Una persona privada de libertad se hizo pasar por fiscal y logró varias detenciones

CAMF tiene 27 años y está privado de libertad por haber sido el responsable de una estafa millonaria realizada en 2017 contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Banco de Previsión Social (BPS). La estafa, que había empezado en 2011 y fue detectada recién en 2017, generó pérdidas estimadas en unos cuatro millones de dólares. Crearon cerca de 100 empresas fantasmas para estafar a estos organismos.

Estuvo recluido en distintas cárceles. Estuvo privado de libertad en la Unidad 12 Cerro Carancho, en la cárcel de Rivera y en la Unidad 3 Libertad, de las cárceles del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) más cerradas.

También estuvo en la Unidad 6 Punta de Rieles, cárcel de máxima confianza en el sistema. En setiembre de 2020, desde esa cárcel, logró cometer otro delito de estafa. Estafó a una barraca por un valor de 700.000 pesos. Los productos que compró ingresaron a la cárcel. Se constató la irregularidad y el hombre dijo que era para “hacer una donación a la cárcel”. Los insumos fueron devueltos a los damnificados por la estafa.

Una vez en el Penal de Libertad, hace unos días, CAMF se hizo pasar por el fiscal Fernando Valerio, fiscal de Ciudad de la Costa, y dio órdenes a la Policía, que derivaron en distintos procedimientos. Logró que la Policía detuviera a su expareja, a su exsuegro y a la cuñada de la mujer. Movilizó varios recursos y consiguió que fueran derivados a una comisaría (la seccional 18), donde, tras notar el “error”, fueron liberados. También logró que policías de la seccional 10ª hicieran la averiguación del paradero de un hombre que vive en Pocitos y se constató que se comunicó con dependencias policiales en Florida y Treinta y Tres, donde llegó a amenazar a un policía por “incumplir” sus ordenes.

La Policía se presentó el sábado 1º de mayo en la casa de la expareja de CAMF y en la casa del padre de ella, ubicadas a metros de distancia. Según informó El País, uno de los policías le transmitió que estaba “detenida e incomunicada” mientras hablaba con el supuesto fiscal por teléfono. Ella llamó a su abogado, y el policía le dijo que si continuaba hablando por teléfono estaría incurriendo en el delito de desacato. El policía le dijo a la mujer, por orden del fiscal, que ella “tenía 16 millones de dólares depositados en el extranjero” y le exigió que le dijera “de dónde sacó ese dinero”. La mujer lo negó.

El supuesto fiscal pidió mayor apoyo policial. En el operativo participaron tres móviles de la seccional 18, dos camionetas y dos motos. Según informó El País, uno de los policías dijo que “el furgón para trasladar presos llegaría en un rato”. Cabe destacar que los móviles utilizados por la Brigada de Traslados del INR sólo son usados una vez que las personas están privadas de libertad, no se usan para detenciones ni traslados a la comisaría de personas detenidas.

A la mujer también se le dijo que había una supuesta orden judicial del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) para “llevarse a sus dos hijos al INAU”. La mujer dejó a los dos niños al cuidado de unos vecinos. También cabe resaltar que este procedimiento planteado por los policías sobre el INAU tampoco es válido.

La mujer, su padre y su cuñada fueron trasladados en calidad de detenidos a la seccional 18. Les dijeron que pasarían la noche en el calabozo. Pero, al rato, el subcomisario les dijo que podían irse. La mujer pidió explicaciones. Según El País, el subcomisario le dijo: “Ni yo entiendo lo que pasó”. Cuando se retiraban, llegaron otras unidades policiales, entre ellas el Área de Investigaciones, a la comisaría.

La mujer plantea tener miedo de las acciones de su expareja. El hombre la acosa desde que fue privado de libertad en 2017 por las estafas contra el Fonasa y el BPS.

Mario D’Elía, jefe de Policía de Montevideo, ordenó que se inicie una investigación, a cargo de la Zona 3. Se detectaron llamadas a al menos ocho comisarías de Montevideo y del Interior. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, con Graciela Peraza al frente del caso.

Inicialmente, las fuentes oficiales plantearon que las acciones del hombre privado de libertad “no tuvieron consecuencias”. Sin embargo, luego comunicaron que efectivamente ocurrieron las tres detenciones en la seccional 18. También la averiguación del paradero de un hombre que vive en Pocitos. El País consignó que CAMF se hizo pasar por todos los fiscales que intervinieron en sus causas penales.

El hombre también logró que en la seccional 10ª se hicieran averiguaciones de paradero de una persona que vive en Pocitos. El País informó que cuando el hombre tomó conocimiento de que la Policía había estado preguntando por él, se presentó en la comisaría para saber qué estaba pasando. Tomó conocimiento de que la indagatoria en su contra había sido ordenada por el supuesto fiscal.

La mujer fue citada a declarar por el Área de Investigaciones de la Zona 3. Concurrió con su abogado, que les hizo un planteo acerca del procedimiento irregular que los policías llevaron adelante.

En una requisa realizada el martes 4 de mayo, le incautaron los seis celulares que tenía en la celda. Al otro día, el hombre volvió a hacer maniobras con un teléfono. Hubo una comunicación al celular de uno de los hijos de la mujer.