El juez en lo Contencioso Administrativo de tercer turno, Javier Gandini, dispuso una prórroga en la audiencia por el juicio de acceso a la información pública llevado adelante por legisladores del Frente Amplio (FA) contra Presidencia de la República, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
La causa se inició luego de que los legisladores del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez, Charles Carrera, Daniel Caggiani y Sebastián Sabini efectuaran un pedido de acceso a la información pública para conocer cuántas iniciativas privadas había recibido el Poder Ejecutivo desde el inicio del período de gobierno.
La respuesta que obtuvieron por parte de la prosecretaría de Presidencia fue considerada incompleta por los legisladores, dado que esta respondió que existían 13 iniciativas privadas, cuando los legisladores sabían que sólo en OSE se habían presentado 25.
En la audiencia de este jueves, Presidencia entregó a los accionantes la información solicitada en la que se da cuenta de 130 iniciativas privadas presentadas y argumentó que, cuando respondió el pedido de acceso, solamente informó sobre los procesos que ya habían culminado, descartando los que aún estaban en trámite.
Ante la entrega de la información, el juez Gandini prorrogó la audiencia para que los legisladores pudieran analizar la documentación.
En diálogo con la diaria, el senador Charles Carrera explicó que están estudiando el documento y particularmente la pertinencia de la omisión de algunos datos que fueron considerados reservados por Presidencia, como los nombres de las empresas que se presentaron y la iniciativa propuesta.
Las iniciativas privadas están reguladas por los artículos 19 y 20 de la Ley 17.555 y son un mecanismo por el cual las empresas pueden proponer la realización de inversiones por parte del Estado y, si son aceptadas, obtienen entre 5% y 20% sobre el valor ofertado en la licitación para concretar la obra. Los literales a y b del artículo 19 plantean que la confidencialidad de las iniciativas privadas rige desde que son presentadas hasta que son aceptadas por el Poder Ejecutivo.
Si los legisladores entienden que la información aportada es incompleta, Gandini retomará la audiencia y deberá expedirse en un plazo de 24 horas después de culminada. La sentencia de primera instancia puede ser apelada ante un tribunal de apelaciones en lo civil, en un plazo de tres días.