El Ministerio del Interior (MI) abrió un llamado a concurso de oposición y méritos para la contratación de hasta 1.000 policías retirados del subescalafón ejecutivo; se dedicarán a actividades preventivas y represivas ante conductas delictivas.

El contrato será a término, por hasta cuatro años, y podrá ser renovado por hasta por dos más. Así, al término de este proceso podrá haber policías retirados pero en actividad de hasta 71 años.

El MI plantea que este llamado se realiza al amparo de lo establecido en el artículo 167 de la ley de presupuesto (19.924) aprobada el 30 de diciembre de 2020, en la que se facultó a la cartera para realizar estas contrataciones.

Quienes sean contratados van a mantener el cobro de la jubilación policial y volverán a la institución con el grado que tenían al momento del retiro. La carga horaria será de 30 horas semanales. Los policías retirados que sean contratados no podrán cumplir funciones asociadas a servicios 222, es decir, de vigilancia contratada por el MI.

El MI plantea que la “finalidad del puesto” es “desempeñar funciones de relacionamiento con la comunidad (vecinos, comisiones barriales, actores sociales, centros de enseñanza u organismos análogos con finalidades de mejoramiento social), para fortalecer el entendimiento con la comunidad y el instituto policial”. Según las bases del concurso, los policías retirados tendrán distintos destinos: comisarías, seccionales policiales, subcomisarías, destacamentos, garitas o kioscos policiales.

Las remuneraciones están asociadas a los grados que tenían cuando se retiraron. Los grados de la escala básica que sean contratados como agentes, cabos o sargentos van a percibir 25.144 pesos, que equivale a 60% del sueldo nominal de un agente. Mientras quienes sean contratados como suboficial mayor, oficial ayudante y oficial principal tendrán un salario nominal de 33.678 pesos, equivalente a 60% del sueldo nominal de un suboficial mayor. Las remuneraciones incluyen las partidas por compromiso de gestión y presentismo. Estos salarios se suman al pago de la jubilación que ya cobran.

El período de inscripción es del 17 al 31 de enero inclusive y será exclusivamente virtual y las personas que se postulen sólo podrán inscribirse en el departamento en el que viven. Y, en caso de resultar seleccionados, deben participar de los cursos de actualización dispuestos por la Dirección Nacional de la Educación Policial.

Tienen prohibición de inscripción quienes hayan sido dados de baja o declarados “cesantes” como consecuencia de una sanción disciplinaria o por “ineptitud física o mental” ni quienes hayan sido sometidos a sumarios administrativos que se hayan resuelto con “decisión sancionatoria final por causa grave”. Tampoco pueden inscribirse quienes hayan sido condenados por alguna causa penal o estén sometidos a un proceso penal al momento de la contratación.

El proceso de selección será a través de una comisión especial designada. La prueba de oposición será una prueba física que consistirá en recorrer 2.000 metros en forma continua, lo que definirá si son aptos o no. También tendrán una prueba médica a cargo de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, en la que las enfermedades crónicas no constatadas que afecten el cumplimiento del servicio serán causal de eliminación. Además, tendrán una prueba psicológica.

Los puestos serán asignados de acuerdo al orden de prelación que determine el concurso y será potestad “de la autoridad” distribuir los cupos en los departamentos en los que considere conveniente.

Como competencias generales, se plantea “el compromiso con los objetivos de la organización y la adhesión a sus valores, orientación a la ciudadanía, orientación a resultados, proactividad y comportamiento ético con el servicio público”. Como competencias específicas se valora la “comunicación efectiva, buen relacionamiento interpersonal, capacidad de trabajo bajo presión y autocontrol, productividad y temple”.

La contratación de policías retirados generó polémica. Luis Alberto Heber, ministro del Interior, dijo que los policías retirados que contratarán “ya no están para correr en la calle”. Sin embargo, tienen entre sus funciones la “disuasión y represión del delito”, además de mantenerse la indivisibilidad de la función establecida en el artículo 41 de la Ley Orgánica Policial.

Para Heber, es “un potencial de gente que está en la Caja Policial y quiere volver a dar una mano”. Y reafirmó que son “gente que ya no está para correr en la calle, ni actuar en la calle, pero con la experiencia que tiene nos puede ayudar, incluso a estar con mayor presencia en las comisarías”.

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom) manifestó su posición contraria a esta iniciativa al plantear que “las jubilaciones policiales están sumergidas”, entonces “el policía dedica su vida a la función, literalmente, y se retira en la actualidad con 50% del sueldo base de retiro […] contratar a estos mismos retirados, pegándoles una compensación, que únicamente les permitirá cobrar en total (entre retiro y compensación) su grado, o incluso un grado menor al suyo, implica que trabajen en igualdad de condiciones que el resto del personal cobrando la mitad o menos. Parece muy desafortunado y de poco respeto al retirado policial”.

La Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma) también rechazó está iniciativa. Para Sipolma, el reintegro de policías retirados es “un error inexcusable” porque, de esta manera, el Ministerio del Interior se “aprovecha” de las bajas jubilaciones que cobran.