Una adolescente de 17 años se suicidó en Treinta y Tres. Según informó El País, la adolescente había sido abusada sexualmente entre los 6 y los 14 años por uno de sus dos hermanos, que tenía dos años más que ella. Cuando tenía 13 años, en una consulta, se lo contó a una pediatra.

Tras activarse el procedimiento de salud para casos de abuso sexual, el mismo medio consignó que los médicos alertaron a los padres sobre la situación y les recomendaron denunciar el caso, ya que se contaban con pruebas que respaldan el relato de la víctima. Corría 2018, la familia no tomó acciones y los abusos continuaron. En 2020 la adolescente intentó matarse dos veces, además de infligirse autolesiones.

El 24 de diciembre de 2022, se mató. La Fiscalía de Treinta y Tres de 1º Turno, a cargo de la fiscal Alicia Abreu, investigó el caso.

La investigación logró determinar que, además de los abusos sexuales cometidos por su hermano, la negación de sus padres y la inacción la vulneraron aún más. La Fiscalía entendió que tanto la madre como el padre pusieron en peligro la salud de su hija en forma intencional, omitiendo los cuidados que necesitaba y el abordaje que tendría que haber tenido tras el abuso intrafamiliar que se había detectado.

En el informe del Instituto Técnico Forense citado por El País se planteó que, además del trato diferencial que tenían con sus hijos varones, los padres se habían distanciado aún más de la adolescente después de enterarse de los abusos que había sufrido.

Los padres negaron que la víctima se hubiera intentado matar antes. También resolvieron cortar con su tratamiento sin indicación médica y reaccionaban con violencia cuando desde los equipos de salud se les planteaba su responsabilidad en que la adolescente continuara con el tratamiento de salud mental que necesitaba.

Para la fiscal, si se hubiera cumplido con los deberes inherentes a la patria potestad, la adolescente podría haber tenido otro tránsito en el abordaje del abuso sexual que sufría y, tal vez, eso podría haber incidido para que no se mate. Por eso, la madre y el padre de la víctima fueron condenados por reiterados delitos de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad a 12 meses de prisión. Dos de los 12 meses los cumplirán en prisión domiciliaria total, con autorización para salir a trabajar. Los otros diez meses estarán en un régimen de libertad a prueba, en que deberán fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría y hacer dos horas semanales de trabajos comunitarios.