El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Federico Kreimerman, podría ser imputado este jueves por un delito de atentado especialmente agravado, por haber encendido una bomba de humo en la sede del edificio central de OSE durante una manifestación realizada el 13 de junio, en la que denunciaban irregularidades referidas al proyecto Neptuno.

La decisión está en manos del juez en lo penal de 41° turno, Huberto Álvarez, quien convocó a la audiencia de formalización a las diez de la mañana en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, a pedido de la exfiscal de Flagrancia de 16° turno Gabriela Fossati, quien renunció a su cargo este lunes.

El 23 de agosto Fossati tomó declaración en la Fiscalía a tres dirigentes del sindicato y definió que existía evidencia suficiente contra Kreimerman al considerar que la intención de la movilización era suspender el proceso licitatorio que se abría ese día, planteando que la conducta de Kreimerman podría configurar el delito de atentado.

El artículo 171 del Código Penal prevé esa tipificación para quienes usen “violencia o amenaza contra un funcionario público” con la intención de “impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo” o “estorbarle su libre ejercicio”. El delito de atentado tiene una pena de entre tres meses de prisión y tres años de penitenciaría, mientras que sus circunstancias agravantes, previstas en el artículo 172, se configuran cuando el atentado se comete por más de tres personas o hacia más de dos funcionarios.

En la audiencia de formalización de este jueves, Álvarez deberá definir si existen “elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntos responsables”, siempre limitándose a una valoración potencial de la teoría de la Fiscalía, dado que en esta etapa del proceso no corresponde discutir la responsabilidad de los imputados.

En caso de que el proceso contra Kreimerman sea formalizado, la Fiscalía tendrá un año para investigar el caso, con la posibilidad de prorrogar la investigación un año más, hasta definir si pide el sobreseimiento o la condena del trabajador.

Este martes la central sindical emitió su segundo comunicado sobre el caso en el que calificó la situación como parte de un proceso de “judicialización de la protesta social”, y señaló que la manifestación no impidió la toma de decisiones por parte del Ejecutivo, que ese día, tal como estaba previsto, abrió el llamado para el proyecto.

“El movimiento sindical observa con mucha preocupación que representantes de la Fiscalía General de la Nación consideren someter a la Justicia Penal un episodio vinculado a una manifestación que no generó ningún tipo de daño, ni material ni humano, tipificado como delito”, expresaron.