El fiscal de Corte, Juan Gómez, recibió en la Fiscalía a una delegación de la organización de ex presos políticos Crysol para conversar sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que encontró responsabilidad del Estado en las desapariciones de Óscar Tassino, en julio de 1977, y de Luis Eduardo González, en diciembre de 1974, y de los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurridos el 21 de abril de 1974.

En diálogo con la diaria, el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, señaló que la reunión fue pedida porque en la sentencia de la CIDH la corte internacional encomendó al Estado a fortalecer la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Concretamente, la sentencia emitida en diciembre de 2021 insta a la Fiscalía a “adoptar un plan estratégico dirigido a enjuiciar y castigar debidamente a los autores de actos de violencia contra la mujer cometidos durante la dictadura cívico-militar”.

Grisoni valoró el recibimiento del fiscal de Corte y su compromiso para dotar a la Fiscalía de los recursos que entienda necesarios, dentro de las posibilidades presupuestales de la Fiscalía. En esa línea, quedó a disposición para recibir los planteos del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y señaló que esa Fiscalía ya cuenta con buenos recursos, si se la compara con otras sedes.

La reunión fue la segunda, dentro de una recorrida que está llevando a cabo la organización que nuclea a ex presos políticos para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la corte internacional. A fines de marzo, integrantes de Crysol se reunieron con el canciller Francisco Bustillo y la subsecretaria Carolina Ache, quienes les presentaron el cronograma de trabajo que diseñó el Ministerio de Relaciones Exteriores para dar cumplimiento a la sentencia de la corte que obliga al Estado, en la medida en que el Parlamento uruguayo ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos y la competencia de las instituciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

La sentencia establece reparaciones económicas a los familiares de las víctimas e insta al Estado a continuar con las investigaciones judiciales para terminar los procesos “en un plazo razonable”, generar las condiciones para avanzar en la búsqueda de los restos de las víctimas, brindar apoyo psicológico a sus familiares, incorporar a los programas de formación de las escuelas de las Fuerzas Armadas estudios sobre derechos humanos y la realización de un acto público de reconocimiento internacional de la responsabilidad del Estado uruguayo en los crímenes investigados en la causa.