El exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano declaró este martes ante la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, y avanzó hacia un acuerdo abreviado con la Fiscalía. Astesiano llegó pasadas las 8.00 a la sede de la Fiscalía ubicada en la calle Cerrito, a donde fue conducido desde la Unidad 6 Punta de Rieles.

Según informó en rueda de prensa su abogado, Marcos Prieto, Astesiano está analizando con la fiscal Fossati los términos de un acuerdo de condena por el que debería asumir su responsabilidad a cambio de una reducción de la pena. Astesiano fue imputado, a fines de setiembre, por los delitos de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias.

Prieto explicó que uno de los puntos que está analizando la defensa es la cantidad de evidencia que tiene la Fiscalía sobre los tres delitos imputados para definir si toma la vía procesal del juicio abreviado o va a juicio oral.

Fiscalía, el 15 de noviembre, en Montevideo.

Fiscalía, el 15 de noviembre, en Montevideo.

Foto: Ernesto Ryan

Consultado sobre si Astesiano admite alguno de los delitos que la Justicia le imputó, Prieto respondió: “Estamos trabajando. De los delitos que se le imputan puede que haya alguno con más o menos prueba, sobre eso estamos,la prueba que esté en la carpeta es lo que nos lleva a decir si usamos la herramienta del acuerdo como opción válida”, afirmó.

Prieto reiteró la disposición de Astesiano a colaborar con la Fiscalía y “aportar al trabajo que está llevando la fiscal adelante”, aunque no hizo alusión expresa al uso de la figura de colaborador.

En cuanto al traslado de Astesiano, que la semana pasada fue llevado desde la Unidad 19 de Florida a la misma unidad en la que cumple prisión preventiva el ruso Alexey Slivaev, en Punta de Rieles, Prieto aclaró que no pidió el traslado, pero señaló que es una potestad legal del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Esta fue la primera declaración que realizó Astesiano ante la fiscal Fossati desde que se logró obtener el 100% de la información del celular del excustodia presidencial, proceso que se vio enlentecido porque el exjefe de la seguridad presidencial borró buena parte de la información.

El acuerdo abreviado está regulado por los artículos 272 y 273 del Código del Proceso Penal y puede aplicarse sólo para establecer condenas por delitos que tengan una pena mínima, que no supere los cuatro años de penitenciaría. Los términos de la condena se acuerdan entre la defensa del imputado y la Fiscalía y deben ser validados por un juez. El condenado debe reconocer su responsabilidad en los delitos que se le atribuyen y a cambio obtiene una reducción de la pena de hasta una tercera parte, de la que hipotéticamente el fiscal pediría en un juicio oral. El proceso no incluye como requisito la colaboración en la investigación.

La figura del colaborador está regulada por el artículo 63 de la Ley de Lavado de Activos (19.574). En sus orígenes estaba reservada para delitos vinculados al crimen organizado, pero el artículo 12 de la ley de urgente consideración dispuso su aplicación para cualquier investigación penal.

En el caso de que Astesiano acepte acogerse a la figura de colaborador, la Fiscalía podría reducir la pena solicitada a la mitad del mínimo de pena previsto para los delitos que la Justicia le imputó, siempre que a cambio reciba información que signifique un aporte relevante para la resolución del caso, alcanzar nuevos involucrados o recuperar dinero. A partir de la firma del acuerdo, el colaborador tiene 180 días para brindar la información a la fiscal.

Las próximas audiencias

Para el miércoles está prevista la comparecencia, también en la Fiscalía, del ciudadano ruso Alexey Slivaev y el jueves declarará ante la fiscal Fossati el escribano Álvaro Fernández, los dos imputados por suposición de estado civil y asociación para delinquir.

Por otra parte, el juzgado penal de 38° turno convocó para el miércoles una audiencia para revisar la prisión preventiva de Fernández. La audiencia fue pedida por su abogado, Edison González, quien presentará pericias para fundamentar el pedido de arresto domiciliario, basado en sus condiciones de salud.