El hacinamiento es un indicador clave en el sistema carcelario. Según explicó Ana Vigna, docente, investigadora e integrante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Universidad de la República, a la diaria, “se utiliza sobre todo en estudios comparados, ya sea de un país consigo mismo para ver la evolución en el tiempo o entre países, a nivel internacional, como un indicador clave de la calidad de vida dentro de las prisiones”.

En 2005 se decretó la crisis humanitaria del sistema carcelario tras registrar un 160% de hacinamiento. El máximo aceptado por Naciones Unidas es de 110% y pasado el 120% se considera hacinamiento crítico. Este hecho derivó, cinco años después, en la reforma del sistema carcelario a través de una ley de humanización. La reforma penitenciaria generó la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y se propuso la reducción del hacinamiento. Este indicador, dinámico y con alteraciones permanentes, logró reducirse a 97.5% y la gestión anterior cerró su período con 105%.

En la actualidad, el hacinamiento promedio en el sistema es de 133,4% según cifras oficiales. Es el pico máximo registrado desde 2013. El registro de hacinamiento es heterogéneo. La Unidad 20 Salto es la cárcel que se encuentra en la situación más crítica, con 319% de hacinamiento. Es seguida por la Unidad 21 Artigas, con 236%. La Unidad 24 Soriano registra un 206% de hacinamiento. La Unidad 13 Las Rosas, cárcel de Maldonado, tiene 161% y la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) registra 158%. Con 3940 personas privadas de libertad es la cárcel más grande del país.

Por detrás del hacinamiento está “la idea de un espacio suficiente como para tener una vida digna y minimizar los niveles de conflicto”, señala Vigna. “A medida que se reduce el espacio que tienen las personas para desarrollar su vida, obviamente hay un empeoramiento de las condiciones de vida, del acceso a servicios, y un aumento de la conflictividad y la violencia”.

Desde la criminología se discute acerca de cómo medir el hacinamiento, “por más que parezca fácil o claro cómo se mide una plaza penitenciaria”, consigna Vigna. La medición más básica y elemental es la que entiende la plaza como “lugar para dormir”, que si bien “debería ser una cama, puede incluso ser un colchón”. Después hay visiones más complejas, que intentan ser más “justas a lo que el concepto de hacinamiento busca medir, que es el espacio suficiente para desarrollar una vida digna”.

En el mundo y la profesionalización de la gestión penitenciaria tiende a considerar un concepto “más amplio y más complejo” para medir las plazas penitenciarias, que considera la cantidad de metros cuadrados disponibles por persona. “Ahí el indicador de hacinamiento presenta algunos problemas”, explica Vigna. “Hay algunos autores que hablan de ‘capacidad calificada’, que tiene que ver con no medir un colchón sino un espacio para acceder a lo necesario para la vida”.

Vigna señala que uno de los emergentes que se deben considerar respecto al hacinamiento es la heterogeneidad dentro de un mismo sistema, tal como sucede en el sistema carcelario uruguayo. “Generalmente se reporta un número global que esconde la heterogeneidad del sistema”, explica. Y agrega: “El sistema global de hacinamiento puede ser aceptable a nivel de densidad, pero por detrás puede esconder algunos establecimientos superpoblados o hacinados, y otros donde hay capacidad ociosa”. Por eso dice que “es importante no reportar solo el nivel nacional sino también ver cómo se distribuye el hacinamiento a la interna del sistema, incluso dentro de los módulos de las cárceles más grandes”.

Otro elemento a considerar respecto a este indicador es “el dinamismo del sistema penitenciario”. “No solo los flujos de las poblaciones sino también que es habitual que queden alas o módulos inhabilitados por ciertos motivos, o que se construyan nuevos”. Vigna explica que “por eso el indicador de plazas no es algo que se mantenga fijo a lo largo del tiempo sino que es un indicador que debe tener una medición periódica para poder reportar datos más confiables”.

A nivel mundial, otro indicador que complementa la medición del hacinamiento, además de los metros cuadrados por persona, es el tiempo de permanencia en el mismo lugar . “Por más que sean espacios amplios, si las personas no pueden moverse o están todo el tiempo encerradas es un dato que complementa al espacio disponible”, señala Vigna. “Tiene que ver con el uso del espacio”, define.

Hacinamiento crítico

Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, explicó a la diaria que “el hacinamiento crítico es la señal de que el sistema está desbordado y con enormes dificultades para funcionar como plataforma de rehabilitación”.

