elemento sustancial para entender el accionar de las Fuerzas Conjuntas en lo que refiere a los delitos económicos es el relato de los propios agentes de la represión. El contacto con el exsoldado Hugo García Rivas, integrante de la sección técnica de la Compañía de Contra Informaciones del Departamento II del Estado Mayor del Ejército desde 1977, aporta ese necesario punto de vista. García Rivas denunció en 1980 todo el accionar del Ejército y el secuestro de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez por parte de la Compañía en el operativo denominado Zapato Roto.
Entrevistado para esta investigación, García Rivas relató que desde su ingreso a Contra Informaciones –organismo encargado de la vigilancia dentro del Ejército para que no se filtrara información– sus compañeros le contaban que “cada vez que había allanamientos se llevaban todo lo que podían”. Eso sucedía con las personas detenidas contra las que existía alguna prueba o estaban siendo juzgadas, pero también “había gente que iba adentro para ser interrogada, o iba adentro unos meses y luego había que soltarla otra vez, pero las cosas ya estaban robadas. Eso era algo normal”. Agregó que cuando estaba en el servicio varios compañeros le contaban lo que pasaba en los operativos. “Usaban unos sacos de gabán con bolsillos grandes. Se ponía la ropa que más bolsillos tuviera para meterse cosas”.
En su libro Confesiones de un torturador (1981) escribió que los robos a detenidos fueron usuales. “El oficial dice que se castigará a quienes se constate que se apropian de cosas. Pero ellos son los primeros en llegar y ven algo que les gusta y dicen: ‘Llévenlo para mi auto’; televisores, radios, todo se lo llevan. Ferro, por ejemplo, es impresionante. Ferro, descaradamente, dice: ‘Ah, mirá qué lindo esto’, y se lo lleva”.
Con respecto a muebles, nunca vio que se los llevaran a la sede de la Compañía: “Lo único que se traían para la Compañía era dinero, papeles importantes, joyas. Se traían las cosas que sólo se podían traer con ellos”. La oficialidad repartía las cosas entre el personal subalterno que trabajaba junto a ellos.
En el caso de las propiedades en las que se sabía de antemano que había dinero de por medio, concurrían primero los oficiales a los domicilios de los detenidos y robaban ese dinero. Rivas relató la historia de un sargento que se quedó con 100.000 dólares de una incautación.
“Sé de un cabo que llegó al grupo en donde yo estaba, más o menos por el 78, que anteriormente era integrante del SID. Él, en un allanamiento junto con otro sargento, encontró 100.000 dólares, que en ese momento era mucha plata, y ellos se quedaron con eso sin que ningún oficial se enterase. Fueron descubiertos al final porque uno de ellos fue a comprarse un coche en una casa de venta y pagó al contado, entonces ahí salió la conversación sobre dónde trabaja y responde ‘yo soy empleado estatal’, y resulta que hace poquito ese mismo coche lo había comprado un oficial. El vendedor del auto llamó al oficial para preguntarle y terminó averiguando el nombre de ambos y los detuvieron. Pero si hubieran sido oficiales del Ejército no hubiera pasado nada, porque entre ellos se hubieran repartido la plata y ya está”.
Sobre la situación de los automotores, Rivas contó que era lo primero que se robaba. Incluso la Compañía tenía un sistema (instaurado desde antes de que él ingresara) por el cual cuando llegaba un vehículo se le colocaba una matrícula falsa. “Ya había un acuerdo con la División de Tránsito de la Intendencia. Teníamos cantidades de matrículas, incluso a algunos de los coches que teníamos en el lugar [el servicio] se le ponía una matrícula un día, una matrícula otro”, dijo Rivas.
Durante la entrevista recordó que incluso desde algunos sectores de las Fuerzas Armadas se planteó que las apropiaciones indebidas eran excesivas. “Un poco antes de que yo saliera de ahí [Contra Informaciones] en el año 1979, llegó una directiva a la compañía desde el Comando General del Ejército firmada por el Goyo [Gregorio] Álvarez, donde se hablaba de las apropiaciones indebidas por parte de las Fuerzas Armadas. Decía que eso no se iba a tolerar más y que iba a ser duramente castigado. Recuerdo que los oficiales de la compañía se reían, decían ‘viejo estúpido’. Parece que en este momento no estaban muy conformes con el Goyo Álvarez por ese motivo”.
En cuanto a la posibilidad de que otros integrantes de las Fuerzas Armadas brinden información sobre los sucesos de esa época, García Rivas dijo que está seguro de que “la oficialidad nunca va a abrir la boca”. Sin embargo, planteó que el personal subalterno es un caso distinto: “Hay que ir a los que no tienen una deuda de honor con nadie. Esa es una de las formas en que se puede saber algo más de lo que pasó”.
Los otros artículos de esta cuarta entrega son:
Sociedad civil vinculada a militares de alto rango tenía su sede en el centro clandestino de reclusión donde desapareció María Claudia García de Gelman
La plata del PVP: un botín que muchos represores querían alcanzar