La jueza en lo penal de 27° turno, Silvia Urioste, procesó con prisión al militar retirado Eduardo Ferro en la causa que investiga el secuestro
de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti iniciado en Porto Alegre, Brasil, en noviembre de 1978, según informó El País y confirmó la diaria.

En la sentencia, a la que accedió la diaria, Urioste señala a Ferro como responsable de cuatro delitos de privación de libertad especialmente agravados, con dos delitos de violencia privada por su participación en el operativo montado para detener a Hugo Cores y otros militantes del PVP, que implicó también el secuestro de Camilo y Francesca, hijos de Celiberti de siete y tres años, que fueron entregados a sus abuelos maternos tras 18 días en manos de los militares.

“Nos llevaron primero a una comisaría en Porto Alegre, luego en una camioneta llena de soldados armados hasta los dientes nos trajeron a Uruguay, pasamos la frontera y nos separaste de nuestra madre, te la llevaste a Brasil y nos encerraron a mí con 7 años y a mi hermanita de 3 solos en una habitación vacía, me golpearon cuando a la mañana siguiente quise abrir la ventana para escaparme de ese infierno”, publicó Camilo, hijo de Celiberti, en una carta difundida tras la detención de Ferro en España, en enero de 2021.

Urioste rechazó los argumentos de la obediencia debida, señalando que “los mandatos manifiestamente delictivos no son obligatorios, menos en hechos tan graves como los denunciados, de lo cual el imputado tenía suficientemente claro e interiorizado los valores en juego y se encontraba en condiciones de reconocer la ilicitud clara que cometía, al privar ilegalmente de la libertad a las víctimas y someterlas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, con la finalidad de obtener información relacionada a grupos políticos proscriptos por el régimen de facto”.

“Es tan clara la ilegalidad manifiesta del accionar militar, que se creó un montaje en el que se simuló que las víctimas habían ingresado ilegalmente y con armas a nuestro país, con la sola finalidad de legitimar la privación de libertad”, agrega la jueza en la sentencia.

La investigación penal fue realizada por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, quien logró determinar también la participación de los militares uruguayos José Bassani, Glauco Yanone y Carlos Rosell en el operativo conocido como “Zapatos Rotos” y del jefe del Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), Pedro Seelig.

Yanone y Rossell fueron procesados por esta causa en diciembre de 2022 por los delitos de privación de libertad, en concurrencia fuera de la reiteración real, y dos delitos de abuso contra los detenidos.

Las cuatro víctimas fueron secuestradas en su apartamento en Porto Alegre, el 12 de noviembre de 1978, y fueron trasladados al DOPS donde fueron torturados y luego ingresaron a Uruguay por Chuy.

Al tener información sobre la posible presencia de Cores en Porto Alegre, los militares regresaron con Celiberti para detener al dirigente del PVP, pero al no poder lograrlo regresaron con ella a Uruguay. Una semana después la Dirección Nacional de Relaciones Públicas emitió un comunicado con la versión de que habían sido detenidos en Uruguay, después de haber ingresado por Tacuarembó con armas y “documentos subversivos”.

La causa judicial fue abierta por el equipo del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay a principios de 1984 por tortura, secuestro, privación de libertad y sustracción de menores.