John Pérez se crió en el barrio Lavalleja, en la década del 60 y 70. Su madre era ama de casa y su padre chofer de Cutcsa, ambos con primaria completa como su mayor nivel educativo. Él y su hermano fueron la primera generación de universitarios de la familia. A su casa, ubicada en Camino Santos cerca de Instrucciones, llegaban tres diarios por día. A los 25 años ingresó por concurso como juez de paz, trabajó en Tacuarembó, Mercedes, Rivera, Rocha, San José y Montevideo, y fue ministro del Tribunal de Apelaciones en lo laboral y en lo civil, hasta que en diciembre de 2020 ingresó a la Suprema Corte de Justicia.

Pérez recibió a la diaria en su despacho del Palacio Piria, nueve días después de asumir la presidencia de la Corte. A diferencia de su antecesor, optó por impulsar un vínculo directo con la prensa y asumir su opinión como la del “20%” del máximo órgano de Justicia. Entre varios temas, habló de la necesidad de que los peritos que integran el Instituto Técnico Forense y los defensores de oficio sean independientes del Poder Judicial, del avance de las causas sobre derechos humanos, de la creación de los juzgados de género, del incumplimiento de la Ley de Concursos, del acceso a la Justicia y las garantías del proceso, del rol de la prensa y la opinión pública en los litigios judiciales y de la importancia de conocer personalmente las situaciones que atraviesa el sistema de justicia en todo el país.

¿Cómo se siente en estos primeros días en el ejercicio del cargo?

Me ha exigido mucho más trabajo, me he movido mucho más, porque hay más compromisos y más cosas que firmar y seguir.

Durante el discurso de asunción habló de la necesidad de realizar capacitaciones en el área administrativa para los ministros de Tribunal y jueces de Montevideo ¿Por qué le parece que es necesario capacitar en administración?

Es una gran preocupación porque cuando llegás acá, un alto porcentaje de la tarea del ministro es administrativa. En la parte jurisdiccional, después de 30, 40 años, más o menos tenés posición en muchas cosas, aunque siempre aparece algo nuevo, nunca se puede decir que se dominan todas las materias; pero es más fácil porque uno estuvo toda la vida acostumbrado a eso. Yo tengo 42 años en el Poder Judicial. En la parte administrativa, salvo que te capacites porque tengas un interés personal, si no tenés esa capacitación tratás de traspasar la mentalidad con la que venías sobre el aspecto administrativo, y una cosa es ser juez y otra es ser administrador. Yo me capacité y sigo leyendo, iba a congresos hasta en la pandemia, busco bibliografía para ver qué mejorar, porque para mí todo tiene que ser mejorable. El día que piense que algo no es mejorable me voy a jubilar. Estoy pensando en las próximas generaciones. Acá tenés que tener en cuenta las políticas judiciales. Para hablar de política, tenés que tener noción de lo que es una política pública, de cómo influir en la agenda, de qué podés hacer. Hay montones de cosas que uno tiene que dominar en el ámbito administrativo. Por más que tengas un buen aparato administrativo, que hoy lo tenemos, porque la dirección general marcha muy bien, las políticas la tienen que fijar los cinco, y si los cinco no hablan el mismo lenguaje en materia administrativa, pueden generarse desfasajes. A mí me quedan seis años acá y uno tiene que mirar para adelante; uno ya está jugando los descuentos en la vida y en el cargo.

¿Dónde vivía cuando era niño y cómo llegó a la presidencia de la SCJ?

Nací en un barrio problemático como es el barrio Lavalleja, en Camino Santos, a tres cuadras de Instrucciones. Estoy muy orgulloso, mi padre fue toda la vida chofer de Cutcsa y mi mamá era ama de casa. Los dos habían hecho la escuela y los dos hijos salimos profesionales. Yo hice toda la carrera con una beca de trabajo que daba la Universidad de la República en aquel entonces, siempre en Montevideo, hasta que me fui con 25 años al interior. Nunca había salido de Montevideo, nada más que de visita. Entré al Poder Judicial en 1980, cuando estaba haciendo la última práctica forense por concurso de oposición y mérito. Eran 500 personas y entramos los primeros 30, ya no queda casi nadie de esa generación, porque se han jubilado todos por edad. Empecé como juez de paz en Tacuarembó, después estuve cuatro años viviendo en Mercedes, dos años en Rivera, después me trajeron a Rocha, a San José y a Montevideo. Estuve a cargo de un programa de mejora del Poder Judicial representando a la SCJ, volví a la función y ascendí al Tribunal y estuve 18 años. Primero en lo laboral seis años, en los que trabajé con la doctora [Doris] Morales, y después estuve casi 13 años en lo civil. Llegar a la Corte más o menos te lleva 20 años de tribunal. Todos los que llegamos acá llegamos con eso.

