Ante la falta de respuesta a la primera solicitud, la asociación de ex presos políticos Crysol reiteró el pedido de reunión con el presidente, Luis Lacalle Pou, para plantearle varios temas vinculados al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
En diálogo con la diaria el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, planteó que se busca tener una reunión de agenda abierta, pero advirtió que existe preocupación por la necesidad de un mayor apoyo a la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, y por la respuesta que está dando el gobierno en las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El gobierno uruguayo en una de las audiencias dijo que los familiares de detenidos desaparecidos y asesinados tenían asistencia médica, lo que no es cierto; los que tenemos asistencia mediante ASSE somos los ex presos políticos y los niños nacidos en cautiverio, pero es una prestación en salud que se ha visto sumamente recortada desde que asumió el actual gobierno”, señaló Grisoni.
Además, se le propondrá erigir un memorial de las ex presas políticas “que es un tema que ha quedado pendiente y significa una gran discriminación, por el papel que las mujeres jugaron en la lucha por la libertad y la democracia”, dijo Grisoni, que informó que Crysol quiere que Lacalle Pou participe en la reinauguración del memorial del Penal de Libertad.
Otro de los temas pendientes es dar cumplimiento a las recomendaciones de los relatores especiales en Derechos Humanos de las Naciones Unidas “y eliminar las restricciones que impiden que los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones”, dado que tienen que elegir entre una indemnización y su jubilación.
Por otra parte, señaló que se quiere hablar con el presidente sobre la situación de “exposición” en la que queda el Estado uruguayo ante las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. “Si bien es un poder del Estado independiente, expone al país en su conjunto al rechazo de los organismos internacionales al no reconocer la normativa en materia de crímenes de lesa humanidad que Uruguay ha ratificado”, sostuvo.
“La composición de la actual Suprema Corte de Justicia dispone al país a ser una vergüenza en los tribunales internacionales, por no promover el reconocimiento de estos crímenes de lesa humanidad”, agregó.
Grisoni planteó el rechazo de la organización ante los dichos del coronel retirado Eduardo Aranco Gil, quien dijo que los militares fueron procesados sin las debidas garantías en la Justicia. Grisoni dijo que “amerita una sanción gravísima” porque el cargo que ocupa como miembro militar de la Suprema Corte de Justicia le impide hacer declaraciones políticas, en la medida en que depende del Ministerio de Defensa, cuyo titular es Javier García.
“El argumento de él es pura y exclusivamente que no se computó, a los efectos del plazo de prescripción, los años de vigencia de la ley de caducidad. García lo debió haber sancionado como hizo Tabaré Vázquez con Guido Manini Ríos en su momento”, comentó.
Consultado sobre si el pedido de sanción contra Aranco Gil puede estar en la reunión con el presidente, respondió que el objetivo de la reunión es intercambiar puntos de vista. “Hay que reunirse, dialogar y no fomentar grietas. Avanzar en la institucionalidad, las normas de los derechos humanos y las libertades democráticas. En este país la democracia no le debe nada ni a las Fuerzas Armadas ni a Cabildo Abierto”, agregó.