La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) rechazó los cuestionamientos contra la jueza de Crimen Organizado de 2° turno, María Helena Mainard, quien fue criticada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por su decisión de aceptar el recurso de hábeas corpus para que Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito, sea trasladado a otra unidad para acceder a posibilidades de educación y trabajo.
En un comunicado de prensa divulgado este viernes, la AMU expresó su “total rechazo a expresiones” del ministro y señaló que “significan la clara afectación de la independencia judicial, así como el evidente y preocupante desconocimiento de los pilares del sistema republicano que constituyen el diferencial de la democracia uruguaya, sustentado en la separación de poderes y el más estricto respeto a la independencia de cada uno”.
Los jueces plantearon que el ejercicio legítimo de las funciones estatales le corresponde a cada poder dentro de sus competencias, “sin que sea legítima la injerencia y el agravio a las personas por cumplir con su deber al que son llamados por el derecho”.
“Preocupa profundamente que la agresión a la independencia judicial provenga de un actor político de la más elevada responsabilidad institucional. La discrepancia respetuosa y fundada como parte del ejercicio democrático de la libertad no puede significar la afectación a la honorabilidad de juezas y jueces, así como su sometimiento al escarnio público y el descrédito de la administración de justicia y cada uno de sus integrantes”, agregaron.
“No se puede bajo ningún concepto desprestigiar la función jurisdiccional”, expresó el presidente de la AMU, Leonardo Méndez, en diálogo con la diaria, y lamentó que el ministro ponga un “manto de dudas” sobre la honorabilidad de los jueces que “afecta las bases del sistema democrático”.
En conferencia de prensa, Méndez fue consultado sobre los mecanismos de control a los que están sometidos los jueces y señaló que “en los pocos casos que se ha dado, la Corte los ha destituido”.
Méndez recordó que los magistrados declaran anualmente su patrimonio ante la Junta de Transparencia y Ética Pública y sólo tienen posibilidad de recibir el salario como jueces, y, eventualmente, un salario por horas docentes, que tiene limitación horaria y otras restricciones financieras específicas y controles adicionales, en su calidad de personas políticamente expuestas.
El jueves, tras la reunión con el ministro del Interior, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Doris Morales, fue consultada por la diaria sobre el caso que suscitó las críticas del ministro y señaló que por el momento no hay ningún elemento que amerite que la Corte evalúe la definición de Mainard.
Las declaraciones del ministro fueron realizadas el miércoles, tras presentarse en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. El tema, además de ser tratado en comisión, fue planteado por el ministro en una rueda de prensa.
Heber dijo que la decisión de la jueza Mainard de ordenar el traslado de Ricardito de la Unidad 25, un módulo de aislamiento absoluto, “no ayuda en el combate al narcotráfico”. Mainard, en sus fundamentos, planteó la obligación del Estado uruguayo de cumplir con “las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por las Naciones Unidas”.
“Lo tenemos aislado porque antes dirigía desde la cárcel no sólo una organización criminal, sino que mandaba cortar dedos, manos, orejas y mandaba asesinar [...] Que una jueza crea que una persona de estas características, con este nivel de violencia, un asesino, puede ser rehabilitada haciendo bloques o carpintería… realmente no entendemos esta situación”, expresó el ministro.