Cuatro personas que estaban retenidas en cautiverio fueron liberadas en la madrugada del 1º de junio, en el barrio La Pedrera de la ciudad de Rivera, en el marco de la Operación Zunzún, que investigaba a una organización vinculada a la trata de personas. En el operativo realizado por la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera fueron liberados una mujer de 31 años de nacionalidad venezolana y su hija de dos y un hombre de 38 años y una mujer de 22, ambos de nacionalidad cubana, quienes habían ingresado legalmente a Uruguay.

En el operativo fueron detenidos un hombre de 63 años y una mujer de 55, responsables de la casa donde estaban retenidas las víctimas, encerradas con candado en una habitación de la casa, sin acceso a alimentos.

Los detenidos decían ser integrantes de una supuesta organización no gubernamental denominada Operación Rescate, que era utilizada para atraer a las personas migrantes, a quienes les ofrecían casa y alimentos. En horas de la tarde del miércoles fue detenida otra persona presuntamente vinculada a la organización.

El jefe de Policía de Rivera, Wilfredo Rodríguez, dijo a la diaria que la operación comenzó el 12 de marzo a partir de información que llegó a la Jefatura de Policía. Rodríguez señaló que la Policía cuenta con un video que prueba las condiciones de encierro.

La fiscal letrada de tercer turno de Rivera, Stella Alciaturi, dijo a la diaria que aún resta diligenciar prueba, por lo que la audiencia de formalización se realizará este jueves. Se negó a dar más detalles para no afectar la investigación. Si bien los miembros de la organización esperaban a sus víctimas a la salida del control de Migraciones, Alciaturi descartó cualquier implicación de funcionarios públicos en la maniobra.

El abogado de dos de los detenidos, Jorge Fajardo, dijo a la diaria que se trata de una asociación civil que trabaja con varios organismos, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social, pero la diaria supo que la supuesta asociación civil no figura entre las organizaciones con convenio con esa cartera. Fajardo dijo que el uso del candado fue dispuesto para proteger a las personas migrantes de otra persona denunciada por violencia doméstica y asegura que podían salir por una de las ventanas de la casa.