A partir de una petición del fiscal de Chuy, Andrés Moller, la Justicia imputó este sábado a tres personas por asociación para delinquir y trata de personas con fines de explotación laboral, según informó ayer la Fiscalía General de la Nación. Además, se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 150 días, mientras continúa la investigación, ya que se estima que podría haber más responsabilidades al tratarse de una “organización piramidal”.

Dos de las personas imputadas son de Ecuador y la otra de Venezuela. La Unidad de Víctimas asiste a 11 personas, también de origen venezolano y ecuatoriano, que estaban hospedadas en un hostel, ubicado a tres cuadras de la avenida principal del Chuy, y que vendían bonos para una supuesta organización protectora de animales, según explicó a la diaria el director de comunicación de la Fiscalía, Javier Benech.

Los contactaban mediante llamados laborales en la web y luego los explotaban a cambio de comida y techo. Una vez llegados al Uruguay, luego de una larga travesía por tierra, los obligaban a vender bonos de colaboración para ayudar a las “mascotas sin hogar”.

Cada uno de ellos recaudaba, en promedio, unos 2.000 pesos por día, según contó Benech. “El fiscal (Moller) piensa que es una organización piramidal y la idea de profundizar la investigación apunta a buscar a más responsables”, agregó.