Casi sin discusión, el Parlamento aprobó, con los votos del oficialismo, un artículo de la Rendición de Cuentas que impactará en el sistema de Justicia, dado que al aumentar las penas para la mayoría de los hurtos, desalienta los acuerdos abreviados y derriba la dosimetría penal. Operadores judiciales advierten que la entrada en vigencia de la ley hará colapsar varias áreas del servicio, tanto en la Fiscalía, como en la defensoría pública y el Poder Judicial.
El artículo 114 de la Rendición de Cuentas, que entrará en vigencia el 1° de enero, pasó de 12 a 24 meses la pena mínima prevista para los hurtos que están vinculados a servicios o bienes públicos, o se realizan contra un bien que está en la calle, tal como dispone el numeral 6 del artículo 341 del Código Penal.
Fuentes judiciales dijeron a la diaria que la norma alcanza situaciones muy frecuentes en la persecución penal, como el robo de cables, robo de objetos en autos estacionados en la calle o hurtos de materiales de oficinas públicas.
Si bien el agravante sobre el que se dispuso el aumento de la pena abarca una gran cantidad de situaciones, durante la discusión en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado sólo se hizo referencia al robo de cables.
“Con esto lo que se procura es perseguir un delito que tiene un daño social terrible y afecta a amplios sectores de la población, especialmente en la periferia de las ciudades, que se quedan sin luz, sin teléfono, sin internet”, señaló el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, el 22 de setiembre cuando presentó el artículo.
Según consta en la versión taquigráfica, Maciel planteó que el objetivo es “minimizar y combatir” el robo de cables y aseguró que “sería una norma que va a cumplir una función preventiva disuasiva penalizando estos casos concretos”.
“Esto va a tener un gran impacto en el trabajo que realizamos. Quienes llegan a la Fiscalía por cuestiones vinculadas a hurtos de cable son personas en situación de calle, adictas; no vemos que se puedan determinar en función de una norma”, afirmó a la diaria el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa.
“Las estrategias tienen que ser otras si se procura una solución que impacte en la realidad. Lo que va a impactar es el aumento del tiempo de prisionización por delitos que son considerados de poca trascendencia”, señaló, y puso como ejemplo que a partir de la vigencia de la ley una persona que robó unas monedas dentro de un auto tendrá una pena mínima de dos años de penitenciaría.
Fuentes judiciales dijeron a la diaria que la decisión afectará a la defensoría pública por el tipo de perfil de imputados en esos delitos, y advirtieron que al aumentar las penas, no va a ser atractivo realizar un acuerdo abreviado, y eso incrementará la prisión preventiva, debido a que la mayoría de los imputados por estos delitos no tienen domicilio o arraigo que habilite la espera del proceso en libertad.
“Se va a llenar de juicios y vamos a terminar litigando robos de autos y robos de cable”, señalaron, y advirtieron que en estos casos existen varias dificultades para obtener prueba, lo que alienta aún más que los casos sean llevados a juicio.
“Si querés atacar el mercado del cobre tenés que trepar hasta las últimas instancias de transacción y exportación, no vas a agarrar al que roba diez metros de cobre porque está desesperado por consumir“, agregaron.