En el acto de conmemoración del día del Poder Judicial, que se celebra el 19 de diciembre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tabaré Sosa, señaló que la organización del Poder Judicial fue prevista en la Constitución de 1830, evocó los principios artiguistas de la administración de justicia y defendió la independencia del Poder Judicial. “Con todo el alcance que el término ‘poder’ encierra, no sólo en sentido formal y legal, sino en su sentido real, de respeto y cumplimiento de sus decisiones, así como en la no injerencia en su órgano jerárquico”, expresó el presidente.

Si bien los ministros de la Corte fueron acompañados por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el fiscal de Corte, Juan Gómez, el acto estuvo marcado por la ausencia de los trabajadores del Poder Judicial, a quienes Tabaré Sosa les envió (a la distancia) “un sincero reconocimiento”.

Defensores de oficio, funcionarios, informáticos, actuarios y jueces decidieron no participar del evento por considerar que no estaban dadas las condiciones para celebrarlo junto a las autoridades de la Corte.

“Los trabajadores judiciales seguiremos reclamando nuestros derechos y seguiremos defendiendo la independencia del Poder Judicial como forma de garantizar el derecho a la justicia de la población [...]. En estas circunstancias los trabajadores judiciales no tenemos nada para celebrar”, expresó en un comunicado la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.

Las condiciones en las que se celebró el Día del Poder Judicial fueron una muestra de lo ocurrido en 2021, que en cierta medida fue la profundización de los desencuentros, malentendidos y errores cometidos en 2020.

El cierre de los juzgados de paz

El conflicto con mayor repercusión de este año fue el vinculado al anuncio del cierre de 20 juzgados de paz en 12 departamentos del interior del país que la SCJ realizó el 12 de agosto en la acordada 8119. La decisión generó la reacción de funcionarios, jueces, defensores de oficio y abogados particulares, mientras que legisladores oficialistas y de la oposición convocaron a los ministros de la SCJ a la Comisión de Legislación y Constitución del Senado y a la de Constitución y Códigos de Diputados. Además, la Intergremial Judicial, integrada por el gremio de jueces, funcionarios, actuarios, informáticos y defensores de oficio, inició una campaña de recolección de firmas en defensa del rol de los juzgados de paz y reclamaron particularmente la creación de ámbitos de discusión donde se analice su función y las eventuales transformaciones.

El 23 de agosto, 11 días después del anuncio del cierre de los juzgados, y ante el cuestionamiento de propios y ajenos, la SCJ emitió una nueva acordada en la que dejó “en suspenso” la que anunciaba los cierres a partir del 1° de octubre. El 30 de agosto los ministros de la SCJ recibieron en el Palacio de Justicia a legisladores del oficialismo y les explicaron que se trató de un error, que en realidad querían cerrar sólo cuatro juzgados (Nueva Helvecia, Castillos, Sauce y Villa Rodríguez), pero publicaron una lista con todos los juzgados que estaban siendo estudiados.

El error generó desconfianza en el resto de los actores del Poder Judicial en tanto dejaba al descubierto un plan para eliminar 20 juzgados en el interior del país, previendo con qué otros juzgados se fusionaría cada uno, más allá de que la SCJ, según explicó, no tenía previsto concretarlo en lo inmediato.

El 15 de setiembre, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el presidente Tabaré Sosa explicó lo sucedido: “Por responsabilidad exclusiva de quien les habla se incluyeron equivocadamente 20 juzgados de paz, cuando, en realidad, lo resuelto unánimemente fue la progresividad y abarcar sólo cuatro juzgados en una primera etapa [...] lamentablemente, tales errores, de los que este presidente se hace cargo exclusivo, fueron advertidos luego de la publicación”. El reconocimiento del error por parte de Sosa fue valorado por el senador Carlos Camy: “Si fue de él, por eso mismo y, si no fue de él y lo asumió, con más razón”.

Los ministros de la SCJ explicaron en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados que con 12 millones de pesos anuales se resolvería la situación en los cuatro juzgados de paz, algo que sorprendió a los diputados. La situación fue calificada por el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust como “un drama inexplicable por unos pocos pesos”; existió un compromiso unánime de conseguir los fondos para la Rendición de Cuentas que en ese momento se estaba discutiendo en el Senado, pero la plata nunca apareció. La SCJ dispuso la ocupación de las vacantes en las cuatro sedes y mantuvo “en suspenso” la acordada de la discordia.

