Tras hacerse hecho pública la denuncia de Omar França, cura de la parroquia Santa Bernardita de Malvín, sobre las “brigadas antipasta” que agreden a personas en situación de calle que suponen que tienen uso problemático de pasta base, Andrés Capretti, asesor del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrió al lugar a entrevistarse con el sacerdote. França planteó que Capretti se comprometió a ir este viernes a la parroquia para obtener información sobre el caso, para lo que va a “entrevistarse directamente” con las víctimas para saber detalles de “cómo actúan” los agresores. También va a “investigar” los ingresos a hospitales y a recabar “datos” a través de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de la zona. El asesor de Heber planteó que irá acompañado de un policía de la Seccional 11ª, donde el cura radicó la denuncia.

Los senadores del Frente Amplio (FA) Charles Carrera y Sandra Lazo hicieron un pedido de informes para saber sobre el rol y las condiciones de la investigación prometida por el asesor de Heber, que es paralela e independiente a la de Fiscalía, que se inició a partir de la denuncia que presentó França.

En este sentido, indicaron que “sin perjuicio de reconocer la preocupación y celeridad en la respuesta de las autoridades”, quieren saber “qué participación tendrá Capretti” y si “se corresponde fielmente a directivas impartidas por el Ministerio del Interior”. En caso de serlo, consultan si “se cuenta con la orden de Fiscalía para intervenir y desarrollar una investigación que, en todo caso, compete a la Policía en tanto auxiliar de la Justicia, y por orden de esta, y no a iniciativa de un asesor”. Preguntan además si “la intervención del asesor del ministro del Interior en un caso como este cuenta con algún protocolo que lo respalde” y si “no se cree que lejos de contribuir a esclarecer la investigación puede intimidar a las víctimas que han manifestado su descreimiento hacia la Policía”. A la vez, los senadores consultan explícitamente si la cartera no considera que esta “intervención” podría entorpecer la investigación en curso.

Indican que, “según surge del texto difundido por el párroco, las víctimas no denuncian por miedo y porque ‘la Policía no les va a creer’” y cuestionan si “la intervención del asesor corresponde, en su condición de civil, que la haga”. Además, ponen sobre la mesa si se consideró que “la identificación de las víctimas en esas circunstancias podría afectar sus garantías y derechos a la reserva de identidad dada su condición de vulnerabilidad”.

Los senadores preguntaron “qué investidura tiene el asesor, en tanto personal civil, para recabar datos y entrevistar a posibles víctimas y testigos”. Por otra parte, cuestionan “cómo se va a dar cumplimiento a dos cosas que prometió el asesor”, que fue “investigar el ingreso a hospitales”, lo que “que podría implicar una violación de la reserva de las historias clínicas”; y también “la recolección de los datos que piensa recabar del Mides”, los que también “tienen características reservadas”.

Finalmente, se señala que “el párroco anunció que Capretti le informó que iría acompañado de un policía de la Seccional 11”. Al respecto, consultan: “¿Quién será este policía? ¿Qué grado y cargo tiene? ¿Qué rol tendrá en los encuentros con víctimas, testigos; y en la investigación?”.

La diputada frenteamplista Micaela Melgar también cursó un pedido de informes en el que preguntó cuántas denuncias recibió el Ministerio del Interior “por ataques a personas en situación de calle”. Pidió que se especifique “en cuáles jefaturas y a cargo de quién están las investigaciones”. También consultó “qué acciones concretas se tomaron y se toman al respecto”.

Por otra parte, preguntó si “se han identificado similitudes en los casos denunciados” y si “existe una línea de investigación que involucre a más de uno de estos casos”. También si “se han identificado responsables en alguno de estos casos” y si “se investiga la posibilidad de la existencia de un grupo criminal organizado, con un modus operandi determinado”.