La Justicia informó este martes el sobreseimiento de cinco personas imputadas en el marco de la Operación Océano, la causa que investiga explotación sexual contra adolescentes. De las 36 personas investigadas, la fiscalía informó que cuenta con evidencias suficientes como para llevar a juicio a 25. De los 11 restantes, cinco fueron sobreseídos, en dos casos se archivará la investigación, dado que no fueron imputados, y los cuatro restantes siguen a estudio.
Uno de los sobreseimientos que fue comunicado por el juzgado penal de 33° turno, a cargo de la jueza María Noel Tonarelli, fue el de Evelyn Orona, la única mujer imputada en la causa, por los delitos de contribución a explotación de menores y proxenetismo.
A raíz de la formalización del proceso en su contra, pedida por la fiscal Darviña Viera y concedido por el juez de garantías Marcelo Malvar, a la mujer de 24 años se le suspendió la patria potestad, lo que le impidió continuar el proceso de un juicio por visitas con el que aspiraba a regularizar el contacto con su hija.
Orona fue dada de baja en la Fuerza Aérea Uruguaya y durante los dos años del proceso perdió al menos dos trabajos, en circunstancias que ella relaciona con la causa, dado que se dieron después de haber pedido licencia para asistir a audiencia o que el caso tuviese exposición.
Para pedir su imputación, en junio de 2020, Viera se basó en un mensaje de quien fuera su pareja, también imputado en la causa, que ofreció a la víctima utilizar la vivienda, que era ofrecida por ambos en alquiler a trabajadoras sexuales. El 11 de agosto de 2020, dos meses después de que fuera imputada, la principal víctima de la causa declaró que no conocía a Orona y que no había tenido ningún vínculo con ella. En noviembre de 2020 el abogado que la representa, Juan Manuel González Rossi, pidió su sobreseimiento en el marco de lo establecido por el artículo 131 del nuevo Cödigo del Proceso Penal, pero fue negado por la jueza Adriana de los Santos.
“Este era el resultado que esperábamos desde hace mucho tiempo, ella nunca debió ser imputada, lo planteamos ante la Fiscalía General de la Nación, pero la fiscalía no hizo lugar a esta solicitud entonces presentamos en el juzgado el pedido de sobreseimiento”, comentó González Rossi en diálogo con la diaria.
González Rossi hizo hincapié en que la fiscalía, al ignorar la evidencia que exoneraba de responsabilidad a su defendida, no actuó de acuerdo al principio de objetividad que requiere el artículo 10 de la Ley 19.483 y el artículo 144 del nuevo código del proceso penal, además del principio de celeridad con la que debería haber actuado, establecido en el artículo 7 de la Ley 19.483.
“A partir de ese momento el pedido de sobreseimiento tenía que salir. Si a la fiscalía le consta que una persona no cometió el delito, hay que salir corriendo a pedir el sobreseimiento y demoró un año y medio”, sostuvo.
El abogado anunció que su cliente iniciará una demanda por daños contra el Estado por los perjuicios que le generó la imputación, tanto en el ámbito laboral como social.
Además de este pedido de sobreseimiento, el juzgado notificó otros cuatro, entre ellos el de un hombre que no tuvo contacto físico con la víctima y sobre el que la principal víctima dijo nunca haber conocido. La fiscalía tiene previsto pedir más sobreseimientos, que aún no han sido notificados.
Por otra parte, viene avanzando en algunos acuerdos abreviados que están a punto de cerrarse. En la información brindada por la fiscalía la semana pasada, se informó que existían ocho negociaciones para cerrar acuerdos con los imputados. Según supo la diaria, al menos dos de ellas fueron descartadas, por lo que, por el momento, irían a juicio al menos 19 personas.
La fiscal de Delitos Sexuales subrogante de 5° turno, Mariana Alfaro, tiene plazo hasta el 13 de mayo para presentar la acusación, el sobreseimiento o el archivo, de las 36 personas que han sido investigadas en la causa. En las acusaciones también se conocerán los ajustes de las tipificaciones que la fiscalía haya podido realizar en virtud de las evidencias recolectadas en estos dos años de investigación penal.
A partir de las acusaciones, los abogados tienen un plazo de 30 días para contestar la acusación y luego la jueza Tonarelli, en lo que será su última actuación en la causa, convocará a audiencia de control de acusación en la que se definirá qué evidencias se podrán utilizar como pruebas en el juicio oral.