Dos funcionarios policiales fueron sumariados por acceder a escuchas telefónicas obtenidas mediante el sistema El Guardián, que son parte de la investigación sobre el asesinato de la madre del ministro del Interior, Cecilia Fontana, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria con fuentes del Ministerio del Interior (MI).

“A través de una auditoría que se hace diariamente, se constató una irregularidad y se sumarió a los dos policías involucrados”, señalaron desde el MI, y agregaron que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía para que el hecho sea investigado penalmente.

“El ministerio va a llegar a fondo en cada una de las investigaciones, identificando a los policías que actúan con deslealtad a la institución. El ministro Heber ordenó investigar a todos los funcionarios sospechados de conductas irregulares y, en el caso de comprobarles ilegalidades, expulsarlos sin contemplaciones”, dijeron las fuentes.

Según supo la diaria, la denuncia penal fue derivada al Departamento de Depuración y Asignación de la Fiscalía y este martes será designada, posiblemente, a una de las fiscalías de Delitos Económicos y Complejos.

Según constataron en un control regular, un funcionario de Inteligencia prestó su clave a otro para ingresar y acceder a las escuchas telefónicas que son parte de una investigación penal. Ahora, tanto la investigación administrativa como la penal buscará encontrar cuáles fueron los motivos que tiene el funcionario para acceder a esos audios y a quién serían entregados.

La causa que investiga el homicidio de Cecilia Fontana, ocurrido el 5 de setiembre de 1978, está a cargo del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien pidió la convocatoria para el próximo 20 de octubre de una decena de policías y militares vinculados a violaciones a los derechos humanos, que declararán como testigos. Entre ellos Jorge Pajarito Silveira, Ricardo Medina, Mario Frachelle, Gregorio Álvarez Nieto, y los policías José Sande Lima y Enrique Navas. El 30 de octubre será el turno del expolicía Ricardo Zabala, el único indagado en la causa.

Las huellas dactilares de Zabala, quien integraba la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), fueron detectadas en las botellas envenenadas desde el inicio de la investigación, pero al integrar el departamento que estaba a cargo de la investigación policial fueron atribuidas a un descuido en la manipulación de la evidencia.

Zabala fue procesado en marzo de 2012 por su participación en el homicidio del maestro Julio Castro, ocurrido el 3 de agosto de 1977, y en 2015 fue absuelto por la Suprema Corte de Justicia pese a que él había reconocido su participación en la detención ante el entonces juez Juan Carlos Fernández Lecchini. Zabala nació el 18 de diciembre de 1949, fue ayudante de la Brigada de Investigaciones de Narcóticos y desde allí pasó en comisión al Servicio de Información de Defensa el 14 de julio de 1976, volviendo el 12 de agosto de 1977 a la Brigada de Narcóticos, que estaba a cargo del inspector Hugo Campos Hermida y que pertenecía a la DNII.