Las últimas novedades judiciales no fueron alentadoras para la defensa del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que se presentó ante la Fiscalía en calidad de víctima, luego de que se hicieran públicos los operativos de seguimiento que lideró el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, en febrero de 2022. Hace poco más de un mes, a mediados de octubre, el juez suplente de 40° turno, Ruben Etcheverry, decidió devolverle el celular a Astesiano, a pesar de la opinión contraria de la fiscal que lleva adelante la investigación, Sabrina Flores.
En ese Samsung Galaxy, que hasta hace algunas semanas custodiaba la Policía Científica, estaban todas las conversaciones entre Astesiano y el presidente, Luis Lacalle Pou, que fueron excluidas de la carpeta fiscal al comienzo de la investigación (setiembre de 2022) tras un acuerdo entre Presidencia y la entonces fiscal del caso, Gabriela Fossati.
Luis Acosta, abogado de Abdala, dijo a la diaria que, pese a estas situaciones que se dieron recientemente a nivel judicial, “es necesario seguir investigando” para saber quiénes estuvieron al tanto de los operativos policiales que intentaron vincular al presidente del PIT-CNT con una boca de venta de droga.
“Se trata de una investigación abierta en la que se ha producido evidencia y no descartamos proponer nuevas pruebas. La Fiscalía avanzó en desentrañar aspectos que, a nuestro juicio, demuestran una actividad irregular respecto de la persona de Marcelo Abdala con una finalidad claramente espuria”, declaró Acosta.
Los principales hechos que investiga el equipo de la fiscal Flores se dieron entre febrero y marzo de 2022. Unas horas después del accidente que protagonizó Abdala el 5 de febrero en la zona de Punta Carretas, Astesiano se comunicó con los dos secretarios privados de Lacalle Pou (Nicolás Martínez y Homero Gadea) para mantenerlos al tanto de las novedades que le llegaban desde el lugar. “Nico, ahora llegó el tiempo de nosotros de matarlo. Hay que matarlo. Que se pongan las pilas ahí, hay que matarlo a este hijo de puta”, le propuso Astesiano a Martínez en un mensaje de audio.
En simultáneo, el entonces jefe de la seguridad presidencial compartió fotos y videos tomados de las cámaras del Centro de Comando Unificado (CCU) con los dos subdirectores de la Policía Nacional, Héctor Ferreira y Jorge Berriel. “¿Anduvo visitando bocas también?”, le preguntó Berriel a Astesiano, luego de recibir las imágenes de un autoservicio ubicado en Juncal y Cerrito al que había concurrido el sindicalista unas horas antes del accidente.
A pedido de Astesiano, funcionarios de la Brigada Antidrogas de Montevideo montaron un operativo en ese local comercial, pero finalmente descartaron que allí se vendieran sustancias ilegales. El intendente de la residencia presidencial de Suárez y Reyes y exchofer de Lacalle Pou Daniel Fernández estuvo al tanto de las reuniones que tuvo Astesiano para desplegar este despliegue policial. También estaban al tanto el jefe de Policía de Montevideo, Mario D'Elía, y el propio Lacalle Pou, que admitió haber recibido toda esta información de inteligencia luego de que se publicara la captura de pantalla de una conversación con el entonces jefe de la seguridad presidencial (“Perfecto”, respondió el mandatario tras el reporte).
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En abril de 2024, dos funcionarios de la Brigada Antidrogas de Montevideo que participaron en el operativo fueron citados por la fiscal Flores y reconocieron que nunca antes habían recibido un pedido con estas características desde Presidencia de la República.
Tres meses después, cuando se hizo pública la captura de pantalla que evidenció que Lacalle Pou estaba al tanto del operativo policial, la fiscal Flores solicitó una nueva pericia al celular para acceder a los chats completos entre ambos. Sin embargo, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, rechazó el pedido. Tampoco lo aceptó Juan Gómez durante el breve lapso de actividad previo a su salida definitiva de la Fiscalía.
En aquel momento, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay se opuso a la decisión de no realizar una nueva pericia, bajo el argumento de que se estaba violando el principio de independencia técnica establecido en el artículo 5 de la Ley 19.483.
Las resoluciones de Ferrero y Gómez, sumadas a la decisión judicial de devolverle el aparato telefónico a Astesiano, han permitido que las conversaciones por Whatsapp con Lacalle Pou sigan estando excluidas de la carpeta desde setiembre de 2022 hasta la fecha.