El canciller Francisco Bustillo y la subsecretaria Carolina Ache recibieron este miércoles a una delegación de la asociación de ex presos políticos Crysol para hablar sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que encontró responsabilidad del Estado en los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurrido el 21 de abril de 1974, y las desapariciones de Óscar Tassino, en julio de 1977, y de Luis Eduardo González, en diciembre de 1974. En el encuentro también participó el director de Asuntos de Derecho Internacional, Carlos Matta, quien fue el abogado que representó al Estado en la instancia internacional.

En diálogo con la diaria el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, calificó como “muy buena y seria” la reunión en cancillería y destacó que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores les mostraron un cronograma de trabajo previsto para cumplir con cada uno de los puntos planteados en la sentencia del tribunal regional.

La sentencia –que obliga al Estado en la medida en que el Parlamento uruguayo ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos y la competencia de las instituciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos– establece reparaciones económicas a los familiares de las víctimas, la continuación de las investigaciones judiciales para terminar los procesos “en un plazo razonable”, generar las condiciones para avanzar en la búsqueda de los restos de las víctimas, brindar apoyo psicológico a sus familiares, incorporar a los programas de formación de las escuelas de las Fuerzas Armadas estudios sobre derechos humanos y la realización de un acto público de reconocimiento internacional de la responsabilidad del Estado uruguayo en los crímenes investigados en la causa, tal como se realizó en el caso Gelman.

“Nos presentaron un cronograma de cumplimiento de cada uno de los aspectos vinculados a la sentencia y los plazos establecidos”, señaló Grisoni y agregó que la cancillería está en comunicación con la corte para cumplir cabalmente con la sentencia.

Uno de los puntos tratados en la reunión fue la forma en la que dará cumplimiento al fortalecimiento de la búsqueda de detenidos desaparecidos, que está en manos de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDDH) por la Ley No 19.822. Crysol expresó su conformidad con el trabajo liderado por los directores de la institución, Wilder Tayler y Mariana Mota, y reconoció el compromiso de Presidencia de la República con el trabajo de las excavaciones. En esa línea, plantearon la necesidad de que continúen al frente de esa tarea, aunque no sean reelectos en sus cargos por el Parlamento. “Entendemos que Tayler y Mota deberían seguir al frente de esta tarea, habría que buscar la salida política porque no hay ningún mandato que obligue a que los que estén al frente de las investigaciones sean integrantes del Consejo Directivo”, señaló Grissoni, quien recordó que el período del actual directorio culmina este año.

También hablaron sobre la cantidad de votos en blanco en el referéndum del domingo y la necesidad de “hacer una lectura desde el Poder Ejecutivo”, dado que la convocatoria a votar en blanco fue realizada por “sectores nostálgicos del proceso, que promueven la amnistía” para procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, en referencia –sin nombrarlos– a Mercedes Vigil y Eduardo Abenia, quienes fueron recibidos por el presidente Luis Lacalle Pou.

Crysol advirtió al canciller que avanzar en el proyecto presentado por Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años, que alcanza a condenados por crímenes de la dictadura, implica “violentar los compromisos internacionales asumidos por Uruguay” y resaltó que se respetaron “todas las garantías del debido proceso”.