“Ensañamiento” es una de las palabras que se usan en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para describir lo que pasó alrededor de las 3.00 del 21 de abril de 1974 en Mariano Soler 3098. Un operativo, comandado por los militares José Nino Gavazzo y Juan Rebollo para encontrar al militante tupamaro Washington Barrios, irrumpió violentamente en el apartamento 3 y acribilló a tres mujeres que se encontraban allí: Silvia Reyes, esposa de Barrios, y sus compañeras Diana Maidanik y Laura Raggio, las “muchachas de abril”.
Luis Eduardo González tenía 22 años cuando fue secuestrado en su domicilio, en diciembre de 1974, fue llevado al Regimiento de Caballería Mecanizada 6, torturado e interrogado. Fue visto con vida por última vez en la Navidad de ese año, y, según el informe emanado de la Comisión para la Paz, falleció el 26 de diciembre a causa de las torturas.
El 19 de julio de 1977 las Fuerzas Conjuntas se llevaron a Óscar Tassino, empleado de UTE y militante del Partido Comunista. Fue llevado al centro de detención clandestino de La Tablada, donde murió a causa de una golpiza. Tenía 40 años.
Por estos tres casos -que involucran a cinco personas muertas o desaparecidas- es que, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado uruguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar.
Si bien la cancillería había manifestado en diciembre su intención de llevarlo a cabo, el acto se retrasó. Primero, porque los familiares de las víctimas entendían que no se habían generado los espacios de coordinación adecuados para evitar que se tratara de un “mero acto protocolar”. Luego, cuando la fecha definida era el 11 de mayo, los propios familiares decidieron no llevarlo a cabo porque se les informó que no estaba prevista la presencia del presidente Luis Lacalle Pou.
Finalmente, la fecha definida será el jueves 15 de junio a las 17.30, sin la presencia de Lacalle Pou, que se encuentra en Nueva York, y con otros cambios en la propuesta original hecha por parte de los familiares. La sensación general es que “está saliendo a fórceps”, confiaron a la diaria.
La principal diferencia con la idea primigenia es que el acto se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento, con aforo limitado, y no en la plaza Cagancha. De todas formas, lo que quieren los familiares es que “el acto se haga”, dijo a la diaria Mónica Wodzislawski, prima de Diana Maidanik.
Según Wodzislawski, lo que buscan es que se trate de “un acto público, porque la víctima del terrorismo de Estado fue todo el pueblo uruguayo”, y es “la ciudadanía” quien “ha sido siempre la que ha trabajado para que la memoria se abra paso”. El espacio previsto es para 550 asientos, y se dio a los familiares invitaciones para 350 personas, aunque en un principio el aforo sería de 800 lugares con 250 invitaciones.
Entonces, “el acto público terminó en que tiene que haber invitaciones y que además hay que confirmar por correo”. De todas formas, se hará, y si bien para Wodzislawski han vivido lo que es una “suerte de perversidad” con los reparos puestos por parte del gobierno durante las reuniones de organización, eligen priorizar “la importancia de esta sentencia como sentencia del presente, que esto va a ayudar a encontrar a los desaparecidos que falta encontrar”, porque la búsqueda de Tassino y González “es una de las diligencias establecidas en la sentencia”, además de establecer que en los lugares de formación de las Fuerzas Armadas se incluyan los derechos humanos en el plan de estudios, y que se fortalezca a la Fiscalía en esta materia, por eso “es muy importante que haya un compromiso” público “con cumplir la sentencia”.
En tanto, Lucía Giudice, abogada del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que acompañó a los familiares en la organización del acto, señaló a la diaria que en algunos puntos “no fue posible ponerse de acuerdo”, principalmente en la presencia del presidente y la realización en el Parlamento, aunque entienden que el acceso no puede estar restringido a tener una invitación, mucho menos si son entregadas tres días antes del acto como sucedió”. Esto se desprende de “las dificultades que significa no hablar directamente con quienes van a ser los protagonistas del acto”, aunque se ofreció transmitir el acto por la pantalla del Impo y a través de la transmisión en vivo del Parlamento, y organizaciones sociales vinculadas a la temática colocarán una pantalla gigante frente a la plaza Primero de Mayo.
Más allá de las negociaciones, si bien la Corte IDH “no tiene potestad para definir quién encabeza el acto”, sí podrá evaluar lo sucedido “cuando esté haciendo el control de ejecución de sentencia”.
Según Guidice, desde Ielsur parten desde “la buena fe del Estado en la organización”, pero “en la medida en que empiezan a primar ciertas preferencias” aparecen “gestos que van en línea con discursos que hay en nuestro sistema político” y con “discursos y ciertas susceptibilidades que se quieren tener en cuenta”, porque “se juegan algunos asuntos que nos exceden a Ielsur y son propios de las dinámicas de los partidos políticos”.
En este sentido, desde Cabildo Abierto confirmaron a la diaria que no participarán en el acto “fundamentalmente” por estar “en desacuerdo” con que “se imponga al país hacer un homenaje desde un organismo extranjero”. En tanto, este miércoles a las 13.00 habrá una conferencia de prensa por parte de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.