La resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de suprimir juzgados de paz en diversos departamentos en el marco de una política de reorganización de los territorios jurisdiccionales generó críticas de todo el espectro político. La decisión, que, según un comunicado del Colegio de Abogados, afecta a 20 juzgados de paz, llevó a que diputados y senadores del oficialismo y de la oposición convocaran a las autoridades del Poder Judicial al Parlamento.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja, Cecilia Bottino, del Frente Amplio, anunció el sábado que se convocará al Parlamento “a los involucrados y afectados, para conocer las razones de la decisión, que afecta a la ciudadanía en el acceso a la justicia”.
También desde filas frenteamplistas, el diputado por Colonia Nicolás Viera calificó la decisión como una “mala señal” y la consideró “preocupante”, mientras que la representante por Canelones Lucía Etcheverry dijo que el cierre de algunos juzgados generará “incertidumbre para los trabajadores y para la población que recurría a la justicia en su comunidad”.
Asimismo, la bancada de senadores del Partido Nacional solicitará este lunes una reunión al presidente de la SCJ, Tabaré Sosa, según informaron fuentes nacionalistas. Al respecto, el senador Sebastián da Silva opinó que “la ‘reorganización de comunidades geográficas’ dispuesta por la SCJ destruye el derecho al resguardo de los derechos de los compatriotas que viven en localidades chicas del Uruguay”, y sostuvo que “eliminar juzgados de Paz, obligando a uruguayos a hacer decenas o centenas de kilómetros para cualquier trámite judicial, es la cara más cruda del centralismo”.
En la misma línea, el diputado de Colonia Mario Colman informó que junto con su par de Maldonado Diego Echeverría están realizando “gestiones” para “revertir la decisión que suprime 20 juzgados en el interior del país”.