La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) lamentó la “farandulización” de la Justicia y recordó que existen recomendaciones de organismos internacionales sobre el uso de las redes sociales de jueces y fiscales que llaman a la “prudencia”, con referencia a las recomendaciones de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.
En esa línea, señalaron que la prudencia “hasta hace poco tiempo era la característica tradicional de los jueces y fiscales uruguayos, que lejos estaban de este triste fenómeno de farandulización del sistema de Justicia”.
Sin mencionar a la fiscal Gabriela Fossati, el comunicado de los penalistas señala que las situaciones ocurridas “afectan sustancialmente la imagen, credibilidad y funcionamiento de la Fiscalía General, lo cual demuestra la necesidad imperiosa de que el sistema político adopte las medidas adecuadas para terminar con este estado e imagen de caos institucional”.
Los penalistas hicieron hincapié en la falta de sustento legal para definir los traslados en Fiscalía y expresaron su preocupación al considerar que esos traslados responden a cuestiones mediáticas. “Cierto es que en el escándalo mediático vienen teniendo injerencia los propios fiscales mediante constantes declaraciones a la prensa, el uso y abuso de Twitter y otras redes sociales”, agregaron
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“No son argumentos válidos los invocados conflictos interpersonales entre fiscales, los propios pedidos de apartamiento del fiscal natural (que no se fundamenten exclusivamente en las causales legales) o el relacionamiento de los fiscales que integren 'las cuartetas de turno', puesto que esas causas no están previstas en la ley”, expresaron sobre los argumentos planteados por el fiscal de Corte, Juan Gómez, para fundamentar, entre otras razones, el traslado de Fossati, debido a que el fiscal de Flagrancia Fernando Romano, denunciado por Fossati, era quien debía subrogarla.
“No es adecuado disponer traslados que pretendan ser 'componedores' de situaciones públicas generadas, puesto que la Fiscalía General sólo debe actuar y resolver en estricto apego a la ley”, agregaron.
Los abogados penalistas, nucleados en la AAPU, llamaron a implementar reformas del Código del Proceso Penal para dar más garantías a víctimas, imputados y defensores; “regular las incompatibilidades de los funcionarios que dejan sus cargos con las materias o las instituciones donde han ejercido cargos de poder; y designar un fiscal de Corte y procurador general de la Nación que termine con esta situación de provisoriato que no hace bien al sistema de Justicia, a la Fiscalía General ni a quien hoy ocupa ese cargo”.