La SCJ reclamó a los jueces que le informen sobre sus resoluciones cuando involucran a otros jueces

Otra señal de la desconexión entre los ministros de la Corte y el resto de los actores del Poder Judicial fue la acordada 8128 de noviembre de este año, en la que los ministros de la SCJ pidieron a los jueces que sean informados expresamente cuando un juez es procesado, imputado o se disponen contra él medidas limitativas de la libertad ambulatoria.

En la resolución, los integrantes de la SCJ Tabaré Sosa, Elena Martínez, Bernadette Minvielle y John Pérez expresaron que sin esa comunicación la SCJ “se vería seriamente comprometida en la normal ejecución de sus prerrogativas constitucionales”, y aclararon que si bien el artículo 110 de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales establece que “en caso de que un juez sea detenido o procesado, la autoridad competente dará cuenta de inmediato a la Suprema Corte de Justicia”, la disposición también vale para el caso de las formalizaciones, en el marco del nuevo Código de Proceso.

La designación directa del juez Tovagliare y la Ley de Concursos, que sigue sin aplicarse

Una puerta de entrada hacia el intrincado vínculo entre los ministros de la Corte y el resto de los actores del Poder Judicial es la situación generada por la no aplicación de la Ley Orgánica de la judicatura y organización de los tribunales (19.830), conocida como Ley de Concursos, que fue aprobada en setiembre de 2019. En diciembre de 2020 los ministros demandaron a los 500 jueces que integran el Poder Judicial al presentar una acción de inconstitucionalidad contra siete artículos de la ley que establece el concurso obligatorio y regula el proceso de ingreso, ascenso y traslado de los jueces. Para la SCJ la ley implica una intromisión del Poder Legislativo en los asuntos del Poder Judicial, pero pese a que la acción de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos sobre la vigencia de la ley, los ministros no la aplican en su totalidad.

En mayo la SCJ envió al Parlamento la venia de ascenso a ministro de Tribunal de Apelaciones del juez en lo civil de 14° turno, Fernando Tovagliare. El proceso que culminó en el envío de la venia dividió a los ministros en la SCJ y esa posición se vio reflejada también en el Senado, que finalmente aprobó la venia en noviembre, sólo con los votos del oficialismo.

La división se generó porque la designación de Tovagliare no surgió de la elaboración de una lista de prelación con 20 nombres por materia, sino que se modificó el proceso de designación. Para los ministros que conformaron la mayoría, el ascenso se dispuso en cumplimiento de los artículos 8 y 9 de la Ley de Concursos, atendiendo a que Tovagliare fue el que obtuvo la mejor calificación en su materia en un concurso de ascenso.

El voto discorde fue el de la ministra María Elena Martínez, quien planteó que el artículo 8 de la ley no dice que el concurso debe ser el único instrumento para definir el ascenso sino un insumo más para la evaluación de la Comisión Asesora integrada por la Universidad de la República, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados del Uruguay y representantes de la SCJ, que entre varios aspectos analiza la calificación reservada de los superiores directos del aspirante.

La ministra planteó que en la Acordada 8087/2020, “después de un largo y arduo debate, se logró el consenso unánime para incluir el resultado de la prueba del concurso como un insumo más a tener en cuenta por la Comisión Asesora”, y con la designación de Tovagliare, “la SCJ, en mayoría, optó por desconocer lo acordado respecto de la incidencia del concurso en la decisión de ascender a determinado magistrado”.

La filtración en el despacho del presidente

Otro de los asuntos que golpeó a la SCJ este año fue una denuncia de filtración de los votos de los ministros desde el despacho del presidente Sosa en el marco de una causa en la que actuaba como defensor la pareja de una de las asesoras del presidente, algo que será investigado por una corte integrada.

Los abogados Pablo Donnangelo, Renzo Gatto, Hebert Gatto y Lesley van Rompey acusaron a la jueza letrada adscrita a la SCJ, Sofía Feuer, de brindar información de los votos de los ministros para recusar a los que votaran en contra. Los abogados señalaron que la asesora debió haber advertido de la existencia del vínculo y desistir de actuar en los casos en los que interviniera su pareja.

Los casos rotan por los despachos de los ministros, que trabajan junto a dos asesores que analizan los expedientes. Cuando toman una definición, el ministro pone su voto en un sobre que está en la tapa del documento y lo pasan al siguiente despacho. La denuncia busca probar que las recusaciones surgieron luego de que los ministros recusados emitieran su voto.