Sugiere que “el hacinamiento puede existir en alguna cárcel en particular, pero ya cuando el promedio general es de hacinamiento crítico (más de 120%) realmente lo que está diciendo es que la rehabilitación está teniendo serios problemas y está bloqueada”. Petit entiende que “el hacinamiento crítico impide la realización de actividades de rehabilitación, educación y funcionamiento porque desborda la posibilidad de llevar actividades adelante”.

Sobre las cárceles uruguayas, indica que “la señal es muy grave” porque “es todo el sistema que está en ese promedio con algunos picos superiores incluso al 133,4% actual”. El comisionado alerta: “El hacinamiento crítico tiene que hacer pensar que el sistema debe cambiar”. “Eso no se arregla con una medida aislada o un programa suelto”, agrega.

Insiste en la necesidad de que el INR “proceda tal como lo establece la ley a hacer un Plan Estratégico Penitenciario” y que “se ponga en práctica el Consejo de Política Criminal” creado por la Ley de Urgente Consideración. “Este espacio, que justamente involucra a los tres poderes del Estado, es una oportunidad para repensar este tema”, explica.

Para Petit el indicador de hacinamiento actual un dato que no debe omitirse. “Son señales de que el sistema tiene fallas estructurales muy severas que están por todos lados”. Y no es algo que tenga una solución de corto plazo reaccionando a la emergencia: “No es con acciones que atienden la urgencia, que es algo muy bueno”.

Para Petit, el sistema carcelario “ha logrado una especie de equilibrio”, que se da “en parte por el esfuerzo de los funcionarios”. “El esfuerzo de una cantidad de elementos que sostienen el sistema, inclusive la cantidad de tareas que hacen los propios internos”, consigna. “Ahí hay una especie de equilibrio, pero la población sigue creciendo y la tendencia de seguir aumentando la población hace pensar que las fallas se van a agravar”, alerta.

El comisionado entiende que “es muy importante pensar en las medidas que han existido en otras partes del mundo”. Y encuentra una clave en la intervención programática en salud mental y en tratamiento de adicciones. “Según datos oficiales de la escala de riesgo medida por INR, más de 20% de la población podría estar en medidas alternativas”.

El uso problemático de drogas tiene mucho que ver con la sobrecarga del sistema carcelario. “Hay una amplia mayoría de personas privadas de libertad que tienen uso de sustancias psicoactivas y un porcentaje no menor de personas con trastorno de salud mental”. Por eso, el rol de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a través del Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) aparece como central.

“Es muy importante la instalación de ASSE fuertemente al sistema”, dice. Y agrega: Destaco siempre la tarea de SAI-PPL, que empezó hace algunos años a estar presente y cubre a 65% de la población carcelaria. Pero hace falta que cubra todo. En los últimos dos años han hecho un despliegue importante, pero se necesita que sea fortalecido. Tiene que incorporar y conectar el área penitenciaria a las políticas centrales de ASSE y su área de poblaciones vulneradas”.

Además, dice que hay que apuntar a otras estrategias: medidas alternativas, justicia terapéutica, y “a la posibilidad de derivación de personas con adicciones que han cometido delitos leves porque estaban en un estado alterado producto de su adicción”. Enfatiza en que “las personas tienen ser atendidas en lugares adecuados de salud mental”.

Petit explica que “estos pasos son los que han hecho que muchos lugares logren rearmar el sistema penitenciario”. “Hay muchas más cosas para pensar, estas son solamente algunas pistas. Por eso la importancia de tener un espacio institucional, como es el Consejo de Política Criminal u otro, con un liderazgo que tiene que tener el Poder Ejecutivo, para poder reformar e intervenir un sistema que afecta a la sociedad toda, no solamente a las personas privadas de libertad. Porque el delito que golpea en la calle, en los barrios, es una violencia que ha pasado por la cárcel”.

Y concluye planteando que “así como circula el coronavirus, circula la violencia”. “La cárcel es una parada, un estadío, de esa violencia sobre la cual el Estado muchas veces tiene la última oportunidad de intervenir. Entonces va también en beneficio de toda la sociedad y de la seguridad pública la rehabilitación”. “La rehabilitación es un tema de seguridad pública, también de salud y derechos humanos. No puede haber seguridad pública sin un escenario rehabilitador”, finalizó.