Tras los cuestionamientos de operadores judiciales por la duplicación de penas para los hurtos en vía pública, aprobada en la Rendición de Cuentas, legisladores del oficialismo analizarán con el Poder Ejecutivo modificaciones para evitar la inflación penal que supone y mitigar su impacto en el sistema carcelario, dado que lo que se buscaba era perseguir sólo el robo de cables.
A principios de diciembre, en el ámbito de la Fiscalía se advirtió que en el artículo 114 de la Rendición de Cuentas se había modificado el Código Penal, duplicando la pena mínima prevista para los hurtos especialmente agravados por estar vinculados a servicios o bienes públicos, o que se realizan contra un bien que está en la calle, una circunstancia agravante del hurto prevista en el numeral 6 del artículo 341 del Código Penal.
Según informó El Observador, el tema será planteado en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 19 de enero. El senador del Partido Nacional Jorge Gandini dijo al matutino que la aplicación de la norma “generó un efecto no deseado”, por lo que se buscará articular con el Ejecutivo para acordar una modificación.
En diálogo con la diaria el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, quien fue el que planteó el tema en el Parlamento, dijo que desde la cartera existe apertura para “ver alternativas y analizar otras redacciones que contemplen lo planteado por el Ministerio del Interior”.
Maciel explicó que la idea original, que llevó el Ministerio del Interior (MI) cuando se discutió la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, era crear un nuevo artículo al Código Penal -que iba a ser el 343 bis- para establecer específicamente para el robo de cables una pena de 24 meses de prisión a seis años de penitenciaría. Sin embargo, cuando el planteo se realizó en el Senado, los legisladores modificaron el numeral 6 del artículo 341, lo que incluye todos los hurtos de objetos expuestos al público.
Durante la presentación de la propuesta en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, el 22 de setiembre, Maciel mencionó el numeral 6 del artículo 341 dentro del marco normativo asociado al tema, pero planteó especialmente la creación del 343 bis.
“Con esta figura específica y autónoma se busca minimizar y combatir este tipo de circunstancias en las que se roba el cable para obtener cobre y los medidores de OSE para obtener bronce, a centros de enseñanza, tales como preescolares, escuelas, liceos, locales de UTU y centros CAIF, policlínicas municipales y de la Administración de Servicios de Salud del Estado”, señaló Maciel ante los legisladores. También mencionó que en esos días había recibido una carta enviada por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en la que le pedía trabajar para solucionar el tema, considerando los altos costos de reposición. Finalmente, la norma fue votada en el plenario sólo con los votos del oficialismo.
Consultado sobre estos efectos no buscados, o al menos no explicitados durante la discusión parlamentaria, Maciel respondió: “En la actual redacción, que es más amplia, a quienes va a afectar también es a los delincuentes que roban vehículos en la calle. Esta norma sólo perjudica al delincuente. Si no roba, no pasa nada”.
Para Maciel, la norma penal “también cumple un rol disuasivo y preventivo” y es necesario “ver su aplicación en la práctica” para tomar una definición “sin hacer futurología”. Hizo hincapié en que no es la función del Ejecutivo “valorar o cuestionar las normas legales” y agregó que las modificaciones a la propuesta original fueron realizadas por quienes tienen “todas las potestades y derecho a legislar”.
“Las estrategias tienen que ser otras si se procura una solución que impacte en la realidad. Lo que va a impactar es el aumento del tiempo de prisionización por delitos que son considerados de poca trascendencia”, dijo a la diaria el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, cuando el tema fue advertido por operadores judiciales.
Rosa planteó que la aplicación de la norma tendrá “un gran impacto” en el trabajo de la Fiscalía, dado que incluye, por ejemplo, a alguien que roba monedas dentro de un auto. Además, desestimó que la norma pueda tener algún efecto disuasivo: “Quienes llegan a la Fiscalía por cuestiones vinculadas a hurtos de cables son personas en situación de calle, adictas; no vemos que se puedan determinar en función de una norma”, agregó.
En diálogo con la diaria, el senador del Frente Amplio Charles Carrera destacó el reconocimiento del error y advirtió que el oficialismo está legislando “a las apuradas, sin consultar a la academia, sin el análisis de las consecuencias”. Carrera dijo que esa forma de legislar no sólo se dio con este artículo en la Rendición de Cuentas, sino también en varios artículos de la ley de urgente consideración.
“En su momento desde el MI se había trabajado en un grupo permanente con Antel y con UTE con patrullaje sobre las zonas calientes, eso se dejó de hacer y el problema vuelve a estar con fuerza sobre la mesa. Este delito hay que combatirlo con inteligencia, hay que ir al mercado legal para atacarlo, no puede ser que Uruguay exporte cobre”, afirmó.