¿Qué fue lo que lo llevó a estudiar Derecho?

Yo hice la carrera de abogado para ser juez, en la generación mía era el único que quería ser juez. Cuando entré los sueldos eran miserables. Yo había ejercido un pequeño tiempo como abogado porque me quería casar, y en aquella época por un escrito de abogado sacaba el sueldo de juez. No te pagaban alquiler y no había tantas sedes como ahora; igual no lo pensé, porque es mi vocación.

¿Cómo ve el rol del juez penal ahora? ¿Le gustaría ser fiscal con el nuevo sistema?

No, seguiría siendo juez. Siempre estuve a favor del procedimiento oral y no es que antes no lo podías hacer, antes también se podía, tenías que conseguir la colaboración del abogado defensor y del fiscal. En Rivera hice todos los procesos orales.

¿Cuáles son las dificultades más importantes que debe afrontar el Poder Judicial? En materia penal se han escuchado críticas en cuanto a una acción bastante condescendiente con la fiscalía.

Yo veo los expedientes cuando ya llegan consumados, con la sentencia del juez, con la sentencia del Tribunal. Si pasa eso, en los hechos no lo puedo afirmar ni negar. La función del juez ahora pasó a ser más bien de un juez de garantías y un juez de juicio, antes hacíamos la función de todo. Ahora el juez va a fallar de acuerdo a las pruebas que le presente la defensa, lo que le da un grado de imparcialidad mucho mejor. El porcentaje de casos que le llegan [al juez de juicio] son muy pocos, se acuerda todo en Fiscalía y el juez lo que hace es homologar, y no tiene mucho margen para no homologar.

¿Por qué no se aplica la Ley de Concursos para determinar el ascenso de los jueces? Es una ley que está vigente.

Es un problema que tiene que tener solución. Ahora que nos integramos los cinco vamos a empezar a estudiarlo. La Asociación de Magistrados del Uruguay nos entregó un proyecto con lo que pretende eso, yo a su vez redacté algunas cosas, otros redactaron otra, y creo que a mediados de marzo vamos a resolver ese problema.

¿Por qué no se ha cumplido hasta ahora? Por más que la ley esté impugnada, porque los ministros de la SCJ presentaron un recurso de inconstitucionalidad, está vigente.

Se iba a hacer un concurso pero decidimos esperar a la nueva integrante, porque no podemos hacer un concurso con unas bases y después, cuando nos pongamos todos de acuerdo, cambiar las bases. La gente tiene que tener las reglas claras y precisas de entrada; por eso es preferible esperar un poco más y reglamentar todo. Yo no me pronuncié por la constitucionalidad porque cuando llegué ese problema ya estaba.

¿Qué pasó con el ascenso del juez Fernando Tovagliare? La ministra María Elena Martínez denunció que no se respetó lo que la propia Corte acordó, porque se concedió el ascenso tomando sólo el concurso como referencia, sin que estuviera en la lista de prelación.

En el caso de Tovagliare, la mayoría entendimos que al haber abierto un concurso y al haber ganado con el máximo puntaje, no podíamos decirle “no, ahora vamos a cambiar las reglas”; eso fue, al menos, lo que a mí me llevó a fundamentar el voto. No le puedo decir “se presentó a un concurso y ganó, pero no”.

¿No estaba preestablecido que ese concurso sería un insumo más?

Era discutible, no estaba en la lista de ascensos, pero había ganado. Si le decimos que no está en la lista, ¿para qué hicimos el concurso? Para mí no estaba tan claro eso, para la doctora Martínez sí; son distintas posiciones, todas respetables. Acá somos cinco y los cinco tenemos los mismos poderes.

¿Qué pasa con la instalación de los juzgados de género? El de San Carlos estaba avanzado, pero ¿cómo vienen los demás?

