La plataforma plancondor.org y sus múltiples utilidades para aportar “a la búsqueda de verdad, memoria y justicia”

No debe de haber sido fácil analizar minuciosamente la historia de víctimas de secuestros, detenciones clandestinas, apremios, torturas, asesinatos y desapariciones. Mucho más dificultoso debe de haber sido generar estadísticas y una base de datos –números, porcentajes, cálculos– luego de haber recopilado información sobre personas que sufrieron todo eso, y otras que aún buscamos, incluidos los Estados, porque permanecen desaparecidas. Pero el trabajo se hizo y la información, muy valiosa, está y es pública. Dando continuidad a la entrevista que le hicimos a la investigadora italiana de la Universidad de Oxford Francesca Lessa para la diaria del sábado 12 de noviembre sobre su libro _Los juicios del Cóndor. La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur–, exploramos el proyecto plancondor.org, que contiene la base de datos sobre víctimas del Plan Cóndor, creada por Lessa, con la colaboración de un equipo de más de 15 profesionales.

La base de datos analiza 805 casos de víctimas de la coordinación represiva transnacional, en la que participaron policías y militares, con la complicidad de civiles, de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Las víctimas fueron detenidas entre agosto de 1969 y febrero de 1981. Se trata de “la única base de datos desarrollada a partir de un ejercicio metódico y cuidadoso de revisión de la información disponible existente sobre la represión transnacional de la década de 1970 en esta región”.¹

En la publicación se aclara el criterio para definir los casos de víctimas de represión transnacional y la diferencia con las víctimas de cada Estado en particular. “Se debió haber producido un cruce de fronteras como parte de la perpetración del delito”, criterio “acompañado” por tres “subcriterios”: “intercambio de información sobre una víctima entre dos países (normalmente el país de origen de la víctima y el país de acogida)”, “participación de agentes extranjeros en el o los hechos delictivos” y “traslado clandestino de la(s) víctima(s) del país de detención al país de origen”. Se aclara también que hay una “categoría residual” de “casos conexos” que “comprende dos grupos adicionales de víctimas que se incluyeron en la base de datos: menores y familiares de víctimas que a menudo fueron detenidos como parte de operaciones dirigidas a militantes específicos; y personas detenidas en un país en paralelo a, o como resultado de, operaciones en otro país contra miembros de la misma organización”.

En diálogo con la diaria desde Oxford, Lessa aclaró que “es importante distinguir entre las víctimas de la coordinación represiva y las víctimas de las dictaduras militares, ya que muchas veces estos dos universos de víctimas se mezclan sin aclarar bien de quién estamos hablando”. “Por un lado, las dictaduras militares que asolaron toda América Latina desde 1954 dejaron detrás un saldo de miles de víctimas de secuestros, torturas, detención clandestina, violencia sexual, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y robos de niños. Por otro lado, las víctimas del Plan Cóndor son un número mucho menor y bien delimitado, por haber sido la coordinación represiva una práctica que tenía un blanco muy específico: perseguir más allá de las fronteras a los exiliados políticos entre 1969 y 1981, y hubo 805 víctimas confirmadas de esa práctica hasta la fecha. Es difícil decir con certeza cuántos casos más habría además de los 805 casos analizados. Poder confirmar nuevos casos requiere tener acceso a documentos de archivos estatales y a sentencias judiciales, así como a testimonios de las víctimas”, sostuvo Lessa.

Los datos

La primera parte de la base de datos refiere a las características generales de las víctimas entre 1969 y 1981, nacionalidad, sexo, rango etario y afiliación política. Sobre la nacionalidad de las víctimas, los datos establecen que 47,7% son uruguayos, 23,7% argentinos y 14,3% chilenos, entre las más numerosas. 69% son hombres y 31% mujeres, 93% adultos y 7% niños, niñas y adolescentes (NNA). Respecto de las víctimas de género femenino (31%) y niños y adolescentes (7%), “el cruce con nacionalidad resulta en que el mayor porcentaje en ambos casos corresponde a la nacionalidad uruguaya (51% para las mujeres, 52% para NNA), seguida por la argentina (32% mujeres, 37,5% NNA)”.

