La fiscal Gabriela Fossati se comunicó este sábado con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para transmitirle que estaba en condiciones de reintegrarse en sus funciones antes de tiempo, ya que su certificación médica fue por 15 días. A partir de la notificación, el fiscal de Corte dispuso que volviera a su cargo a partir de las 0.00 de hoy.

La fiscal se certificó luego de que el programa de televisión Legítima defensa divulgara unos audios en los que Fossati aseguraba que no iba a poder llegar al fin del caso Astesiano porque “las piedras en el camino son permanentes”.

La vuelta de la fiscal se da previo a la audiencia del jueves en la que el fiscal Fernando Romano, que estaba suplantando a Fossati, debía expedirse, por orden del juez, respecto de los hechos por los que se investiga al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal, o solicitar el archivo de la investigación.

En la última audiencia, que tuvo lugar el viernes pasado, la defensa del dirigente frenteamplista solicitó a Fiscalía que explique los motivos por los cuales Leal está siendo investigado, dado que en tres instancias anteriores Fossati se negó a informar los hechos.

El fiscal subrogante dijo en esa instancia que no estaba en condiciones de brindar una respuesta y pidió una prórroga para poder expedirse.

Según supo la diaria, Fossati no se comunicó antes de la audiencia ni con el fiscal Romano ni con el equipo de Fiscalía y unas horas después, a última hora del viernes envió un mensaje al fiscal de Corte Juan Gómez y al fiscal Romano, en el que les advertía que el tema de Leal recién estaba comenzando. Fossati reiteró a Romano su convicción de que en la etapa preliminar de la investigación, previo a la formalización del proceso, no es necesario informarle al investigado los hechos por los que está siendo investigado.

Ante esa situación, Romano advirtió que recién tomaría la decisión sobre el archivo o la formalización del proceso por el delito de encubrimiento de Leal en la audiencia fijada para el jueves 16 de marzo, y le recordó que ella estaba habilitada para retomar la causa cuando estuviera en condiciones. Luego de esa comunicación fue que Fossati le informó a Gómez que regresaría al mando de la fiscalía de flagrancia de 12° turno.

Fuentes de la Fiscalía señalaron a la diaria que en ningún momento existió por parte de Romano o de Gómez un pedido para que regrese a la causa y expresaron su sorpresa por la decisión de la fiscal.

El actual código de proceso penal plantea dos estatus legales para ser convocado por la Fiscalía o ante un juez, como testigo o como imputado. El ser convocado como imputado por la Fiscalía, no implica que efectivamente la Justicia haya formalizado el proceso-tal como ocurre en el caso de Leal-pero da al investigado todas las garantías y derechos de un imputado.

El literal c del artículo 64 establece que el imputado tiene derecho a “que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan y los derechos que le otorgan la Constitución de la República y las leyes”.

La última vez que Leal fue a declarar ante la Fiscalía, Fossati le informó que lo estaba investigando por un delito de encubrimiento, pero se negó a informarle por qué hechos se lo estaba investigando. Durante el interrogatorio, que fue interrumpido por falta de garantías, Fossati consultó sobre la reunión que mantuvo con el padre de Astesiano en Brasil.

El artículo 197 del Código Penal, que define el delito de encubrimiento, prevé penas de entre tres meses y diez años de penitenciaría para quien “después de haberse cometido un delito y sin concierto previo a su ejecución con los autores, coautores o cómplices (...) los ayudaren a asegurar el beneficio o el resultado del delito, a estorbar las investigaciones de las autoridades, a sustraerse a la persecución de la justicia o a eludir su castigo (...)”. Fossati tampoco informó qué delito precedente está relacionado con el de encubrimiento, cuál es el delito que estaría encubriendo el ex director del MI.