La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) advirtió que el artículo 241 de la Rendición de Cuentas puede perjudicar la eficiencia en las investigaciones sobre lavado de activos.

Durante su comparecencia ante uno de los grupos creados por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para recibir a las organizaciones, los fiscales advirtieron su oposición a la iniciativa que prevé la intervención de las fiscalías especializadas en Estupefacientes de Montevideo en los delitos de lavado de activos.

El artículo establece que las fiscalías departamentales del interior del país tengan competencia al inicio de las investigaciones de los delitos de lavado de activos previstos en la Ley 19.574, pudiendo tomar “las medidas urgentes e impostergables” para luego derivar la investigación a alguna de las tres fiscalías de Estupefacientes, que funcionan en Montevideo.

La Rendición de Cuentas establece que los delitos en los que puede intervenir la fiscalía departamental son autolavado, conversión y transferencia, posesión u ocultamiento de bienes procedentes de la actividad delictiva y el delito de asistencia al lavado de activos.

Para los fiscales, la modificación es “inconveniente” y generará dificultades para la persecución penal, en la medida en que un fiscal debe investigar el delito precedente y el otro, la situación de lavado de activos generada a partir de ese delito, en un tipo de investigación que de por sí es compleja.

“En caso de que la pretensión del legislador, de quienes lo proponen, sea tener más imputaciones o mejores imputaciones en materia de lavado de activos, debe pensarse en otra solución”, señaló durante la comparecencia el presidente de la AMFU, Willian Rosa.

Además, los fiscales advirtieron que las fiscalías especializadas en Estupefacientes están sobrecargadas y es “algo difícil de considerar […] la posibilidad de llevar adelante investigaciones con éxito a fiscalías que están sobrecargadas”.

Los fiscales discreparon con la idea de que las fiscalías de Montevideo puedan tener una mayor eficacia que las del interior por el hecho de que los juzgados de Crimen Organizado –que tienen competencia nacional– funcionen en Montevideo, y señalaron que justamente “la dificultad radica en que el juzgado de Crimen Organizado está sólo en Montevideo” y que la solución no pasa por que las fiscalías de estupefacientes de la capital tengan que tener esa competencia.

“Para nuestros compañeros del interior del país, litigar situaciones de lavado de activos en Montevideo es dificultoso; les genera una dificultad en cuanto a que se tienen que trasladar hacia la capital para litigar un caso y ese fiscal que debe trasladarse a Montevideo desatiende lo que tiene que hacer en el lugar donde realiza su función”, agregaron.