Desde el 23 de octubre, día del partido de ida entre Botafogo y Peñarol por la Copa Libertadores, 22 hinchas permanecen detenidos en Río de Janeiro, tras incidentes con la hinchada del cuadro rival, antes de que comenzara el partido.

El lunes uno de los abogados al frente de la defensa para liberarlos, Rodrigo Rey, indicó que, a pesar de que a los detenidos se les impuso prisión preventiva, que no tiene plazo en Brasil, desde el equipo de abogados intentarán interponer “todas las acciones judiciales en el tiempo más corto posible para poder lograr la sustitución y la cesación de la prisión preventiva para todos los casos”.

Asimismo, señaló que junto con otro de los abogados, Jorge Barrera, están coordinando “acciones a nivel de cancillería para explorar algún otro tipo de solución, como podría ser la expulsión o deportación”.

En ese sentido, según supo la diaria con fuentes de cancillería, entre los 22 detenidos hay un menor de edad de 17 años, y todos se encuentran en buen estado de salud, con las necesidades básicas cubiertas, así como con acceso a servicios médicos del complejo penitenciario donde se encuentran, si así lo requieren.

Los mayores de edad están detenidos en el Complejo Penitenciario de Bangú y el adolescente se encuentra en un Centro de Acciones Socioeducativas dirigido a menores infractores de muy baja peligrosidad. A su vez, la fuente de cancillería agregó que se están realizando gestiones con las autoridades penitenciarias para que las familias que están en Río de Janeiro puedan visitar a los detenidos en Bangú. Sobre el menor, dijo que los padres ya pudieron visitarlo.

En cuanto a lo procesal, apuntan que los abogados informan al consulado General de Río de Janeiro de forma permanente y pudieron confirmar que todas las etapas procesales se están cumpliendo conforme a las leyes locales. El contacto desde el consulado se mantiene tanto con los abogados defensores como con los familiares.

Los delitos por los que se acusa a los hinchas son destrucción de propiedad pública, destrucción de propiedad privada, asociación criminal, hurto, rapiña, porte de arma de fuego, porte de armas blancas y actos de discriminación racial.

Por otro lado, desde el consulado se solicitó a las autoridades del sistema penitenciario una autorización para que los funcionarios puedan ingresar a Bangú la semana que viene, tal como ya lo hicieron esta, para visitar a los detenidos. Además, se coordinó la visita de un funcionario al centro donde está recluido el adolescente.

En tanto, para el lunes 4 de noviembre está fijada la audiencia principal del menor de edad para determinar responsabilidades. Aún se espera que se fije una fecha para el resto de los acusados.

A su vez, además de coordinar acciones por los detenidos, el consulado atendió situaciones de uruguayos que, tras los incidentes o la concurrencia al estadio, perdieron o les robaron sus documentos de identidad, por lo que se recurrió a expedir documentos válidos por un solo viaje para que puedan regresar a Uruguay.