Acerca de la afiliación política, se afirma que “la mayoría de las víctimas registradas tenía pertenencia a una organización política (39,8%) o armada (36,1%)”, entre las que predominan el Partido por la Victoria del Pueblo (15%), Montoneros (14,7%) y el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (11%). “También resalta que 12,5% de las víctimas registradas no tenían afiliación ni militancia de ningún tipo”.

La segunda parte de la base de datos refiere a las características de los hechos represivos, cómo fueron, y dónde y cuándo ocurrieron. Sobre el marco temporal, la investigación identifica cinco etapas del Plan Cóndor (ver gráfico), la de interacción embrionaria (agosto de 1969 a enero de 1974), la de coordinación policial (febrero de 1974 a enero de 1975), la de cooperación híbrida (febrero de 1975 a febrero de 1976), la del Sistema Cóndor (marzo de 1976 a diciembre de 1978) y la de dinámicas pos-Cóndor (enero de 1979 a febrero de 1981). En la segunda parte de la base de datos se observa que “la mayor parte de los crímenes se cometieron entre 1976 y 1978, en Argentina, y en perjuicio, en mayor medida, de personas de nacionalidad uruguaya”.

También se señala que luego de la “comisión del crimen”, en casi la mitad de los casos registrados, la condición de las víctimas fue la de ser detenidas y posteriormente liberadas por los secuestradores, “seguido de las víctimas que a la fecha continúan desaparecidas, que abarcan un tercio del total”.

En cuanto a los lugares de detención clandestina, el análisis constata que el cautiverio “al menos en una dependencia, fue una regularidad en el ejercicio de la represión respecto de este universo de víctimas”. “Por otra parte, los datos muestran que fueron efectivamente trasladadas hacia otros países una de cada cuatro víctimas registradas. La mitad de las víctimas trasladadas lo fueron hacia Uruguay”, se añade en el resumen ejecutivo de la investigación.

La plataforma

El proyecto plancondor.org es una iniciativa colaborativa de la Universidad de Oxford, de Reino Unido, y Sitios de la Memoria, Observatorio Luz Ibarburu y pozodeagua, de Uruguay, y la organización Londres 38, de Chile. Tiene como objetivos “recopilar información previamente dispersa sobre el Plan Cóndor en un sitio web único y de acceso abierto”, “difundir conocimientos y sensibilizar respecto a prácticas pasadas de la coordinación represiva de una manera accesible” y “generar herramientas de conocimiento y difusión que permitan aportar a los esfuerzos existentes de búsqueda de verdad, justicia y reparación, para contribuir a prevenir la repetición de delitos similares en el futuro”.

La elaboración de la base fue financiada por el programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizon 2020 en el marco del proyecto Marie Skłodowska-Curie número 702004. Los datos se consiguieron de siete conjuntos de fuentes: sentencias de tribunales penales de Argentina, Chile, Uruguay e Italia; informes finales de las comisiones de la verdad de Chile, Brasil y Paraguay; fichas de víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos políticos por responsabilidad del Estado elaboradas por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de Uruguay; el informe A todos ellos, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos; el informe Operación Cóndor: 40 años después, del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de Argentina; el informe Investigación histórica sobre dictadura y terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), de la Universidad de la República de Uruguay; y la base de datos virtual del Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile. “Los datos extraídos de estas fuentes se triangularon posteriormente con información relevante de literatura secundaria, archivos desclasificados y entrevistas con víctimas y expertos”, se detalla.

El sitio consta de una presentación del proyecto; un mapa donde se georreferencia los lugares vinculados a la red represiva; las fichas de las 805 víctimas relevadas por la investigación original de Francesca Lessa, y una primera selección de 20 casos cuyas fichas se completaron con una reseña en texto y audio; una base de datos con textos de sentencias de procesos penales en varios países latinoamericanos, pero también de Italia, Francia y Estados Unidos, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; una sección de publicaciones de organizaciones sociales, documentos y prensa con información sobre el Plan Cóndor; archivos de documentos estatales desclasificados; una sección de libros, y otra de artículos y capítulos de libros; una sección de estadísticas e infografías hechas a partir de la base de datos elaborada este año, y una sección con 30 audiovisuales sobre el tema.

