“Luego de 37 años de gobiernos democráticos, en los que todas las fuerzas mayoritarias se sucedieron en los gobiernos, estamos mal, estamos muy mal, porque no hemos logrado las básicas garantías para no repetir la cruel experiencia del pasado” y “los avances no lograron tocar el corazón del terrorismo de Estado, el tema militar y sus crímenes”, sentenció Elena Zaffaroni, de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, en un acto realizado este lunes en la Sala Zitarrosa por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

“La Justicia no se ha convertido en una barrera protectora y educadora contra los abusos y delitos de Estado, especialmente los crímenes de lesa humanidad, la búsqueda de la verdad y los desaparecidos”, agregó Zaffaroni, que completó su descripción del escenario actual señalando que “la responsabilidad que el Estado asume verbalmente no la ha llevado a la práctica”.

La referente de Familiares subrayó que la Ley de Caducidad inició “el camino de impunidad del que no hemos logrado salir”, en el marco del cual se amparó “la dictadura, sus delitos, la ilegalidad, el autoritarismo”. “Su sombra se extiende hasta hoy” porque, “sin frenos, la impunidad caminará siempre junto al poder”, agregó.

De esta manera, “la búsqueda de verdad y justicia quedó en manos de la sociedad” y “todos los avances los ha logrado la movilización social”, señaló Zaffaroni. Los gobiernos que se sucedieron “han sido omisos en asumir, aclarar y cortar de raíz esta amenaza”, aunque “no han sido iguales en su sensibilidad” con respecto a este tema, dijo, antes de enumerar algunos avances de las administraciones del Frente Amplio. “Sabemos diferenciar, pero no fueron a más”, agregó antes de asegurar: “Es el Estado actual el responsable de que las desapariciones continúen”.

Zaffaroni apuntó también contra los distintos parlamentos y, en particular, la Suprema Corte de Justicia, que “permite todo tipo de chicanas y demoras, sigue sin reconocer estos delitos de lesa humanidad” y “llega al colmo, insostenible, al dar el caso Roslik como cosa juzgada” por la actuación de la Justicia militar, algo “absolutamente inaceptable”. “El lento avance de la Justicia y la obtención de algunos procesamientos poco nos han hecho avanzar en el sentido de la verdad [...], y nada ha conducido al encuentro de los desaparecidos”, lamentó. “La suma de omisiones de los poderes se extiende casi como una política de Estado que ningún gobierno ha cortado de raíz”, agregó.

La continuidad de la impunidad tiene consecuencias en el presente, dijo Zaffaroni, que agradeció a quienes, enfrentando “miles de obstáculos, robos e intimidaciones”, colaboran con la búsqueda de los desaparecidos. “En más de una oportunidad fueron amenazados ellos, y algún soldado que arrimó un dato, mientras los comandantes en jefe como [Ángel] Bertolotti y [el hoy senador, Guido] Manini se limitaron a observar, a distraer, a aportar datos falsos para obstaculizar”, criticó.

Otra consecuencia de la impunidad es la presencia en la coalición de gobierno “de un partido militar” que “no tiene empacho en avalar desde el Parlamento lo actuado por la dictadura y sus criminales más conspicuos”. “Nada de todo esto sale del aire”, reafirmó.

“Conocer el paradero de las víctimas es un derecho de los familiares”

La primera oradora del acto en la sala Zitarrosa fue la abogada del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Lucía Giudice, quien planteó en un video que fue transmitido que en estos 37 años desde el fin de la dictadura “el Estado uruguayo no ha ofrecido vías concretas que permitan encaminar procesos judiciales y administrativos tendientes a obtener la verdad” ni a encontrar a los desaparecidos.

Se ha instalado una “cultura de la impunidad respecto de los detenidos desaparecidos”, pero “es importante que el Estado uruguayo entienda que conocer el paradero de las víctimas es un derecho de los familiares”, subrayó Giudice.

“El Estado tiene la obligación de obtener información, de obtener la verdad, de que se conozca el paradero de las víctimas y de que se sepa qué es lo que sucedió con ellas”, añadió la abogada, antes de señalar que “es inadmisible que sean los familiares los que llevan adelante las investigaciones”.

Por último, Giudice reclamó “una política de Estado seria, responsable, tendiente a obtener la verdad y a ubicar a los detenidos desaparecidos”.

“La justicia es un derecho y una garantía”

Por su parte, el profesor de Historia Óscar Destouet repasó desde sus comienzos el proceso que derivó en el juicio contra el Plan Cóndor en Roma, que terminó con 14 militares uruguayos condenados, varios de ellos a cadena perpetua, incluido Jorge Troccoli, único acusado presente en el juicio.

El proceso en Roma “legitimó el relato y la magnitud de los horrores” cometidos por las dictaduras de la región, pero también “contribuyó a recuperar la capacidad de asombro e indignación” y a “revalorizar la democracia y la cultura de derechos: la justicia es un derecho y una garantía”, recalcó el docente.

Destouet también reclamó al Estado uruguayo algunas medidas concretas. En primer lugar, que se haga público “un índice descriptivo de la documentación atesorada en las agencias de inteligencia”, algo que consideró “un derecho que atañe a la verdad y la cristalinidad de la función pública”. En segundo término, exigió “la creación de un archivo nacional de la memoria que reúna diferentes fondos documentales” para que “al ser liberados del secretismo militar se transformen en fuente de información, verdad y derecho a saber”.