El Ministerio del Interior prohibió el ingreso a las cárceles de la organización Nada Crece a la Sombra, aduciendo que a las organizaciones que no tengan convenios vigentes se les impedirá el ingreso. A su vez planteó que se dispondrá un protocolo para presentar y evaluar los proyectos socioeducativos en cárceles.

Nada Crece a la Sombra rechazó la medida tomada por el Ministerio, en un comunicado publicado esta tarde, en el que señalan que la organización tiene dos convenios en ejecución que están siendo violados por la decisión adoptada.

“En los convenios firmados, el Ministerio del Interior tiene como obligación permitir el ingreso a las unidades penitenciarias. También supone una irresponsabilidad respecto a la transferencia de fondos públicos que fueron destinados para llevar adelante un trabajo que ahora se quiere impedir”, señalaron.

Uno de los convenios que tiene la organización es con Presidencia de la República para realizar talleres en cárceles. El 23 de abril de este año, Presidencia transfirió 3.620.000 pesos a la organización para llevar adelante estos talleres. Según plantean, los fondos “permanecen pendientes de ejecución a la espera de que el Ministerio del Interior cumpla con las obligaciones que asumió en el convenio”.

El otro convenio de la organización con el Estado fue firmado el 13 de julio de 2021 y es uno de los 12 puntos del Plan Dignidad. Establece un Plan de Salud Sexual y Reproductiva, que tiene como objetivo garantizar la atención ginecológica integral a todas las mujeres privadas de libertad del país. Además de ser un convenio firmado por el Ministerio del Interior con la organización, participan el Ministerio de Salud Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Sindicato Médico del Uruguay.

En la presentación del Plan Dignidad plantean que es la “primera vez en la historia” y es “a partir de este acuerdo” que se brinda este derecho a las mujeres que están presas, apuntaron.

La organización señaló que la decisión vulnera el derecho al trabajo de sus integrantes, así como los derechos de las personas privadas de libertad, en la medida en que afecta una política penitenciaria de rehabilitación.

“Se coarta el desarrollo del proceso educativo que llevamos adelante en el módulo 3 del Comcar, módulo en el que la mitad de las personas duermen en el piso, que este año concentra la mayor cantidad de homicidios del sistema carcelario y que no tiene propuestas similares que suplan nuestro trabajo”, añadieron. Y enfatizaron en que “se vulnera el derecho de las mujeres privadas de libertad” al impedir la atención ginecológica integral a la que se compromete el convenio firmado.

Nada Crece a la Sombra le reclamó al Ministerio del Interior que se le indique “cómo será la ejecución de los 3.620.000 pesos que corresponden a fondos públicos” y expresó su preocupación por la continuidad de las políticas de rehabilitación que llevan adelante y por “cómo será proporcionada la atención ginecológica integral de las mujeres que habitan las once cárceles que restan cubrir por el incumplimiento del convenio”.