El de San Carlos está completamente listo, el viernes pasado fui a verlo. Ese es el primero que va a funcionar, a partir del 21, es un excelente proyecto y una obra conjunta de varios poderes y niveles institucionales. La escribana [Beatriz] Argimón hizo varios contactos para conseguir los fondos a nivel parlamentario; con el Poder Ejecutivo intervino el intendente [Enrique] Antía y el alcalde de San Carlos, entre todos se consiguió el local, que se pueda abonar el alquiler, y nos ayudaron a reformar. Cuando se trabaja en conjunto podemos lograr cosas. Lo mismo va a ser en Rivera y en Salto.

¿Hay una fecha estimada para su funcionamiento?

Lo de Rivera se está haciendo y en Salto están proyectándose las distintas etapas. De acuerdo a la Ley de Presupuesto serían tres. A veces somos criticados porque tendría que haber más, pero no es que no queramos tener más, en el Presupuesto se propusieron 18, pero no hay fondos y con la situación de la pandemia no podemos decir que haya sido mala voluntad. El juzgado de género va a solucionar un problema en concreto, que es el problema judicial, pero hay un problema social que camina por otro carril.

Los defensores de oficio denunciaron una situación de indefensión: dijeron que en 80% de las audiencias los imputados están sin abogados. ¿La Corte está al tanto de esto?

La Corte está haciendo un relevamiento. No podemos contratar a más defensores, tenemos que redistribuir de otras materias para donde realmente se necesiten más.

La denuncia es grave, no sólo para los imputados que no tienen quién los defienda en la audiencia y les explique su situación procesal, sino también para la víctima, que a veces tampoco accede a un abogado y no tiene posibilidades de contar con un ámbito privado para dialogar con su defensa.

Habría que ver los casos, porque también hay un sistema de subrogaciones. Como son personas de bajos recursos, los defensores tienen que defender a la víctima y al victimario, y a veces no hay suficientes defensores. Hay un problema edilicio. En Montevideo había tres salas compartimentadas, hice que tiraran la pared del medio para que estuvieran más cómodos, vamos a tratar de poner empeño. Consultamos al Poder Ejecutivo y accedió a que podamos pasar ahorros para trabajar en ese edificio de la calle Venezuela, y estamos viendo las necesidades de ese edificio.

Los defensores de oficio denunciaron casos de abuso policial en seccionales. Como la ley de urgente consideración habilita el interrogatorio policial, al no haber defensores hay un problema de garantías. ¿Para la Corte los defensores deben llegar a las seccionales?

El derecho debe garantizarse por sobre todas las cosas, como la libertad de expresión. Para mí esas cosas son vitales, hay que ver los casos y por qué no llegan. El año pasado, cuando hicieron una denuncia genérica, les dijimos que presentaran los casos y les pedimos denuncias más concretas.

¿Qué piensa de la situación de los peritos, que pertenecen al Poder Judicial, pero en los hechos están bajo las órdenes de los fiscales? ¿Cree que deberían pasar a Fiscalía?

Ese es un problema que hay que solucionar. Para mí el Instituto Técnico Forense tiene que ser un organismo independiente porque tiene que auxiliar al juez, auxiliar a la Fiscalía y también auxiliar a la defensa. La defensa tiene los mismos derechos que las otras partes, pero esa es una opinión personal. Igual que la defensoría, no debería depender de nosotros, ni de los fiscales.

Eso les daría a los imputados la posibilidad de defenderse con pericias.

Actualmente tendrían que darles las pericias, pero no sé por qué se trancan. El año pasado había una modificación presupuestal que planteaba que la mitad de los servicios iba a depender de la Fiscalía; por suerte no salió, porque yo no estoy de acuerdo, no pueden depender de una parte ni de la otra, tiene que ser algo imparcial a lo cual todos tengan acceso. Esa es mi opinión personal, el 20% piensa eso.

Hubo una denuncia de filtración de los votos de los ministros desde el despacho del ministro Tabaré Sosa y se conformó una corte integrada. ¿Podría haber sanciones administrativas, más allá de lo que determine la Justicia?

