El 9 de diciembre hubo un incendio en el módulo 4 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) en el que murieron dos hombres de 44 y 49 años. Otros tres resultaron heridos de gravedad, dos fueron internados en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque), pero ambos murieron; uno de ellos, de 38 años, murió a los dos días de ser internado en el Cenaque y el otro hombre, de 52 años, falleció el 16 de diciembre. El único sobreviviente fue internado en el Hospital Español, donde permanece en recuperación.

Tras el incendio, desde el Ministerio del Interior se dijo que “no se podía hacer nada para evitarlo” y se deslindaron de la responsabilidad. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, presentó un informe al Parlamento en el que señala que el Estado es responsable de custodiar la vida y que es “patético” que haya habido dos guardias para 653 personas el día del siniestro. Además, retomó un reclamo histórico: que las cárceles cuenten con habilitación de Bomberos.

El módulo 4 tiene 400 plazas oficiales disponibles, pero el día del incendio había 653 personas, por lo que el hacinamiento en ese momento era de 163%. El comisionado también resaltó “la falta de personal suficiente y con capacidad de observación, control y vigilancia para actuar en pocos minutos ante emergencias extremas” y alertó sobre el “peligro estructural” que hay en la cárcel y la sobrecarga eléctrica producto del hacinamiento que hay en el módulo y que, según los informes de Bomberos, serían la causa del incendio.

Tras la emisión de este informe, en enero, Luis Alberto Heber, ministro del Interior, dijo en conferencia de prensa que las familias “tienen todo el derecho a reclamar” y que “es la Justicia quien va a determinar si tiene que indemnizarse”.

Petit sugiere resarcir a las víctimas y sus familias por el daño moral sufrido. En este sentido, la familia de uno de los privados de libertad fallecido en el incendio inició un juicio contra el Estado en el que reclaman 90 mil dólares por los daños sufridos.

Rodrigo Rolón, abogado de la familia, dijo a Telenoche: “Vamos a demandar al Estado en su conjunto porque debe garantizar las condiciones” en las cárceles. “Creemos que se está aplicando la pena de muerte porque todos los días mueren presos en las cárceles y no puede ser que el Estado no se haga cargo de eso”, señaló el abogado.