La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, recibió en la sede del Poder Judicial al fiscal de Corte, Juan Gómez, para hablar, entre otros temas, de la situación generada a raíz de la detección de una organización criminal dedicada a falsificar documentos judiciales.

Tras la reunión, el fiscal Gómez dijo en una rueda de prensa que la Fiscalía analizará la creación de una fiscalía de Ejecución, dado que hoy el mismo fiscal que se encarga de investigar la causa penal es también responsable de realizar el seguimiento del cumplimiento de la pena.

“El poder político no compartió la idea que teníamos de crear al menos tres fiscalías de Ejecución acá en Montevideo y en Canelones. Vamos a estudiar si tenemos la posibilidad, ya que la ley de Rendición de Cuentas nos habilitará a crear una fiscalía con ahorros propios, veremos si podemos crear una fiscalía de Ejecución”, añadió.

Sobre ese punto, Gómez dijo que reforzar la función de control del cumplimiento de la pena en la Fiscalía “facilitaría el estudio de todos los casos que se encuentren en esa etapa” del proceso. “Mi voluntad sería crearla porque considero que es indispensable para el mejor funcionamiento del sistema”, afirmó, pero advirtió que hasta que no se haga un análisis de su viabilidad presupuestal no va a tomar la decisión.

Gómez señaló que el motivo de la reunión, que se solicitó hace 15 días, estaba relacionado con la comunicación entre la Fiscalía y los Juzgados de Familia, dado que la ley dispone que el Ministerio Público debe ser notificado de las decisiones que se adoptan en ese ámbito.

En esa línea, Gómez destacó que se logró avanzar en “coordinaciones que son posibles y que mejoran la eficacia del sistema judicial, que eso es lo que nos anima a nosotros y al Poder Judicial”.

En cuanto a la incidencia de los casos que culminaron con la fuga de narcotraficantes enviados a prisión domiciliaria, en base a documentos falsos, Gómez expresó su preocupación por el hecho y dijo que se trata de “fenómenos nuevos que hay que analizar mirando hacia el futuro y buscando soluciones”.

“Está la decisión de articular decisiones prácticas y que ayuden. Son fenómenos nuevos, embates de una forma de criminalidad que cuenta cada vez con mayores recursos. La idea es trabajar para evitar inconvenientes que repercuten en la sociedad y en la percepción de los ciudadanos respecto del sistema de justicia”, agregó.

Además, Gómez agregó que si bien se está investigando, hasta ahora no hay “ningún caso en el que se pueda hablar de corrupción, ni de la Fiscalía, ni del Poder Judicial, lo que no quita que las investigaciones se hagan a fondo”, y agregó que si llegara a detectarse “la ciudadanía va a estar informada”.

Por su parte, la presidenta de la SCJ, Doris Morales, dio una conferencia de prensa en la que informó que aún podrían abrirse nuevas investigaciones administrativas a partir de la revisión que los jueces realizaron del otorgamiento de prisiones domiciliarias que permanecen vigentes.

Morales dijo que esa información se va a terminar de procesar “lo más pronto posible” y agregó que además de la investigación administrativa a la jueza de Crimen Organizado María Helena Mainard y el sumario contra su par de primer turno, Adriana Chamsarián, se están analizando algunas situaciones en Montevideo para ver si ameritan el inicio de una investigación administrativa.

“Seguiremos tomando medidas en el futuro si conocemos de otras circunstancias que ameriten eso. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en estos asuntos”, agregó.

La presidenta de la SCJ resaltó que los procesos administrativos que están en curso sobre Mainard y Chamsarián se están realizando con las garantías legales y el respeto “absoluto del derecho de defensa y de ser oídas, según establece la Constitución y las leyes”, y agregó que la resolución de estos procesos “va a ser siempre de la SCJ, sin ningún planteo ajeno de ninguno de los otros poderes del Estado”.

“Todos debemos sentarnos a trabajar, más que a criticar a los demás y tratar de llegar a una mejor solución y enfrentar un problema que es grave y es mundial que es el narcotráfico. Esa es la gran preocupación que nos debe mover a todos los integrantes del Estado, a los tres poderes, siempre respetando la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, que lleva a respetar la democracia, que muchas veces es puesta en juego en situaciones en las que comienza a darse problemas con el crimen organizado”, expresó.

Además, dijo que el Poder Judicial está abierto a planteos que provengan de otros poderes del Estado. “Vamos a seguir trabajando sin criticar a los demás y sin creer que tenemos la solución en nuestras manos, porque este tipo de problemas siempre supera a los que estamos tratando de solucionarlos”, agregó.