El 24 de junio el gobierno informó que se incautó una tonelada de cocaína en el puerto de Barcelona, España, en un cargamento que salió del puerto de Montevideo a fines de mayo y pasó por cinco puertos antes de llegar al destino. La cocaína fue detectada tras abrir un contenedor en el que se trasladaban dos calderas industriales.

Tras reunirse con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, los ministros de Economía y Finanzas, Interior y Defensa informaron sobre el hecho a la prensa, y el anuncio fue criticado por los encargados de la investigación en España, que entienden que la comunicación “entorpeció” la investigación y que el gobierno uruguayo informó “antes de tiempo”.

El plan que tenían en España era dar seguimiento a la distribución de la cocaína, y se estaba llevando a cabo la investigación “con cautela”, consignan medios locales. Al haber sido comunicado, y por ende alertados los narcotraficantes, se impidió seguir la pista de la distribución de la cocaína y tuvieron que cambiar la estrategia.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) aportó información sobre el aterrizaje de avionetas con cocaína de alta pureza en territorio uruguayo con el objetivo de que se detuviera el embarque en Montevideo, por eso se entiende que el resultado de la exportación de la droga fue una operación fallida de la Policía uruguaya, informó VTV Noticias; algo que fue desmentido por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien aseguró que la Policía no tenía información proporcionada por la DEA. Según informa el medio español El Periódico, la operación fue entregada por “un soplón”.

A nivel local, la investigación avanzó este martes cuando la fiscal a cargo del caso, Stella Llorente, se reunió con integrantes de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y, según planteó la radio Sarandí, va interrogar al chofer del camión que llevó la cocaína al puerto y a la dueña de la empresa a la que pertenece el camión.

Cambios consecutivos

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas es dirigida por el recientemente ascendido a comisario general Alfredo Rodríguez, quien accedió al grado máximo de la Policía por concurso. El subdirector era el comisario mayor Álvaro García, pero fue trasladado como coordinador ejecutivo de la Jefatura de Florida. El Ministerio del Interior informó que esta decisión es previa y que no tiene relación con la incautación de la droga.

Este movimiento implicó otros enroques en el interior: quien se desempeñaba como coordinador de la Jefatura de Florida hasta ahora era Wilson Aquino, que pasó a ser subjefe de la Jefatura de Durazno, ya que el subjefe de Durazno se había jubilado hace un tiempo y el cargo estaba vacante.

Hay otros cambios en la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. El comisario mayor Johnny Mezquita deja de formar parte de este equipo y pasa a ser jefe de la Zona Operacional 2 de Montevideo. Eduardo Darnauchans, quien hasta ahora ocupaba ese cargo, pasa a retiro.