La utilidad

Lessa explicó que “en un contexto político e histórico definido por el retorno de tendencias autoritarias en América del Sur y también en otros continentes”, plancondor.org “es un repositorio de acceso libre, gratuito y multilenguaje –la versión en inglés estará operativa para fines de 2022, y esperamos poder realizar la versión en portugués en un futuro cercano– que centraliza información confiable sobre la coordinación represiva”. “Confiamos en que esta plataforma se convierta en una herramienta de consulta permanente para un público amplio de personas, que abarque tanto a integrantes de organismos de la sociedad civil y de derechos humanos como a operadores judiciales y abogados, representantes de instituciones estatales e internacionales, periodistas, investigadores, docentes, militantes, referentes políticos, sociales, barriales y sindicales. Permite un acceso amplio y descentralizado, ya que desde cualquier dispositivo celular es posible visualizar, leer y descargar los contenidos. Las iniciativas digitales de acceso amplio a la información son una apuesta al diálogo y a la construcción colectiva en un contexto político e histórico donde se intensifican discursos y propuestas autoritarias. Las iniciativas democratizadoras son fundamentales para el presente de la defensa de los derechos humanos”, agregó la investigadora.

Para Lessa, la plataforma digital puede aportar “a la búsqueda de verdad, memoria y justicia, democratizando el acceso a la información, ampliando el público que tenga un conocimiento sobre las atrocidades del pasado reciente, y generando concientización respecto a los riesgos de la represión transnacional y las graves violaciones de los derechos humanos”. La investigadora consideró que la base de datos permite determinar cuáles casos no han sido aún investigados por la Justicia y aseguró que tienen pensado “acercar esa información a las autoridades correspondientes en cada país”.

“Además, puede ser un aporte para personas vinculadas a los sistemas de justicia –abogados, fiscales, jueces y denunciantes– que pueden no conocer o no tener fácil acceso a las sentencias o procesos realizados en otros países. Esta plataforma, además de presentar información previamente no disponible luego de desarrollar una investigación original, presenta la información en forma innovadora, haciendo uso de la georreferencia de trayectorias de víctimas y vinculando los contenidos entre sí en forma de red. Acceder a información nueva, en visualizaciones y formas diferentes, permite también pensar y entender los fenómenos históricos de forma innovadora”, expresó Lessa.

Consultada sobre el uso de la plataforma con fines educativos, Lessa dijo que hay diferentes materiales que se pueden utilizar como herramientas para los docentes. “En la sección de Proyecto se puede acceder a un contexto general y breve de la situación histórica donde se produjo el Plan Cóndor. Esos conceptos también pueden desarrollarse con artículos y libros de acceso libre disponibles en la sección Recursos, y, en particular, hay una serie de tres audiovisuales, Juicios al Cóndor 1, 2 y 3, que realizamos junto con Sebastián Santana, pozodeagua –Pincho Casanova y Macarena Montañez– y Diego Presa, que están pensados para ser accesibles a cualquier público, abordando temáticas complejas como las de la creación del Plan Cóndor y los avances y retrocesos en la búsqueda de verdad y justicia en América del Sur a través de dibujos, música y textos simples y accesibles para todo público, sin requerir ningún conocimiento previo”, añadió Lessa.

También destacó el mapa interactivo del Cóndor, que permite ver los lugares que tuvieron “un rol relevante en las trayectorias de detención y secuestro de las víctimas”, y donde “cada punto indica la cantidad de víctimas que se identificó y su pasaje o secuestro por ese punto, y permite acceder a las fichas de cada víctima”.

Sobre los desafíos del proyecto de cara al futuro, Lessa dijo que van a agregar “una línea de tiempo interactiva que abarca los momentos clave” del plan y “los hitos en la búsqueda de justicia”. “Además, vamos a incorporar fichas relativas a algunos de los centros clandestinos de detención emblemáticos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, como por ejemplo Automotores Orletti en Buenos Aires”. Uno de los mayores desafíos es “poder llegar más allá del público que ya pueda tener un interés en el tema y permitir de esa forma ampliar el público que utilice la plataforma, llegando a aquellas personas que por primera vez se acercan al Plan Cóndor y quieren conocer más sobre la coordinación del terror sin fronteras”. “En conclusión, los desafíos son múltiples y lo que entusiasma es el desafío de continuar ampliando la red de apoyo de organizaciones, investigadores, académicos y amigos del proyecto. Esto permite actualizar la información, ampliar el alcance y recibir una retroalimentación fundamental”, concluyó Lessa.