El juez suplente de 40° turno, Ruben Etcheverry, definió que el celular de Alejandro Astesiano sea devuelto al exjefe de seguridad presidencial, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
En diálogo con la diaria, el abogado de Astesiano, Pablo Donnángelo, destacó los fundamentos de la sentencia y expresó su valor por dejar constancia de cuál es la situación procesal de Astesiano. En ese sentido, señaló que su cliente no está siendo investigado por la Fiscalía: “Este aspecto quedó descartado de plano por la Fiscalía y confirmado por el juez”, agregó.
Además, dijo que ahora resta que se concrete la devolución del celular y recordó que hace más de dos años que fue incautado por la Policía, señalando el derecho a la propiedad, la intimidad y la privacidad del exjefe de seguridad presidencial. Donnángelo dijo que se hicieron tres pericias al teléfono y recordó que toda medida judicial que implica una restricción de derechos debe tener una duración razonable.
La fiscal de Flagrancia de 12° turno, Sabrina Flores, se opuso a la medida por considerar que aún están abiertas varias líneas de investigación para las que puede ser útil el celular de Astesiano, pero el juez Etcheverry desestimó los argumentos de la Fiscalía y devolvió el celular.
Según supo la diaria, Flores apeló la decisión del juez, que será revisada por un tribunal superior. Como el recurso no tiene efectos suspensivos, el celular será entregado a Astesiano, aunque podría volver a ser confiscado por la Justicia en caso de que el fallo de Etcheverry sea revocado.
La defensa de Astesiano había pedido la devolución del celular en julio de 2024 ante el juzgado de Ejecución de 4° turno de Florida, responsable del seguimiento del cumplimiento de la condena del exjefe de seguridad presidencial, lo que fue concedido por la jueza María Noelia Gutiérrez. Tras el fallo, la fiscal Daniela Ravello se comunicó con su par de Montevideo Sabrina Flores, quien lleva adelante el resto de las investigaciones vinculadas al caso Astesiano, que podrían requerir esa evidencia, y Flores solicitó por escrito al juzgado penal de 40° turno la incautación del celular, que fue concedida por la jueza María Laura Sunhary. La defensa de Astesiano solicitó una audiencia con el juzgado contra esa decisión, que hoy fue revocada por Etcheverry.
En la resolución, a la que accedió la diaria, Etcheverry planteó que el mantenimiento de la incautación “restringe la libertad de disposición patrimonial del dueño, derecho de propiedad protegido legal y constitucionalmente” y “también compromete el derecho a la intimidad y privacidad de la persona afectada por la medida”. Etcheverry sostuvo que “el hecho de que se trate de un aparato desactualizado, que no se encuentra en uso y que el interesado puede adquirir otro, no resuelve ni legitima su retención por parte del Estado”.
“El Sr. Astesiano, dueño del celular, ya ha sido penado y el dispositivo que le pertenece no fue objeto de decomiso alguno, motivo por el cual se encuentra justificado su reclamo en las presentes actuaciones”, señala la sentencia que desestimó los argumentos de la Fiscalía sobre la necesidad de mantenerlo en custodia: “Existiendo ya la extracción de la información del celular con todas las garantías que brinda la tecnología, no parece oportuno mantener su incautación por si eventualmente alguna defensa de otro imputado solicitara examinar el aparato, pues lo que interesa es su contenido y ya cuenta con el mismo”.
La investigación penal y la importancia del celular de Astesiano
Mantener el dispositivo, que tiene un valor de 400 dólares, permitía a la Fiscalía la posibilidad de realizar nuevas pericias para recuperar otros datos que pudieran surgir de las conversaciones entre el presidente Lacalle Pou y Astesiano, los que no pudieron obtenerse por disposición expresa de la exfiscal Gabriela Fossati. Además, tampoco podría obtenerse nueva evidencia cuya relevancia surgiera de nuevos testimonios en el marco de las otras líneas de investigación del caso Astesiano y vela cualquier posibilidad de corroborar que en la carpeta de investigación esté el contenido completo del dispositivo incautado.
El acceso a la información del Samsung Galaxy S21 de color negro que Astesiano entregó a los funcionarios de inteligencia la noche de su detención fue obstaculizado desde el momento de la incautación, el 24 de setiembre de 2022, cuando desde el Poder Ejecutivo le hicieron llegar a la fiscal el mensaje de la necesidad de “cuidar” al presidente Lacalle Pou. Concretamente, la noche de la detención, Presidencia condicionó la entrega voluntaria del celular a la Fiscalía a la reserva de las conversaciones con el presidente. Además, Astesiano tenía otros dos teléfonos celulares que no fueron incorporados a la carpeta de la Fiscalía: un iPhone de Presidencia que usaba principalmente durante las misiones oficiales al exterior y otro aparato que la Policía no logró incautar, ya que no estaba en el domicilio donde se realizaron allanamientos. El 3 de octubre, la fiscal Fossati, que meses después se sumaría a las filas del Partido Nacional y luego a las del Partido Colorado, exhortó a la Policía Científica a que utilizara “todas las herramientas que estén a su alcance” para recuperar los “mensajes borrados” del celular Samsung Galaxy, con excepción de los mensajes, audios y videos que haber intercambiado con el señor presidente de la República (a los que no se permite el acceso)”. A cambio de eso, Fossati le pidió al presidente que él mismo buscara en su aparato palabras clave que podrían ser importantes para la investigación.
A mediados de julio, una captura de pantalla de un diálogo entre el presidente y su excustodio, de la que dio cuenta el periodista de la diaria Lucas Silva en su libro El caso Astesiano, permitió evidenciar que Lacalle Pou estaba al tanto de un operativo policial que lideró Astesiano contra el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, lo que motivó que la fiscal Flores pidiera a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, la autorización para realizar una pericia internacional para recuperar las conversaciones con el presidente, dado que el procedimiento requiere una técnica que no puede realizarse en Uruguay.
Ferrero rechazó la habilitación del gasto señalando que Astesiano ya estaba condenado en la causa desde febrero de 2023, por lo que no podía continuar siendo investigado, que se habían realizado tres pericias al celular y que existía un reglamento sobre el Fondo de Pericias de la Fiscalía General de la Nación. Los argumentos esgrimidos por la fiscal de Corte molestaron a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, desde donde consideraron que Ferrero violó el principio de independencia técnica establecido en el artículo 5 de la Ley 19.483 al referirse al fondo del asunto.