Tras la decisión del Tribunal Superior de Liquidaciones panameño de rechazar el recurso de hábeas corpus presentado por el abogado de la contadora uruguaya Maya Cikurel, la Justicia inició la audiencia preliminar en la causa que investiga la red de corrupción con obras públicas por intermedio de la constructora brasileña Odebrecht.
Al declarar legal la orden de detención de la uruguaya Maya Cikurel, el tribunal dio vía libre para que la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, iniciara la audiencia preliminar, en la que se escuchan las oposiciones a la vista fiscal, los alegatos de los defensores y la posición de la Fiscalía especializada en Anticorrupción.
Según explicaron a la diaria fuentes judiciales panameñas, la audiencia preliminar debe finalizar antes del 30 de setiembre y, a partir de entonces, la jueza tiene 30 días para definir quiénes van a juicio, aunque podría pedir una prórroga fundamentada en el volumen del material que debe analizar.
Las fuentes explicaron que Cikurel, pese a no haber sido extraditada, puede ser juzgada por el tribunal, teniendo como garantía la representación de su abogado, dado que la causa se procesa por el sistema inquisitivo mixto, un sistema anterior al acusatorio que habilita el juzgamiento en ausencia.
Cikurel es investigada por un delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales previsto en el artículo 254 del Código Penal de Panamá, que tiene una pena máxima de 12 años. Según la investigación, la maniobra se concretaba a través de transferencias millonarias a políticos y gobernantes por intermedio de Arcadex Corporation, una empresa offshore registrada en Belice, presuntamente controlada por Odebrecht, asociada a la contadora.
El fiscal superior especial anticorrupción, Mahmad Daud Hasan, dijo que luego de que la Justicia brasileña levantó el secreto de la causa Lava Jato, la Justicia suiza comenzó a develar el sistema de pago de coimas, siempre a través de terceras empresas creadas específicamente para participar en el sistema y rechazó que se trate de “donaciones”, tal como esgrimieron los abogados de los imputados.
“Las autoridades suizas proporcionan a la república de Panamá información vital para conocer el entramado financiero de cómo operaba Odebrecht [...] como sociedades imputadas mencionan, y aquí se va develando un poco más el esquema, a la sociedad Arcadex que fue registrada en Belice, mencionan a la sociedad Havinsur SA que fue registrada conforme a la jurisdicción uruguaya [...] también en esa investigación se van mencionando los primeros imputados dentro del esquema [...] mencionan a la señora Maya Cikurel Spiller, ciudadana uruguaya que en ese momento las autoridades de Brasil también identifican como una de las personas que tenía relación con la apertura de cuentas”, dijo el fiscal Daud Hasan en la audiencia celebrada este lunes.
Daud Hasan hizo hincapié en que la constructora incorporaba “una multiplicidad de sociedades anónimas en distintas jurisdicciones y luego ellos procedían a aperturar las cuentas bancarias, estamos hablando de tres, cuatro o cinco capas para que el dinero llegara al funcionario público”.
La contadora uruguaya fue detenida en febrero de 2020 por Interpol cuando intentaba cruzar a Buenos Aires junto a su pareja, Pablo da Silveira, quien asumió días después al frente del Ministerio de Educación y Cultura.
Interpol tenía una orden de captura internacional contra Cikurel por ser beneficiaria de algunas de las empresas utilizadas por la constructora brasileña para realizar los pagos ilícitos.
Tras su detención, la Fiscalía panameña pidió la extradición de Cikurel, que fue rechazada, en junio de 2020, por la jueza de Crimen Organizado María Helena Maynard, quien consideró que la autoridad competente para reclamar a la ciudadana uruguaya es el Poder Judicial panameño y no la Fiscalía, argumento presentado por la defensa uruguaya de la contadora, el abogado Gonzalo Fernández. El fiscal de Delitos Económicos Ricardo Lackner apeló la decisión de Maynard señalando que cuando hay un tratado de extradición firmado entre ambos países está implícito que es la Fiscalía del Estado requerido la que representa al país requirente, pero la decisión de primera instancia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de 3º turno y luego por la Suprema Corte de Justicia.
En la causa también son investigados los uruguayos Andrés Betingo Sanguinetti, reconocido como partícipe del sistema de coimas que utilizaba la banca de Andorra, y Juan Francisco Mutio, también beneficiario de cuentas que eran parte de la red de lavado de dinero que montó la constructora brasileña.
Maya Cikurel también es investigada en Colombia
Cikurel también es investigada en Colombia por lavado de activos, pero en otra causa judicial, vinculada al exfiscal general colombiano Néstor Humberto Martínez Neira, quien enfrenta una investigación desde 2018 por ocultar unos tres millones de euros en una empresa panameña llamada Amanda Advisors SA.
Según informó Caras y Caretas, Amanda Advisor está conformada por cinco personas, entre ellas, Maya Cikurel, que fue creada por la firma Rosas & Rosas, también investigada por blanquear fondos a favor de Odebrecht.