La corte integrada tiene todas las potestades para actuar. Ese problema ocurrió antes de que yo llegara acá y era el único que podía actuar, pero me abstuve por una cuestión de transparencia. Se crearon dos cortes integradas, una para la parte administrativa y otra para la parte penal. Trato de no enterarme para que no se tome como una influencia, no tengo noción de en qué andan porque me parece que es lo que hay que hacer. Lo que decida la corte será la decisión soberana, tiene las mismas potestades que esta corte.

Crysol reclamó que las causas que investigan crímenes de la dictadura sean una prioridad. ¿Qué lugar ocupa en su gestión ese tema y qué podría hacerse para que avancen con mayor velocidad? En la Fiscalía hubo una reestructura en ese tema que tuvo buenos resultados.

La acción tiene que tomarla la Fiscalía, y se avanza en la medida en que se van generando las pruebas. Se va complicando porque va falleciendo gente y no son fáciles esos casos. Hay que cumplir con el deber, como en todas las áreas.

Podría haber un cambio en la posición de la Corte sobre el reconocimiento de los crímenes de la dictadura como crímenes de lesa humanidad. Usted es uno de los dos ministros que están a favor de esa posición.

No sé qué piensa Doris [Morales], no he hablado del tema porque quiero que tenga una posición libre de toda contaminación. Ella estudiará la posición de la mayoría, de la minoría y tomará su posición. Es una excelente magistrada.

Los juzgados de paz han tenido un retroceso en los últimos años. ¿Debería revertirse ese proceso?

Hay que estudiarlo muy bien.

Cuando una persona es defendida por un defensor particular, el abogado puede salir a la prensa, defiende el caso, como planteó el ex fiscal de Corte Jorge Díaz, “en todas las canchas”. Sin embargo, cuando se trata de un defensor público ya se le cierra esa posibilidad. ¿Qué piensa sobre eso?

En las vacaciones estaba leyendo un libro sobre la nueva trinidad, el juez, los medios de comunicación y la opinión pública, y cómo influyen las distintas cosas. Para mí no hay algo que impida que los defensores públicos hablen, pero los partidos se tienen que jugar en el expediente, esa es la cancha. Lamentablemente, desde afuera todo el mundo habla de todo y muchas veces sin saber. Nosotros tenemos peor visión de la gente que nunca entró a un juzgado que la que entró. Hemos hecho tres encuestas y siempre nos dan los mismos resultados, quiere decir que no estamos comunicando bien.

La Asociación de la Prensa Uruguaya le pidió una reunión por la orden de allanamiento de Azul FM. ¿Qué piensa de esa decisión judicial?

El pedido de reunión llegó hoy [miércoles 9] y va a quedar para dentro de dos semanas. No tengo todos los elementos y no puedo emitir una opinión, porque mi opinión tiene un valor distinto. Si yo opino de fútbol a nadie le va a interesar, pero si opino de ese asunto puedo ser una influencia que no corresponde. La independencia del juez es lo más importante, las partes disponen de los recursos y el tribunal verá. Ese asunto en algún momento va a llegar a la Corte, y si opino estaría prejuzgando.

¿Por qué decidió abrirse a hablar con la prensa?

Nosotros ocupamos cargos públicos y, como figuras públicas, debemos dar el mayor acceso a la prensa. Yo soy un defensor de la prensa, la gente tiene que tener la mayor libertad de acceso a la información. Leo todos los diarios y saco mis conclusiones. La función de nosotros es solucionarle los problemas a la sociedad. Al tener contacto con ella uno ve otras realidades. Todo el país es distinto, yo viví en varios lados; las costumbres, los valores, la forma de hablar, es todo distinto. Los juzgados tienen que sentirse apoyados, no puede ser una cosa distante. Este año quiero recorrer todo el país, hay cosas fácilmente solucionables sólo con ir y mirar. El otro día estuve en San José, fui a Ciudad del Plata, y noté que había un gran problema de violencia de género y problemas familiares: habría que pensar en poner un juzgado de familia ahí. Ahí el juzgado que corresponde es Libertad, y me decían que fijaban audiencia de denuncias de violencia y la gente no va porque no tiene plata para el ómnibus. Averigüé que sale 100 pesos, eso no es accesible. La otra vez me reuní con la directora de Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, para tratar de hacer algún convenio con algunas empresa para conseguir pasajes, y tuve la mejor disposición, vamos a estudiar todo ese tipo de problemas. Si no estamos cerca de la sociedad no tiene sentido.