El mes pasado, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, denunció que ASSE le impide el acceso a las historias clínicas de las personas privadas de libertad que lo autorizan a ver este documento. Lo hizo ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y lo catalogó como una “obstaculización” a su tarea y, por ende, a la del Parlamento. A la vez, aseguró que “negarnos esa posibilidad constituye una absoluta ilegalidad” y recordó que, por ley, las historias clínicas son propiedad de cada persona.

Este sábado falleció una persona privada de libertad de 30 años en el módulo 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Las causas hasta ahora se desconocen -no se descarta que haya sido por hipotermia- y la Fiscalía de Flagrancia de 2º Turno, a cargo de la fiscal Patricia Rodríguez, investiga el caso.

Según informó el Ministerio del Interior, el hombre había sido trasladado de alojamiento en tres ocasiones por problemas de convivencia. Fue derivado a una celda solo, “para evitar nuevos inconvenientes y preservar su integridad”. Previamente, indicaron que tuvo un chequeo por enfermería a las 18.00 del sábado. Horas después, lo encontraron muerto en el piso y “sin aparentemente signos de violencia externa”.

Petit emitió un mensaje al respecto a través de Twitter, en el que volvió a denunciar que ASSE le impide el acceso a las historias clínicas: “El sábado murió una persona presa en Comcar. Solo en su celda. Preso por hurto. Horas antes le dieron medicación. ASSE nos niega acceso a historias clínicas, lo cual es clave para ver causas de muerte. Insólito e inédito bloqueo institucional al Parlamento. ¿Por qué?”.

En diálogo con la diaria, Petit habló sobre el acceso a la historia clínica del hombre que murió: “En este caso, no la pedí, pues la negativa es total”. “Pero el caso es demostrativo de la importancia del planteo”, afirmó.

Para el comisionado, la sobrecarga del sistema penal privativo de libertad es parte esencial de esta problemática. Por eso, señaló que “la cárcel debe ser una sanción especial para delitos graves y no para todo”, porque “con este sistema es imposible rehabilitar o integrar a la gente”. Planteó que esto es “una reflexión sobre lo que tristemente enseña la muerte de una persona que estaba presa por hurto”.

El comisionado afirmó que “tenemos que poner las baterías en las medidas alternativas, en las redes comunitarias que den control y asistencia, y que no sea la cárcel la sanción predominante”. Según Petit, esto “requiere una red capilar y muy fuerte de sostén comunitario, con control y asistencia”.

La Ley 18.335 establece que la historia clínica es propiedad de cada persona, lo que aplica tanto para las personas que están en libertad como para las que están privadas de ella. Es decir, todas las personas pueden acceder a su historia clínica, compartirla con quien deseen y solicitar copias. Por eso, para Petit la negación del acceso es una “absoluta ilegalidad”. Además, el comisionado criticó los mecanismos imposibles de aplicar que planteó ASSE, los que compartió con la Comisión de Salud del Parlamento, donde pidió apoyo a los legisladores para poder revertir esta situación.

En ese momento, Petit explicó que hay “dos universos de situaciones”. Por un lado, las personas vivas que están presas y que por escrito pueden autorizar a consultar sus historias clínicas. Por el otro, las personas que murieron en cárceles, donde se han enfrentado al impedimento al acceso a este documento. “Cuando muere una persona, para nosotros es importante saber qué pasó”, subrayó Petit, y enfatizó en que cuando alguien está preso se genera “un punto de no acceso que, reitero, no me lo explico y me gustaría que ASSE lo explicara”. Para el comisionado, esto es algo “grave” y “muy serio”.